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Detienen a 12 policías por su vinculación con la masacre de migrantes en el norte de México

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Desde la Fiscalía confirmaron que hay ciudadanos guatemaltecos entre las víctimas.
Detienen a 12 policías por su vinculación con la masacre de migrantes en el norte de México

La Fiscalía del estado mexicano de Tamaulipas (México) anunció este martes que al menos 12 miembros de la Policía Estatal están involucrados en la masacre de 19 migrantes que fueron incinerados el mes pasado en un camino vecinal del municipio de Camargo.

El fiscal general, Irving Barrios Mojica, anunció en rueda de prensa que los agentes sospechosos ya fueron detenidos y que pasarán próximamente a disposición judicial por los presuntos delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad en el desempeño de funciones administrativas y falsedad en informes dados a una autoridad.

Su supuesta participación ha sido determinada por las investigaciones en curso. "Cobra fuerza la teoría de la alteración de la escena del crimen debido a la ausencia de los casquillos de municiones", agregó, al tiempo que llamó la atención sobre "la contradicción del informe policial homologado en el día de los hechos".

Barrios también precisó que entre las víctimas figuran personas de nacionalidad guatemalteca, cuyos cuerpos aún están siendo analizados por especialistas forenses.

En el día de los hechos también aparecieron vehículos donde viajaban otros migrantes centroamericanos que pretendían llegar a los Estados Unidos, así como "sujetos armados que les daban protección y seguridad".

El pasado 22 de enero fueron hallados los 19 cuerpos calcinados dentro de dos camionetas, después de que las autoridades fueran alertadas por una llamada anónima.

Se ha podido determinar que 16 de los cuerpos se corresponden a varones y uno a una mujer, mientras que el género de los dos restantes sigue pendiente de precisar debido al alto grado de calcinación que presentan.

De ser hallados culpables, los agentes de la Policía y los funcionarios públicos podrían enfrentarse a una pena de entre 20 y 50 años de prisión por cada una de las víctimas.

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