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El Estado Colombiano, ante la Justicia Internacional por el exterminio de militantes de Unión Patriótica: ¿de qué se trata este histórico proceso?

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Mientras la Fiscalía colombiana estableció que el número total de víctimas es de 1.620, organizaciones de derechos humanos elevan esta cifra a más de 6.000.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos inició este lunes una histórica audiencia pública virtual por una demanda contra el Estado de Colombia por el supuesto exterminio de unos 6.002 miembros del partido Unión Patriótica (UP).

Esta comparecencia, que ha sido esperada por 28 años desde que se introdujo el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), forma parte del 139 período ordinario de sesiones de la Corte, que se realiza en San José de Costa Rica.  

Desde este lunes hasta el viernes se recibirán los alegatos y observaciones orales sobre las excepciones interpuestas por Colombia y sobre las eventuales reparaciones para las víctimas y costas del proceso jurídico.

El proceso señala al Estado colombiano de ser el responsable de masacres, asesinatos, desapariciones, exilios, atentados y amenazas en contra de la militancia del partido político conformado en 1985, tras un acuerdo de paz entre el expresidente Belisario Betancur y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), recoge la página web de la corporación en defensa de los derechos humanos Reiniciar, que lleva adelante el proceso.

¿Quiénes declaran?

En estas audiencias tomarán la palabra representantes de las víctimas, del Estado y peritos de la CIDH.

Este lunes, como víctimas declaran la presidenta de la UP y senadora colombiana Aída Avella, quien se referirá al contexto donde se desarrollaron los supuestos hechos de exterminio, las denuncias hechas ante las autoridades y sus respuestas, así como los impactos sobre los miembros de la agrupación política izquierdista que aglutinaba al Partido Comunista y a otros movimientos sociales no tradicionales. 

También ofrece su testimonio María Eugenia Guzmán de Antequera, viuda del líder de la UP José Antequera, asesinado en 1989, quien se referirá a las supuestas "prácticas de amenazas y estigmatización que habría sufrido" y que culminaron con el homicidio de su marido, según el caso que maneja la Corte.

De igual manera, declaran Gloria Mansilla de Díaz (esposa del desaparecido Miguel Ángel Díaz); Consuelo Arbeláez Gómez (viuda del dirigente de la UP Gabriel Jaime Santamaría), Mónica Cifuentes (procuradora de la Jurisdicción Especial de Paz) y Michael Reed-Hurtado (por la CIDH). 

En los días posteriores habrá otras comparecencias de las partes involucradas. 

¿Qué pasará después?

En marzo de este año, las partes tendrán otra oportunidad para presentar sus alegatos finales de manera escrita. A partir de allí, se espera que la Corte emita su sentencia, sin que haya aún una fecha prevista para anunciar tal decisión. Después se iniciaría la etapa de implementación de la misma.

¿Qué ocurrió con la UP?

Antes de que la UP se constituyera como movimiento político se produjo una serie de asesinatos de sus miembros. Previo a su primera participación electoral, ya se contabilizaban 247 víctimas entre militantes, activistas, dirigentes y candidatos, según El Espectador.

En 1986, tras las elecciones parlamentarias, fueron asesinados tres de los legisladores elegidos. Un año después fue ultimado el primer candidato presidencial, Jaime Pardo Leal, y en 1990 fue asesinado Bernardo Jaramillo Ossa, el segundo.

En paralelo, las víctimas se incrementaban. Fueron asesinadas autoridades locales, parlamentarios, dirigentes agrarios, entre otros.

Poco después de 1993, cuando se introdujera la petición ante la CIDH, fueron asesinados el dirigente comunista José Miller Chacón, el excongresista Henry Millán y el senador Manuel Cepeda Vargas, padre del actual senador Iván Cepeda.

Sobre la cifra de víctimas hay desacuerdo. Mientras la Fiscalía colombiana estableció que el número total es de 1.620 personas, Reiniciar maneja un registro de 6.002.

¿Cómo se desarrolló el caso?

En 1993, Reiniciar hizo la demanda sobre el caso de la UP ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue admitido en 1997.

En 1998 se instaló una mesa de "solución amistosa" para la reparación de las víctimas entre el Gobierno colombiano y la agrupación política. En 2000 se estableció un acuerdo entre las partes, que fue roto en 2006.

En 2007 se inició la etapa de audiencias, alegatos, testimonios, con miras a proporcionar información de fondo para la CIDH. Siete años más tarde, en 2014, el Gobierno propuso retomar la vía de la "solución amistosa", que fue rechazada por las víctimas.

Una década más tarde, en 2017, la Comisión aprobó el Informe de fondo del caso de la UP y un año más tarde se inició el trámite ante la CorteIDH.

En 2019, Reiniciar presentó el documento 'Demanda contra el Estado'.

Nathali Gómez

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