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Centros de aislamiento con rejas, abarrotados y niños en la provincia argentina de Formosa: ¿control de la pandemia o vulneración de DD.HH.?

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Organismos nacionales e internacionales repudian la violencia institucional ejercida mientras aumentan las presiones sobre el gobierno de Alberto Fernández.
Centros de aislamiento con rejas, abarrotados y niños en la provincia argentina de Formosa: ¿control de la pandemia o vulneración de DD.HH.?

Niños y adultos sometidos a un aislamiento más similar a un arresto carcelario, rejas incluidas. Hacinamiento. Personas con y sin coronavirus obligadas a compartir espacios. Cuarentenas forzadas a través de operativos de las fuerzas de Seguridad. Detenciones arbitrarias durante días o semanas, en medio del retraso en los resultados para confirmar o descartar contagios.

Estas son solo algunas de las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidos en Formosa, una provincia ubicada en el norte de Argentina y que desde hace 25 años es gobernada por Gildo Insfrán, quien, al igual que el presidente Alberto Fernández, pertenece al Partido Justicialista, es decir, al peronismo.

Por eso, las acusaciones en contra del gobierno estatal ya tuvieron repercusión en el gobierno nacional y desataron una crisis política en la que, más allá de la importancia de los derechos humanos, predomina el sesgo de la polarización y los intereses partidarios.

Insfrán puede presumir que, gracias a la estrategia que adoptó, Formosa es la provincia argentina con menor impacto del coronavirus: hasta el lunes solo registraba 828 casos y seis fallecimientos.

Pero, de acuerdo con las denuncias, lo ha logrado a través de políticas violatorias de los derechos humanos que se padecen en los 15 Centros de Atención Sanitaria (CAS) instalados por el gobierno y a donde son trasladados lo mismo pacientes de Covid o personas sospechosas de contagio, con y sin síntomas, en muchos casos junto con sus hijos menores de edad.

Antes, a lo largo del año pasado, Insfrán ya había sido duramente cuestionado por blindar los ingresos a la provincia, lo que dejó varados a más de 4.000 formoseños en el resto del país.

En enero, la oposición política y mediática comenzó una campaña para exigir la intervención del gobierno nacional en la provincia o, de plano, la destitución del gobernador.

Abusos

La presión contra el gobierno aumentó cuando las concejalas Gabriela Neme y Celeste Ruíz Díaz fueron detenidas durante una hora luego de protestar contra las condiciones inhumanas de las cuarentas arbitrarias, lo que desató un revuelo político a nivel nacional, y con un informe de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el que solicitó la implementación del aislamiento domiciliario para que los menores de edad no fueran forzados a permanecer en los CAS.

También pidió que se redujera la presencia de las fuerzas de Seguridad en la búsqueda y el traslado de las personas con síntomas de Covid o sospechosas de haberse contagiado y que se tomaran en cuenta criterios más flexibles en las políticas epidemiológicas tendientes a evitar la propagación del virus.

Amnistía Internacional (AI), en tanto, le envió una carta al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, luego del viaje que el funcionario realizó la semana pasada a la provincia para evaluar las denuncias, y en la que reiteró la "profunda preocupación" del organismo por "las medidas desproporcionadas" adoptadas por las autoridades de Formosa.

"La misión de la Secretaría de Derechos Humanos debe dar cuenta de la gravedad de la situación, condenar los hechos y agotar todos los medios a su alcance para revertir la violación a los derechos humanos allí denunciada", señaló AI al explicar que la cuarentena compulsiva e indiscriminada ha constituido "una privación de la libertad de facto" en condiciones insalubres por tiempo indeterminado y de manera arbitraria.

"Una política sanitaria nunca es exitosa si implica el avasallamiento de los derechos humanos. La vulneración de derechos no puede ser una alternativa en un país respetuoso de sus compromisos internacionales. El cumplimiento de los derechos humanos no es un obstáculo para combatir al COVID-19 sino, por el contrario, es el marco que asigna legitimidad, legalidad y eficacia a las acciones de gobierno", advirtió.

El organismo detalló que, al ser llevadas a los CAS, a muchas personas en realidad se les expuso al contagio, así como otras anomalías como la indeterminación de los plazos de aislamientos que llegaron a durar 30 días, la falta de acceso a los resultados de sus testeos y de información precisa sobre su situación de salud, la custodia de personal policial durante las 24 horas y la presencia esporádica de personal de salud.

Las condiciones también incluyen hacinamiento, falta de higiene y ventilación, escasa provisión de alimentos y de mala calidad, la utilización de rejas y cierre de aberturas como puertas y ventanas; la inexistencia de espacios separados para hombres, mujeres, adultos mayores y niños/as para proteger mejor su salud. Además, cuando se confirmó la visita del secretario de Derechos Humanos, hubo denuncias de traslados y liberaciones repentinas para que el funcionario no viera las verdaderas condiciones de los CAS.

Respuestas

La campaña opositora incluyó denuncias que compararon de forma desproporcionada a los CAS con los centros clandestinos de detención que operaron durante la última dictadura militar argentina (1976-1983) y en donde hubo secuestros, torturas, desapariciones, asesinatos y apropiación de recién nacidos, todos ellos considerados delitos de lesa humanidad y que, por lo tanto, jamás prescriben y pueden ser juzgados en cualquier momento.

Por eso, Pietragalla, el secretario de Derechos Humanos, que además es hijo de desaparecidos y fue uno de los bebés robados por los represores y luego recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo, lamentó la forma en que se estaba distorsionando el debate.

"Pudimos constatar que se sucedieron una serie de hechos aislados que generaron el repudio de personas que vieron vulnerada su libertad, pero no hay centros clandestinos de detención en la provincia de Formosa. Decir eso sería un chiste. No se violan sistemáticamente los derechos humanos y no hay delitos de lesa humanidad", aclaró al advertir que las denuncias tienen una "intencionalidad política" por parte de la oposición.

En el mismo sentido se pronunció el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. "No necesitamos que nos vengan a decir lo que tenemos que hacer con los derechos humanos. Mucho menos lo necesitamos en nuestro espacio, que tiene una especial sensibilidad con estos temas. Somos hijos de Madres y Abuelas", afirmó, aunque lo que sí reconoció es que hay casos de violencia institucional por parte de la Policía y que se están estudiando.

En su carta, Amnistía Internacional ya había advertido que no se podía comparar la situación actual con la dictadura.

"No puede asimilarse la situación de Formosa con los crímenes de lesa humanidad ni con la existencia de centros clandestinos de detención", consideró, pero sin dejar de denunciar la necesidad de que el gobierno nacional no convalide las políticas de Insfrán que exponen a las personas a situaciones de encierro compulsivo y arbitrario y, en consecuencia, a violaciones a sus derechos.

Este martes, el jefe de Gabinete se reunió con Mariela Belski, directora de AI en Argentina, mientras se está a la espera del informe que presentará el secretario de Derechos Humanos luego de su gira a Formosa, y en el que se esperan recomendaciones para el gobierno provincial.

Cecilia González

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