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El escándalo de los políticos españoles que se 'saltaron la cola' para vacunarse antes (y sus irritantes excusas)

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La mayoría de los responsables públicos vacunados evitan dimitir y se aferran al cargo argumentando que usaron dosis sobrantes de la vacuna o que lo hicieron para "dar ejemplo".
El escándalo de los políticos españoles que se 'saltaron la cola' para vacunarse antes (y sus irritantes excusas)

"Picaresca española", "falta de ejemplaridad", "desvergüenza" o "corrupción pura y dura" son algunas de las expresiones que se han empleado esta semana en España, tanto desde el ámbito de la política como del periodismo, para describir la actitud de la ya larga lista de altos cargos públicos del país que han admitido haberse vacunado contra el covid-19 antes de lo que les corresponde según la estrategia de vacunación diseñada por el Ejecutivo de su país.

Esta estrategia resulta razonablemente clara en la delimitación de sus diferentes fases y de los colectivos que deben inmunizarse en cada una, y actualmente se encuentra en la primera, cuya duración se extenderá al menos hasta marzo.

En ella se establece que las vacunas disponibles son para los residentes y personal en centros de mayores, para el personal sanitario y sociosanitario en centros de salud, y para una parte de los llamados "grandes dependientes", es decir, personas "con necesidad de intensas medidas de apoyo" para desarrollar su vida normal. 

Como puede comprobarse, ni los políticos ni ninguna otra clase de gestores públicos, ni siquiera de perfil técnico, aparecen mencionados en esta primera fase. Sin embargo, ha trascendido esta semana que varios responsables públicos de diferentes administraciones regionales de España han recibido ya al menos una dosis del antígeno, generando un considerable escándalo y no poca indignación entre la opinión pública.

Un consejero y cientos de sus empleados

El caso más sonado se ha producido en la Región de Murcia. El consejero autonómico de Salud, Manuel Villegas, así como una parte de su equipo directivo y cientos de trabajadores de los servicios de su departamento, han recibido ya una primera dosis de la vacuna. Este funcionario público ha sido el primero en presentar su dimisión, aunque le costó decidirse a hacerlo. 

Desde que su vacunación irregular trascendió a los medios, el consejero murciano se mostró reticente a apartarse del cargo y defendió su decisión argumentando que es médico de profesión, aunque actualmente no la ejerce.

Mantuvo esta postura ante la Asamblea Regional y ante los periodistas en varias comparecencias públicas. Sólo después, cuando el escándalo acumulaba ya varias horas en las televisiones nacionales, Villegas hacía pública su renuncia.

"Yo no quería, a mí no me gustan las vacunas"

Otro caso llamativo es el del también Consejero de Sanidad de Ceuta, Javier Guerrero, que se vacunó junto a varios técnicos de su equipo. Lo más curioso en este incidente es el discurso que ha sostenido el político ceutí tras ser acusado de saltarse el protocolo nacional: "Yo no quería vacunarme, a mí no me gustan las vacunas, pero mis técnicos me lo recomendaron y me lo pidieron", aseguró.

Su explicación tuvo repercusión inmediata en las redes sociales.

Mas allá de las controvertidas declaraciones de un Consejero de Sanidad que rechaza públicamente las vacunas (a pesar de administrarse la del covid-19 de forma irregular), también resulta significativa su sesgada interpretación de lo dispuesto en la estrategia nacional de inmunización: "Si analizamos ese epígrafe debo decir que soy personal sanitario de la Consejería, así como la máxima autoridad de Salud Pública, e intervengo en la gestión directa de la crisis sanitaria", argumentó para justificarse.

"Llevo casi un año gestionando esta pandemia en primera línea sin preocuparme por mis miedos o temores, visitando espacios como gimnasios llenos de positivos, controlando a los miembros de la Policía Local, colaborando con la Inspección Farmacéutica o el departamento de Medicina Escolar, o en las residencias de mayores", insistió Guerrero, sin darle importancia al hecho incontrovertible de que eso no le convierte en la clase de personal sanitario que trabaja en centros de salud al que corresponde vacunar ahora. 

