La tercera ola de la pandemia de coronavirus está dejando a España al borde del colapso hospitalario. Con una incidencia acumulada de 846 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, el país comienza a llegar a niveles récord de ocupación hospitalaria, por lo que el recurso a la sanidad privada está dejando de ser una hipótesis.
La capacidad asistencial del sistema público se encuentra al límite. Los pacientes covid ocupan ya el 24,18 % de todas las camas hospitalarias y el 44,58 % de las de cuidados intensivos (UCI). Pero algunas regiones superan ampliamente la media, como es el caso de La Rioja, con estos enfermos ocupando el 72,41 % de la capacidad de sus UCI; Melilla, 70,59 %; Comunidad Valenciana, 61,73 %; o Castilla - La Mancha, 56,48 %.
Tras Cataluña, que fue la primera en esta tercera oleada, otras nueve Comunidades Autónomas recurren ya a derivar pacientes a la sanidad privada. Así, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana envían pacientes de coronavirus a hospitales privados, mientras que País Vasco, Castilla y León y Aragón utilizan esos recursos para derivar a pacientes no infectados de SARS-CoV-2.
Desde la Sanidad privada se pide coordinación entre las diferentes regiones para que no se den situaciones como las vividas durante la primera ola, en la que se construyeron nuevas infraestructuras y se levantaron hospitales de campaña cuando el sector puso a disposición de la pública 2.000 camas de UCI libres que no llegaron a utilizarse. Pero ¿a qué precio?
¿Cuánto pagan las Administraciones por la atención hospitalaria a enfermos covid en centros privados?
Todavía no se conocen todos los conciertos de las diferentes Administraciones con el sector privado. En España, la Sanidad es una competencia descentralizada, lo que quiere decir que es gestionada por los Gobiernos de cada una de las 17 Comunidades Autónomas, entre las que se dan notables diferencias.
Cataluña pagará a la privada 43.400 euros por cada alta hospitalaria de UCI
Cataluña ha sido la primera en alcanzar un acuerdo con el sector privado. Este territorio ya aprobó el pasado mes de abril, pocas semanas después de la explosión de la pandemia en el país, las tarifas que abonaría a los centros privados, y esta semana ha publicado la actualización de los precios, que incluye 43.400 euros por cada alta hospitalaria de UCI de pacientes con covid-19 derivados del sistema público o 6.050 euros por una estancia en cuidados intensivos de más de 72 horas.
Además, incluye un concepto nuevo que ha levantado cierta polémica, que es el pago por la reserva de cama. Así, Cataluña pagará con carácter retroactivo desde el pasado 1 de marzo 418 euros al día por cama de atención hospitalaria y 106,97 por las de sociosanitarios y salud mental.
En el caso de la Comunidad de Madrid, una orden publicada por la Consejería de Sanidad el 27 de enero dispone que se abonarán 734,25 euros por cada día de estancia de un paciente covid en planta y 2.084,89 euros por día si es en UCI.
El contraste se encuentra en otras regiones, como la Comunidad Valenciana, que ha decidido abonar los servicios utilizando los precios públicos en vigor, que son sensiblemente menores que los abonados tanto por Madrid como por Cataluña: 581,58 euros por paciente y día, y 1.365,29 si es en la UCI. Lo mismo sucede con Galicia, que paga de media 102 euros día por la hospitalización en planta y 304,5 euros en UCI.
También el pasado día 27 se llegó a un acuerdo de colaboración entre la Junta de Andalucía y el sector privado sanitario, similar a los alcanzados en las comunidades de Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias y País Vasco. Por su parte, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Canarias y La Rioja no se plantean recurrir a la privada para aliviar la saturación de sus sistemas sanitarios.
Sobrecostes y contratos a dedo
Las últimas cifras conocidas sobre la cuantía que se va a abonar a la sanidad privada por sus servicios han levantado las alertas sobre la posibilidad de que se produzcan sobrecostes.
Así, el sindicato mayoritario entre los médicos de Madrid, AMYTS, considera que en esta región se va a pagar a las empresas privadas un sobrecoste del 40 %. Durante la primera ola, el 'coste' estimado de una cama pública fue de 557 euros por día y paciente, frente a los 734,25 que recibirá ahora la privada.
Las sospechas sobre gastos desproporcionados sobrevuelan también la gestión de otros territorios.
La otra pata de las dudas se centra en los contratos de emergencia firmados por la Administración. Este tipo de acuerdos evade la gran mayoría de la burocracia existente para fiscalizar el gasto público. Se utilizan en caso de emergencia, como puede ser una catástrofe sobrevenida, y permiten a los gobiernos dirigirse a una empresa determinada para solicitar servicios sin necesidad de convocar un concurso público que demoraría su puesta en marcha.
Desde marzo hasta enero, Madrid ha otorgado 4.196 contratos de emergencia por un valor de 816 millones de euros.
Estos contratos han sido abundantemente usados desde que en el mes de marzo estalló la pandemia en el país. La encargada de supervisarlos ha sido la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), un organismo puesto en marcha recientemente, en 2019, en cumplimiento de una directiva europea.
Su labor se ha visto lastrada por los pocos recursos disponibles –tan solo cinco empleados– y la ingente cantidad de documentación que debía revisar. Hasta el 21 de junio emitió un informe semanal y hasta esa fecha constató que se habían publicado en 2020 en España 11.777 contratos de emergencia por un importe de 2.140 millones de euros. Se trata tan solo de una parte de los adjudicados, puesto que muchas administraciones regionales no han publicado en sus portales de transparencia algunos de ellos, a pesar de tener la obligación legal de hacerlo en los siguientes 15 días.
