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Dinero público para que los precios no bajen: el Ayuntamiento de Madrid subvenciona el alquiler a personas que ganan hasta 88.000 euros

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La medida se pone en marcha en pleno aumento de la pobreza por la crisis del coronavirus, que convive con una crisis habitacional y una burbuja de los precios del alquiler.
Dinero público para que los precios no bajen: el Ayuntamiento de Madrid subvenciona el alquiler a personas que ganan hasta 88.000 euros

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado nuevas ayudas para los inquilinos. En esta ocasión los destinatarios serán hogares con unos ingresos brutos anuales entre los 32.200 y los 88.200 euros, o lo que es lo mismo, entre 2.700 y 7.400 euros brutos mensuales. El alcalde de la capital española, el conservador José Luis Martínez-Almeida, ha marcado como objetivo del nuevo plan de acceso a una vivienda en alquiler de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a los inquilinos de clase media-alta.

El nuevo plan está dotado con 30 millones de euros y se dirige a las personas que por sus ingresos no pueden optar a una vivienda pública, es decir, a aquellas que hasta ahora ganaban demasiado para ser consideradas parte de la población a la que se destinan las ayudas al alquiler del Consistorio.

Para optar a estas ayudas, además de llevar al menos cinco años empadronados en Madrid y tener unos ingresos entre los baremos previstos, deberán destinar un máximo del 30 % de los ingresos netos al pago del alquiler y abonar una renta mínima de 450 euros. Asimismo, es necesario cumplir uno de los siguientes requisitos: menor de 35 años, mayor de 65 años, discapacidad mayor al 33 %, dependencia al menos de grado II, familia con hijos dependientes económicamente menores de 25 años o con una discapacidad de al menos el 33 % o personas separadas o divorciadas con hijos.

Además, algunos requisitos específicos podrían aumentar la cuantía del bono, como es el caso de ser víctima acreditada de violencia de género. Sin embargo, en este caso, según los datos del Perfil Sociodemográfico de las mujeres atendidas en la red de los PMORVG (Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid), las mujeres adultas que pertenecen a este colectivo no alcanzan ese umbral de renta en su gran mayoría, de hecho, el 44 % ingresa menos de 8.000 euros anuales.

En el caso de los menores de 35 años, también se espera que sean una minoría quienes puedan optar a esta ayuda. El salario de los jóvenes madrileños entre los 16 y los 24 años es de 10.531 euros anuales; entre los 25 y los 29, de 15.067; y entre los 30 y los 34 consiguen alcanzar los 18.112 euros, según los datos del Observatorio de Emancipación Juvenil. Solo el 20 % de los menores de 29 años viven fuera del hogar familiar en esta región.

Esta línea de ayuda ha sido bautizada como Bono Vivienda y consiste en una transferencia directa para pagar el alquiler hasta un máximo de 900 euros mensuales. Hasta ahora, este tipo de ayudas estaban destinadas a aquellos que ganasen menos de 37.500 euros anuales y no tuviesen vivienda en propiedad.

Subvención directa al sector inmobiliario

Uno de los objetivos del nuevo Plan Integral de Alquiler Municipal de Madrid es "reactivar el mercado del alquiler en la capital", lo que ha sido considerado por los críticos como una subvención directa al sector inmobiliario que ayuda a mantener unos precios que ya se consideran inflados.

El Programa Reviva es otra parte del nuevo plan, destinado a que aquellos propietarios que tengan sus viviendas vacías las puedan ceder en usufructo a la EMVS durante un periodo determinado a "cambio de múltiples ventajas y una renta mensual garantizada", como sostienen en la propia web del Ayuntamiento.

Algunas de esas múltiples ventajas son la gestión del arrendamiento por parte del Consistorio, el anticipo del coste de las reformas a un interés del 0 % hasta 45.000 euros, garantizar el mantenimiento de la vivienda y una bonificación fiscal del usufructo. Además, el Consistorio abonará la instalación de una alarma para evitar ocupaciones.

Esta parte se dirige también a los propietarios de pisos turísticos, muchos de los cuales se ofrecían a través de plataformas como Airbnb, que durante los últimos años han contribuido al aumento de los precios de los alquileres, sobre todo en ciudades como Madrid.

