El canal internacional
de noticias en español
más visto en el mundo
Actualidad

Omar Hurtado, Premio Nacional de Historia de Venezuela: "Hay suficientes razones para desconfiar de la CIJ para dirimir el conflicto con Guyana"

Publicado:
El experto afirma que aunque Caracas desconozca la jurisdicción de La Haya, debe preparar su defensa porque cuenta con suficientes "elementos probatorios de carácter histórico, cartográfico y legal" para hacer prevalecer su reclamo territorial.
Omar Hurtado, Premio Nacional de Historia de Venezuela: "Hay suficientes razones para desconfiar de la CIJ para dirimir el conflicto con Guyana"

El historiador Omar Hurtado Rayugsen, profesor del Instituto Pedagógico de Caracas y Premio Nacional de Historia 2017, considera que Venezuela debe luchar por el Esequibo ante Guyana en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), a pesar de que Caracas desconozca la jurisdicción de esta instancia internacional.

"Nuestra argumentación tiene suficientes elementos probatorios de carácter histórico, cartográfico y legal, que nos permitirán desmontar la supuesta argumentación de Guyana", afirma el también Investigador del Centro Nacional de Estudios Históricos.

Guyana acudió en marzo del año 2018, de forma unilateral, ante la CIJ para pedirle que aceptara estudiar y resolver el diferendo. En diciembre de 2020, la Corte se declaró "competente" para analizar "la validez del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899", que había sido declarado nulo en 1966, tras suscribirse el Acuerdo de Ginebra.

Ante esa situación, que reabre la pugna por el territorio Esequibo, Hurtado reflexiona en entrevista con RT sobre los intereses que hay detrás del reclamo y las razones históricas que sustentan la posición de Venezuela.

RT: A pesar del desconocimiento y rechazo de Venezuela, el proceso en la CIJ avanza y hay una cita pautada para el próximo 26 de febrero, ¿cuáles son los posibles escenarios?

OM: Aunque Venezuela ha desconocido la jurisdicción de la CIJ para juzgar la materia, señalando su carencia de idoneidad para conocer de forma y fondo la controversia, y menos para dirimirla, no podemos permitir que se desarrolle el pretendido juicio en nuestra ausencia. Jurídicamente podrían manejar el argumento de nuestra no comparecencia, lo que daría lugar a la sentencia en ausencia y eso resultaría contrario a la causa que alegamos. Si no vamos, quedaría como cosa juzgada y el fallo, de acuerdo a la jurisprudencia del ente, sería definitivo e inapelable.

Creo que Venezuela tiene que organizar de manera convincente su defensa ante esta instancia. Nuestra argumentación tiene suficientes elementos probatorios de carácter histórico, cartográfico y legal, que nos permitirán desmontar la supuesta argumentación de Guyana. Estamos obligados a desenvolvernos de acuerdo a los objetivos fundamentales de la política del Estado en esta materia: defender la integridad del territorio nacional, basándonos en el principio de Utis Possidettis Iuris (seguir poseyendo lo que habías poseído), que nos asiste desde las Leyes de Indias, cuando ni siquiera el Reino Unido existía.

RT: Estamos hablando de décadas de conflicto con sus altas y bajas en los procesos de negociación, ¿cuáles serían las razones por las que Guyana, en 2018, decidió acudir de forma repentina y unilateral a la CIJ?

OM: A comienzos del siglo XXI, se descubre el potencial de gas e hidrocarburos que hay en la franja marítima de la zona en disputa, lo que añadió un nuevo y más explosivo componente a la confrontación. Guyana, haciendo caso omiso a la situación internacional del sector, modificó los límites de su Plataforma Continental, trazando una aleatoria prolongación del territorio continental y afectando aguas territoriales venezolanas. Más adelante, concedió permiso para que se efectuaran exploraciones en los bloques ubicados en la zona en disputa.

Todos estos actos han sido denunciados y protestados por Venezuela, por lo que Guyana, alegando trabas para su desarrollo y estimulada por los grandes intereses en juego, decidió, ignorando el Acuerdo de Ginebra, elevar el caso ante la CIJ.