Vacunas sobrantes, "dar ejemplo" y otras excusas 

Villegas y Guerrero son, por el momento, los cargos de mayor rango que han vulnerado el orden establecido en la estrategia oficial de vacunación. Pero los casos empiezan a ser abundantes entre los responsables de las administraciones municipales y sus respectivos equipos de trabajo. 

Muchos son alcaldes de diversas poblaciones españolas, en su mayoría del PSOE o del Partido Popular (PP) –aunque también los hay de otras formaciones locales–, así como concejales y exconcejales.

En la Comunidad Valenciana destacan cinco casos de ediles irrespetuosos con el protocolo. Se trata de los socialistas Fran López, alcalde de la localidad de Rafelbunyol; Carolina Vives, alcaldesa de Els Poblets; y Ximo Coll, primer edil de El Verger; así como de José Galiano, concejal de Sanidad de Orihuela y de Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, estos dos últimos en la provincia de Alicante y del Partido Popular (PP). 

En la provincia andaluza de Córdoba han identificado al menos tres vacunaciones irregulares cometidas por otros tantos alcaldes. Dos de ellos son del PSOE: José Luis Cabrera, de la localidad Alcaracejos, y Francisca Alamillo, del pueblo de Torrecampos. El otro edil cordobés que se ha vacunado es Jesús Fernández, de la población de El Guijo, y pertenece a la formación local Ciudadanos Demócratas e Independientes (CdeI). 

En la cercana provincia de Huelva, la concejala de Salud del Ayuntamiento de Bonares, Dolores del Rocío Galán Martínez,también admitió haberse vacunado, y presentó su renuncia al cargo en la mañana de este jueves.

Todos los cargos municipales mencionados hasta ahora tienen algo en común: la excusa que han utilizado. Según todos ellos, decidieron inocularse las dosis disponibles una vez que supieron que iban a ser desechadas

"Si se iba a tirar una dosis, era una buena decisión ponérmela", dijo Jesús Fernandez, en declaraciones que resultan muy similares a las de Fran López, que alegó que "sobraban vacunas" y llegó a afirmar que su intención al administrarse una de ellas era "dar ejemplo". En una línea similar, Bernabé Cano señaló que "no hay un protocolo para las dosis sobrantes", como argumentación para apuntalar su decisión de no dimitir

También han salido a la luz otras vacunaciones irregulares entre políticos, como las de Eduardo Maíz y José Luis Sabas, directores de los hospitales bilbaínos de Basurto y Santa Marina respectivamente, y exconcejales del Partido Nacionalista Vasco; la de Esther Clavero, alcaldesa socialista de Molina del Segura (Murcia); la del alcalde también socialista de Asín (Zaragoza), Rogelio Garcés, y la del primer edil de la localidad también zaragozana de Luesia, Jaime Lacosta, del PP.

Mucha indignación, pocas dimisiones

Los altos cargos que han dimitido hasta el momento constituyen excepciones a una regla general que parece consistir en aferrarse al cargo mediante pretextos como los ya comentados, o argumentando que se siguieron en todo momento indicaciones expresas de su entorno, sin consciencia de estar vulnerando ninguna normativa.

A nivel interno, los partidos a los que pertenecen estos políticos señalados han puesto en marcha diferentes procesos disciplinarios, como la suspención de militancia de algunos de ellos. Mientras tanto, desde el Ejecutivo nacional se alzan voces críticas sobre lo sucedido.

Pablo Iglesias, vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el Gobierno de España, manifestó este miércoles la "indignación" que le producen los casos de estos alcaldes, concejales y consejeros autonómicos "que han tenido la desvergüenza de saltarse la cola y ponerse por delante de personas dependientes para ponerse la vacuna". Iglesias calificó su proceder de "inaceptable" y enfatizó que "deben dimitir de inmediato independientemente del partido en el que estén". 

Por su parte, la ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, preguntada al respecto en un programa de la televisión pública española, declaró que, aunque la dimisión es "una decisión que corresponde a cada una de las personas, en política hay que tener ética pública". "Hay un protocolo, hay unas reglas, y el primero que las tiene que respetar es quien se sienta en un cargo público", subrayó.

David Romero

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