Las ayudas a los inquilinos mediante programas como el aprobado por el Ayuntamiento de Madrid consiguen, según muchos expertos, el efecto contrario al perseguido de controlar los precios. Al subvencionar una parte de la renta, los ingresos de los arrendadores continúan intactos e, incluso, podrían dar lugar a una elevación de los precios, como sucedió cuando el Gobierno del socialista Rodríguez Zapatero aprobó en 2007 una ayuda de 210 euros para jóvenes, que tuvo una vigencia de una década y que supuso que muchos propietarios aprovecharan para subir casi en la misma cantidad la cuantía de la renta mensual.

La oferta de vivienda en alquiler ya ha aumentado un 53 %

Sin embargo, la propuesta de reactivar el mercado del alquiler choca con los últimos datos conocidos. Según un informe publicado en noviembre, 'Mercado del alquiler en España 2020', elaborado por la compañía Servihabitat, la oferta de vivienda en alquiler residencial ha aumentado un 53 % a causa de la pandemia, debido "al trasvase de propiedades turísticas de alquiler a corto plazo al mercado residencial", así como al hecho de que algunos propietarios "que no consiguen alcanzar sus expectativas de precio" a la hora de vender su inmueble, deciden ofrecerlo en alquiler.

Pero este aumento de la oferta no se ha traducido por el momento en una caída de los precios. En Madrid el precio medio de una vivienda de 80-90 metros cuadrados se sitúa en 1.046 euros, siendo la Comunidad Autónoma más cara del país. Este aumento, del 14,7 % interanual, se debe a que también ha aumentado la demanda, aunque España sigue manteniendo una brecha de siete puntos porcentuales por debajo de la media europea en cuanto a población que vive en alquiler (23 % frente al 31 %).

La polémica persigue a la política de vivienda de Madrid

Esta semana, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado la venta de 17 parcelas de suelo público para la construcción de vivienda libre, de las que espera obtener alrededor de 12 millones de euros, por unos solares en los que se pueden construir unas 100 viviendas. Sin embargo, la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) –el organismo público encargado de la gestión del suelo y la política de vivienda en la ciudad– con un presupuesto anual de 145,5 millones de euros, no parece que tenga necesidad de esas operaciones para aumentar su liquidez.

Lo cierto es que la política desarrollada por el Ayuntamiento de Madrid está envuelta en la polémica durante los últimos años. La controversia más sonada tuvo lugar en octubre de 2013, cuando el Gobierno municipal de Madrid, encabezado por la entonces alcaldesa Ana Botella, vendió en plena crisis económica 1.860 viviendas públicas de la EMVS al fondo buitre Blackstone. Por esta venta fue condenada provisionalmente por el Tribunal de Cuentas, aunque posteriormente fue absuelta y la causa archivada en un Juzgado de Instrucción. Los inquilinos de esas viviendas perdieron todos sus derechos y tuvieron que enfrentarse a subidas de hasta el 100 % de las rentas o abandonar los inmuebles.

Ahora, además de las duras críticas recibidas por las nuevas ayudas aprobadas por el Ayuntamiento para familias de rentas medias y altas –algunas de las más duras vertidas por el partido Podemos, que ha calificado la medida de "odio de clase" y ha afirmado que "gobiernan para sus amigos y no disimulan"–, también se cuestiona fuertemente su política de desahucios.

Porque la EMVS sigue desahuciando en medio de la pandemia y acumulando pisos vacíos. Así, este 20 de enero estaba previsto el desahucio de una mujer, Eva, viuda y con tres hijos, a la que no se ofrecía ninguna alternativa habitacional. Gracias a la presión de los vecinos del céntrico barrio de Lavapiés, Eva tendrá techo al menos un mes más: el desahucio ha sido pospuesto hasta el próximo 17 de febrero.

Todo ello a pesar de que el 21 de de diciembre un acuerdo del Gobierno de coalición prohibía los desahucios, así como los cortes de suministros básicos, a familias vulnerables hasta mayo, prolongando la medida que había sido puesta en marcha en marzo, tras la declaración del estado de alarma por la explosión de la crisis del coronavirus. Así, no se puede desahuciar a estas familias si no cuentan con una alternativa habitacional digna, ni pueden ser enviadas a un albergue, a pesar de que no paguen el alquiler. Pero la ley incluye excepciones, como son las empresas públicas como la EMVS.