Omar Hurtado Rayugsen, historiador.
Omar Hurtado Rayugsen, historiador.
Nuestra argumentación tiene suficientes elementos probatorios de carácter histórico, cartográfico y legal, que nos permitirán desmontar la supuesta argumentación de Guyana.

No hay que perder de vista que territorio del Esequibo representa el 74,21 % del total de la superficie de Guyana y su población, estimada en el censo más reciente en unos 283.000 habitantes, constituye un poco más del 35 % del total nacional. La ausencia de interés de los gobernantes guyaneses por esta área se nota en que, pese a la reciente campaña para desplazar pobladores hacia ella, su densidad demográfica es de 1,8 habitantes por kilómetro cuadrado y contrasta con la nacional, que se ubica 3,5. Esto lo decimos para desmentir la supuesta preocupación del gobierno de ese país por el desarrollo del sector y la atención de sus pobladores.

La ausencia de servicios básicos en todos los órdenes ha sido crónica en el mencionado territorio, y en 1969 fue el detonante de la Rebelión de Rupununi, integrada por amerindios, la etnia dominante en la región, que fue sometida a sangre y fuego por el ejército guyanés y cuyos indicadores continúan latentes.

RT: ¿Hay intereses extranjeros importantes sobre este territorio, por ejemplo, por parte de transnacionales como la estadounidense Exxon Mobil?

OM: Siempre ha habido grandes intereses actuando en la zona en reclamación. En el tiempo reciente, las aspiraciones de expoliación se fundamentan en la riqueza edafológica, forestal, ictiológica, mineralógica, gasífera y de hidrocarburos. Además, los últimos años han permitido localizar en la región ricos yacimientos de coltán, un mineral de alto valor para las comunicaciones.

Con tal cuadro, los grandes consorcios transnacionales no han dudado en respaldar al rival de Venezuela. El aludido espaldarazo que le han dado al gobierno guyanés incluye promocionarlo como el territorio del futuro en los más importantes centros financieros del mundo. La Exxon Mobil ha intervenido en el diferendo limítrofe aupando Guyana, a la que considera como más vulnerable de las dos naciones y la más susceptible de responder a sus movimientos. Como prueba de ello está la manera en cómo han financiado las campañas electorales de los dos últimos presidentes de ese país y la asistencia como cabilderos ante organismos públicos de EE.UU.

Igualmente, cuando Rex Tillerson, alto funcionario de la empresa, fungía como Secretario de Estado de este país, intervino, de manera descarada, en la relación entre el Estado guyanés y la poderosa corporación petrolera.

RT: ¿Realmente es posible que un caso así se solvente por la vía del diálogo y de forma satisfactoria para ambas partes? ¿Hay algún antecedente?

OM: Sí. El Acuerdo de Ginebra, firmado el 17 de febrero de 1966, establece los pasos para superar la centenaria reclamación. ¿Por qué ir a la CIJ si no se habían agotado las otras instancias de conciliación, como la confrontación argumentativa basada en documentos probatorios, fundamentación legal y demostración cartográfica? De verdad, y sin poses chauvinistas, creemos que se han violentado los mecanismos civilizados para resolver controversias de este tipo.

Esto sí puede resolverse por medios pacíficos. Pudiéramos citar conflictos antiguos que, incluso habiéndose conducido por medio de conflictos bélicos, concluyeron aterrizando en el sano arbitraje por la vía pacífica. Recordamos el antiguo enfrentamiento entre Argentina y Chile por las tierras y aguas del Canal de Beagle.

Esta confrontación entre dos países hermanos y limítrofes, cuyos orígenes también se remontan a los tiempos del dominio español, estuvo a punto de generar un conflicto armado, pero fue sometido de mutuo acuerdo al arbitraje del Vaticano y permitió la delimitación de canales de navegación exclusivos y compartidos.

RT: ¿Por qué Venezuela no acepta la jurisdicción de la CIJ en el diferendo territorial?

