La industria de producción y procesamiento de carne es uno de los motores económicos del estado de Nebraska (EE.UU.), en cuyo territorio se encuentra el centro empacador más grande del país. La base de esta industria está integrada mayoritariamente por mano de obra extranjera: se estima que el 66 % de los empleados del sector son migrantes, y que el 14 % de ellos están en situación irregular, según el Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés).
El estallido de la pandemia asestó un duro golpe a la industria cárnica local, en cuyas plantas surgieron brotes que provocaron más de 5.200 contagios. De hecho, se estima que uno de cada seis infectados en Nebraska es un empleado de este sector.
Las causas de este alto número de contagios localizados las explica José Molina, un extrabajador migrante familiarizado con este entorno laboral: "No se puede mantener el distanciamiento social necesario en estas plantas, porque las personas trabajan muy pegaditas la una a la otra", explica, subrayando que "por eso tantas personas dieron positivo en coronavirus" en esas factorías.
Molina se queja además de unas recientes declaraciones del gobernador de Nebraska, Pete Ricketts, en las que sugirió que los trabajadores indocumentados de la industria cárnica no recibirían la vacuna contra el covid-19, alegando que "hay que ser residente legal en el país para poder trabajar en esas plantas" y tener así acceso a los seguros médicos que cubren la vacunación.
Las polémicas palabras de Ricketts se volvieron tan virales que trascendieron las fronteras de su país y llegaron a oídos del Gobierno mexicano. Fue entonces cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció parte de las vacunas disponibles en México para inmunizar a los migrantes indocumentados en EE.UU., de cualquier nacionalidad.
"Corresponde a nuestro plan ayudar a que no se deje de vacunar en EE.UU. a nuestros paisanos. Creo que por humanismo y ética se debe de vacunar a todos", explicó el mandatario, precisando que su Ejecutivo haría "todos los trámites para que no se les niegue esa posibilidad".
Hacia una campaña de vacunación verdaderamente universal
Mientras tanto, las organizaciones civiles estadounidenses tratan de que no cunda el pánico entre los trabajadores en situación irregular, cuyo temor a ser deportados podría alejarles de la campaña de vacunación y mantenerles como un grupo de riesgo en términos epidemiológicos
"La declaración del gobernador Pete Ricketts, sobre quién recibiría la vacuna y quién no, no estuvo bien, porque sus comentarios causaron mucho miedo y confusión intencionadamente", dijo al respecto Jordan Feyerherm, del Centro de Asuntos Rurales de Nebraska, que de todas maneras confía en que finalmente "todos [los migrantes] serán vacunados".
Por su parte, Max W. Hadler, director de salud en la Coalición de Inmigración, destaca la necesidad de "entrar en conversaciones entre organizaciones de confianza y miembros de la comunidad", con el objetivo de "minimizar miedos y confusiones" y lograr así "que en los próximos meses esto sea una campaña de vacunación universal en la que no importe el estatus migratorio ni si se tiene seguro médico o no".
Mientras tanto, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) valora positivamente la determinación de incluir a los migrantes indocumentados en la estrategia de lucha contra el coronavirus impulsada por la Administración Biden. El plan de rescate de la economía nacional, anunciado a mediados de enero por la Casa Blanca y dotado con 1,9 millones de dólares, contiene programas para extender la campaña de inmunización hasta las comunidades de más difícil acceso.
EE.UU. es el país más afectado por la pandemia del coronavirus, con 26.559.014 casos confirmados de covid-19 y 450.826 decesos a consecuencia de esta enfermedad, según datos de la Universidad Johns Hopkins.