En el caso de la Comunidad de Madrid, desde marzo a enero el Gobierno regional ha otorgado 4.196 contratos de este tipo por un valor de 816 millones de euros. Este monto comprende todo tipo de gasto, desde la puesta en marcha del 'hospital de pandemias' Isabel Zendal, hasta los menús para los niños vulnerables que se quedaron sin comedor con el cierre de los colegios. Aunque otros muchos aún no constan en el Portal de la Contratación Pública del Gobierno madrileño, como es el caso de los aviones fletados desde China durante la primera ola de la pandemia con material de protección, como mascarillas.
Los mayores contratistas con la administración madrileña han sido las grandes empresas de gestión hospitalaria, farmacéuticas y de servicios.
Este tipo de contratos ha servido para externalizar muchos servicios, algo fuertemente criticado por los defensores de la sanidad pública. Así, en Madrid se subcontrató la realización de test para detectar covid-19 por 24,5 millones de euros o el servicio de centralitas de atención al ciudadano por 3 millones, entre otros, servicios que podrían haber sido realizados con los recursos públicos si se hubieran invertido medios en reforzarlo cuando estalló la pandemia, según los críticos.
El hospital Isabel Zendal como paradigma
El hospital Isabel Zendal, denominado por algunos como 'hospital de pandemias' y por la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como 'hospital milagro', es uno de los mayores ejemplos del uso de los contratos de emergencia y de la dificultad de fiscalización del gasto de dinero público.
Aunque en un inicio se anunció que tendría un coste de 50 millones de euros, los responsables políticos ya han admitido que se han producido sobrecostes, aunque no los han cuantificado oficialmente y la cifra que se estima en la actualidad es de 135 millones de euros, un 170 % más de lo presupuestado inicialmente.
De momento, en el portal de la Comunidad de Madrid solo aparecen contratos a este respecto por valor de 61 millones de euros, 48 de los cuales corresponden a las obras ejecutadas por 14 grandes empresas, como Sacyr, Dragados o Ferrovial.
Las reclamaciones de la patronal y los acuerdos alcanzados
Desde la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), la patronal más importante del sector, han sido muy críticos con la gestión de la pandemia por parte de las Administraciones Públicas. Se quejan de que la desprogramación de toda la actividad no urgente que se dio durante la primera ola de la pandemia "supuso graves consecuencias de viabilidad económica", estimando que ha provocado hasta el momento el cierre de alrededor de 3.000 centros sanitarios privados sin internamiento en toda España y una deuda de 250 millones de euros.
El 42 % de los hospitales generales privados abarcaron entre marzo y abril el 16 % de los ingresos de pacientes diagnosticados o con sospecha de covid-19 y el 14 % de los ingresos en UCI por esta enfermedad
Su apuesta se centra en una colaboración en la que la sanidad privada sea un circuito libre de covid, lo que califican de "una respuesta adecuada en términos de gobernanza sanitaria". "En las últimas semanas, nos preocupa mucho que las administraciones sanitarias tengan nuevamente la tentación de emplear el BOE para desprogramar nuestra actividad y poner en jaque nuestra propia supervivencia", advertía el presidente de ASPE, Carlos Rus, el pasado 26 de enero.
En todo el Estado, según el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el 42 % de los hospitales generales privados (124 centros) abarcaron entre marzo y abril el 16 % (19.289) de los ingresos de pacientes diagnosticados o con sospecha de covid-19 y el 14 % (1.536) de los ingresos en UCI por esta enfermedad.
Tan solo en la compra de equipamiento, respiradores y en la adecuación de instalaciones, la sanidad privada estima que invirtió en esa primera ola más de 13,5 millones de euros.
Según un informe de la consultora KPMG redactado en julio, y en el que se basó la administración de la Comunidad de Madrid para fijar los precios de compensación, el sector privado gastó en esa región 3.227.628 euros en inversiones para adaptar sus infraestructuras. Hasta el 30 de junio, según datos del Ministerio de Sanidad, en Madrid los hospitales privados absorbieron el 25 % de los pacientes agudos (con una estancia media de 8,46 días) y el 15 % de los críticos (18,47 días). Datos similares se dieron en otros territorios.
¿Qué representa el sistema privado en la sanidad española?
En España el sector de la sanidad privada cuenta con 8,7 millones de asegurados, además de los funcionarios públicos usuarios del sistema de mutualismo administrativo, con lo que la sanidad privada reduce la presión de una demanda asistencial que sería total por parte del conjunto de la población, en opinión del presidente de la Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad), Juan Abarca.
El gasto sanitario total en el ámbito privado ascendió en 2017 al 3,3 % del PIB: un 2,6 % de gasto privado y un 0,7 % de conciertos. En total, 38.082 millones de euros, de los que 7.673 millones correspondieron al capítulo de los conciertos.
Este sector realiza el 30,5 % de las intervenciones quirúrgicas que se realizan en España, gestiona el 23,5 % de las altas, atiende el 24,5 % de las urgencias, el 19,7 % de las consultas médicas y el 17,5 % de las estancias hospitalarias. Lo hace con una red de 458 hospitales privados (el 57 % de los hospitales del país), que cuentan en total con 51.212 camas (32 % de las que hay en todo el Estado).
Según un informe emitido en julio por IDIS, el mutualismo es elegido por el 84 % de los funcionarios (1,8 millones de beneficiarios) y supone un alivio para las arcas públicas de 4.949 millones de euros debido a que el coste per cápita es de 864 euros, por debajo del coste sanitario por ciudadano de 1.291 euros.
Además, el sector da trabajo a 269.515 profesionales (el 63 % con destino extrahospitalario y el 37 % en hospitales privados).