OM: La experiencia venezolana dirimiendo problemas limítrofes ante las instancias jurisdicciones internacionales ha sido muy costosa para la integridad territorial. Tenemos tristes y dolorosas vivencias al respecto. Con Brasil, por ejemplo, las convenciones aplicadas en 1859 nos condujeron a renunciar a las áreas sur orientales drenadas hacia el Amazonas. Con Colombia, en 1891, ocurrió la pérdida de buena parte de La Guajira, Sierras de Perijá y Motilones, estribaciones andinas suroccidentales y de las escorrentías de los cursos del Sarare, Arauca, Meta, Orinoco y Negro.

Además, las reservas que el Estado venezolano ha exteriorizado contra la CIJ se fundamentan en sus orígenes, composición y sus polémicas decisiones. En el continente hemos presenciado muchas decisiones de este organismo, que están plenas de incoherencias. En consecuencia, Venezuela tiene suficientes razones para desconfiar de las decisiones, la idoneidad y las competencias de esa Corte para dilucidar este conflicto.

Omar Hurtado Rayugsen, historiador.
Omar Hurtado Rayugsen, historiador.
Las reservas que el Estado venezolano ha exteriorizado contra la CIJ se fundamentan en sus orígenes, composición y sus polémicas decisiones. En el continente hemos presenciado muchas decisiones de este organismo plenas de incoherencias. En consecuencia, Venezuela tiene suficientes razones para desconfiar de las decisiones, la idoneidad y las competencias de la CIJ para dilucidar este conflicto.

RT: ¿Cuáles son las razones de fondo por las que el Laudo de París, sobre el cual se estaría basando la CIJ para analizar el caso, fue considerado írrito y reemplazado por el de Ginebra?

OM: El Tribunal de Arbitraje de París produjo el infame Laudo de 1899 y, en 1902, ocurrió el bloqueo de nuestras costas y el bombardeo de los principales puertos venezolanos por las potencias imperiales. Esa situación de fragilidad nos obligó a aceptar lo decidido y a nombrar una comisión demarcadora, bajo la espada de la actuación del imperio.

El mencionado Tribunal estuvo integrado por los jueces estadounidenses Melville Weston Fuller, Davis Josiahn Brewer y Severo Mallet Prevost, quienes por expresa petición británica representaron a Venezuela; y Charles Barón Rusell y Sir Richard Henn–Collins, por el Reino Unido, a los que se añadieron el ruso Fiódor Martens y José María Rojas, único venezolano presente. No es una nimiedad destacar que nuestros connacionales fueron excluidos de esa instancia. 

Curiosamente el tribunal no examinó los soportes documentales de la reclamación venezolana, sino que se decantó por considerar las capacidades militares de los litigantes, razón por la que el veredicto no tiene ninguna motivación ni argumentación legal. Sin embargo, se le concedió a Reino Unido el 90 % del territorio disputado, dejándole a Venezuela sólo las Bocas del Orinoco y quinientas millas cuadradas de la desembocadura de este río. Según ellos, se dictó el fallo por unanimidad para evitar una guerra en la que nosotros no teníamos la menor posibilidad de triunfar.

La situación cambió a partir de 1944, cuando se dio a conocer la confesión de Mallet Prevost, quien la había redactado con la condición que solo se diese a conocer después de su muerte. En ella, asienta: "Si bien es cierto que la decisión del Tribunal le dio a Venezuela el sector en litigio más importante desde el punto de vista estratégico, como lo es la desembocadura del Orinoco, fue injusta para Venezuela y la despojó de un territorio muy extenso e importante, sobre el cual la Gran Bretaña no tenía, en mi opinión, la menor sombra de derecho".

Por esto, Venezuela considera nulo e írrito el Laudo de París y recurre al Acuerdo de Ginebra. Este último documento, al aceptar la reclamación venezolana, lo deja sin efecto.

Jessica Dos Santos

RT en Español en vivo - TELEVISIÓN GRATIS 24/7