¿Regular los precios?

A nivel nacional y también en la Comunidad de Madrid hace tiempo que se alzan voces pidiendo la aprobación de regulación que permita la limitación de los precios del alquiler. De momento, en la geografía española las iniciativas de este tipo han sido pocas, limitadas y muy criticadas, como, por ejemplo, la puesta en marcha en Cataluña.

La norma, que se aprobó en septiembre en el Parlamento catalán, afecta a viviendas destinadas a residencia permanente de su arrendatario y que estén situadas en un área que haya sido declarada como "área con mercado de vivienda tenso", como es la ciudad de Barcelona. Pero se trata de una excepción en el escenario español.

Ahora, ha sido la Eurocámara quien acaba de solicitar a los Estados de la Unión Europea (UE) que implementen mecanismos para controlar los precios del alquiler. "No regular el mercado inmobiliario a fin de garantizar el acceso a una vivienda asequible y adecuada para todos significaría el incumplimiento de sus obligaciones en relación con el derecho a la vivienda", recordaron los eurodiputados el pasado 22 de enero, además de señalar que actualmente más del 25 % de los inquilinos dedican más del 40 % de sus ingresos al alquiler.

Por su parte, el Gobierno de coalición del Partido Socialista y Unidas Podemos (UP) se encuentra trabajando en una nueva ley estatal que incluya un control de precios de las rentas basado en un índice de precios de referencia que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana presentó en verano. Se espera que esta normativa llegue al Consejo de Ministros en febrero y sea trasladada al Congreso en marzo.

Aumenta la pobreza

Esta ayuda a rentas medias y altas aprobada por el Consistorio madrileño llega en un momento en el que la crisis sanitaria del coronavirus, el confinamiento de marzo y abril y las restricciones que enfrentan muchos sectores económicos han dado lugar a un aumento de la pobreza y la vulnerabilidad en el país.

Antes de la llegada de la pandemia, sin embargo, ya preocupaba mucho la burbuja del alquiler que se había formado gracias a la suma de muchos ingredientes, como la gentrificación del centro de muchas ciudades, la proliferación de pisos turísticos –que restaban inmuebles al mercado del alquiler residencial– y la escasez de vivienda a un precio asequible.

Pero ahora la situación ha empeorado. Según un informe de Intermón Oxfam, la pobreza severa en España superará el 10 % de la población tras la crisis del coronavirus, alcanzando a 5,1 millones de personas. De acuerdo con este documento, las personas más pobres habrán perdido hasta siete veces más renta que las ricas y 790.000 personas habrán caído en la pobreza severa (viviendo con menos de 16 euros al día) como consecuencia de la crisis sanitaria.

Los colectivos más afectados por la desigualdad continúan siendo los migrantes, los jóvenes y las mujeres. Además, el desempleo vuelve a niveles históricos en algunos sectores, afectando al 55 % de las personas menores de 20 años, mientras que las mujeres representan el 57 % de las personas subempleadas y el 73 % de quienes trabajan a tiempo parcial. Así, la cara más común de la pobreza es la de una mujer joven, migrante, sin estudios y perteneciente a un colectivo racializado.

Una de las soluciones propuestas por Intermón Oxfam es la de llevar a cabo una reforma fiscal que recaude impuestos de manera más progresiva, y que se dé una verdadera redistribución de la riqueza en beneficio de los colectivos más vulnerables y no, como acaece en la actualidad, una trasferencia de rentas a quienes más tienen, como sucede con políticas como la recientemente puesta en marcha por el Ayuntamiento de Madrid, que dedicará 30 millones de euros no a garantizar el acceso a una vivienda digna a personas de escasos ingresos, sino a subvencionar a aquellos que ya pueden acceder a ella.

El informe de la ONG también señala que las personas pertenecientes al 20 % más pobre de la población, representan el 49 % de las que viven en viviendas superpobladas. Esta situación se ha incrementado con la pandemia y la pérdida de puestos de trabajo, obligando a muchas familias a compartir vivienda o a alquilar una habitación donde residen varios miembros de un mismo núcleo familiar. Familias que, por sus ingresos, no podrán optar al nuevo tipo de ayuda puesta en marcha.

Nuria López

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