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"Bajo sus órdenes murieron personas": La Defensoría del Pueblo de Bolivia apunta a Áñez como responsable de las masacres tras el golpe contra Morales

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Por lo menos 27 fueron asesinadas en medio de la represión policial en las ciudades de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), el 15 y el 19 de noviembre de 2019.
"Bajo sus órdenes murieron personas": La Defensoría del Pueblo de Bolivia apunta a Áñez como responsable de las masacres tras el golpe contra Morales

La Defensoría del Pueblo de Bolivia señala a la expresidenta de facto Jeanine Áñez como responsable de las muertes ocurridas durante las intervenciones militares y policiales en ese país tras el golpe de Estado en contra del exmandatario Evo Morales.

"Algo que nunca podrá negar Áñez es que bajo su Gobierno y sus órdenes murieron 27 personas en intervenciones militares y policiales", expresó la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en una entrevista del programa 'Piedra, papel y tinta'.

La defensora hizo referencia al decreto firmado el 15 de noviembre del año pasado por la expresidenta de facto, donde autorizaba a las Fuerzas Armadas a reestablecer el orden público sin que esto generara responsabilidad penal. Dos semanas después lo derogó.

Tras la dimisión de Morales, en medio del golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019, hubo protestas para pedir su restitución. En el contexto de esas manifestaciones hubo dos masacres que causaron la muerte de 27 personas y un centenar de heridos en las ciudades de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), el 15 y el 19 de noviembre de 2019, respectivamente.

"Se cometieron hechos de tortura"

La defensora manifestó que los entonces ministros de Defensa, Luis Fernando López, y de Gobierno, Arturo Morillo, "ejecutaron las órdenes" de Áñez, al igual que los comandos de la Policía y las Fuerzas Armadas.

"En su gobierno se cometieron hechos de tortura desde la Policía, se atentó contra la integridad física y dignidad de las personas. Eso no podrá negarlo porque fue bajo las instituciones que estaba dirigiendo que se generó persecución política judicial", expresó Cruz.

La defensora explicó que su investigación incluye octubre y noviembre de 2019 porque antes de la renuncia de Morales hubo un "motín policial y la población no contaba con fuerzas de seguridad".

Del mismo modo, aseveró que la persecución contra dirigentes y autoridades comenzó en Potosí y en varios puntos del país un día antes de la dimisión forzada del exmandatario.

"El 10 de noviembre, en ese estado de miedo y de terror en el país, con la amenaza de que salieran las Fuerzas Armadas, de que 'alguien tomara el poder', es como llegó Áñez al poder", agregó.

Estatus del proceso

Durante la entrevista, Cruz afirmó que aunque las investigaciones se han retrasado por la pandemia, se están generando espacios para escuchar a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos en la gestión de 2019.

Afirmó que las víctimas se sienten "más seguras" para hacer las declaraciones a los investigadores y que "tienen la ventaja de contar con un gobierno democrático y constitucional". "Existe la apertura de las autoridades, se está permitido el acceso a la información", dijo.

Por otro lado, en cuanto al avance del proceso en contra de los presuntos responsables, el Ministerio Público imputó al general del Ejército Luis Fernando Valverde por la represión desatada en noviembre del 2019 contra los manifestantes de Senkata.

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