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La Suprema Corte en México da un revés a la política energética de López Obrador
El máximo órgano del Poder Judicial consideró que un decreto emitido por el Gobierno federal viola las leyes de competencia, al favorecer "indebidamente" a la empresa estatal de electricidad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decretó que la política energética del Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es inconstitucional y obstaculiza la competencia económica para beneficio de la empresa estatal de electricidad.
De este modo, la Segunda Sala de la SCJN resolvió la controversia constitucional presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) contra la política publicada por la Secretaría de Energía (Sener) el 15 de mayo de 2020.
La Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) planteaba una serie de medidas para acotar y limitar la participación de las empresas privadas en la generación de energías, dando preferencia a la paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Sin embargo, los ministros del Poder Judicial declararon inconstitucionales más de 20 disposiciones de la política, al considerar que el decreto "distorsiona el proceso de competencia y libre concurrencia y constituye un obstáculo para que el mercado de la generación y comercialización de energía eléctrica opere bajo condiciones de competitividad".
Asimismo, la Corte consideró que esa medida gubernamental otorga una "ventaja exclusiva e indebida" a favor de la CFE.
Desde su llegada al poder, en diciembre de 2018, López Obrador se ha propuesto devolver la preferencia que tenía la CFE en materia de generación y distribución de electricidad antes de la reforma energética de 2014, que posibilitó una participación mayor de la iniciativa privada en ese sector.
De hecho, el pasado lunes 1 de febrero, el mandatario mexicano envió al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley de Industria Eléctrica, para dar prioridad a la CFE por encima de empresas privadas. El Ejecutivo argumentó su propuesta alegando que el actual esquema ha causado un perjuicio al erario por la manera en que se firmaron contratos desventajosos, en medio de presuntas prácticas de corrupción.
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