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ONU condena la "muerte violenta" de la joven Keyla Martínez bajo custodia de la Policía en Honduras

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La organización pide a las autoridades una investigación pronta, exhaustiva e imparcial.
ONU condena la "muerte violenta" de la joven Keyla Martínez bajo custodia de la Policía en Honduras

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) condenó la "muerte violenta" de la joven Keyla Martínez, ocurrida bajo custodia policial.

Esta oficina urge a las autoridades a desarrollar "sin dilación" y por todos los medios legales disponibles "una investigación pronta, exhaustiva, diligente e imparcial orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos".

La OACNUDH señala que, tras el seguimiento que ha hecho a la documentación del hecho, ocurrido el pasado 6 de febrero, el caso podría tratarse de "una ejecución extrajudicial y que, por tanto, la investigación deberá llevarse a cabo de acuerdo a lo dispuesto en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas".

Esa investigación, dice la representante de OACNUDH en Honduras, Isabel Albaladejo, debe orientarse a identificar no solo a los autores directos, sino también a todos los demás responsables de la muerte, incluidos los funcionarios de la cadena de mando que fueron cómplices en ella.

¿Suicidio u homicidio?

Martínez era estudiante de enfermería. La noche del pasado sábado 6 de febrero, la joven, de 26 años, fue detenida por la Policía en el municipio de La Esperanza, en el departamento de Intibucá, al occidente de Honduras.

La Policía Nacional, en su versión de los hechos, informó en un comunicado que Martínez fue detenida por hacer "escándalo en la vía pública en estado de ebriedad" y por "incumplimiento" del toque de queda, que rige desde las 21:00 hasta las 05:00 en el país centroamericano, por la pandemia del coronavirus.

Según el organismo de seguridad, la joven fue trasladada a la Unidad Departamental Policial Número 10, en La Esperanza; y, durante una ronda de supervisión de las celdas, los agentes descubrieron que Martínez estaba "intentado quitarse la vida mediante asfixia por suspensión", por lo que fue trasladada "de inmediato" al Hospital Enrique Aguilar Cerrato, en donde presuntamente falleció.

Su muerte generó una serie de protestas en el país centroamericano. Familiares y amigos denuncian que se trató de un homicidio por parte de los oficiales.

El pasado martes, el Ministerio Público de Honduras informó que el resultado preliminar de la autopsia realizada al cuerpo de Martínez reveló "fuertes indicios que pudo tratarse de un homicidio".

"De acuerdo con el dictamen de la Dirección General de Medicina Forense, la causa de muerte de la estudiante de enfermería fue por asfixia mecánica", detalla el comunicado de la Fiscalía.

Ante esto, la institución solicitó que los agentes policiales que estaban asignados a la Unidad Departamental Policial Número 10, con sede en La Esperanza, Intibucá, sean puestos a disposición del Ministerio Público.

Por razones de género

Desde la oficina de la ONU consideran que, por tratarse de una muerte violenta de una mujer, esta "pudo ser cometida por razones de género".

Por lo tanto, exigen que, además, la investigación debe permitir establecer o descartar que se trate de un femicidio.

La OACNUDH recuerda que, de comprobarse esa hipótesis y exista un femicidio cometido por un funcionario público, es imprescindible que el Estado adopte medidas eficaces para evitar la repetición de estas conductas, incluyendo la "depuración de los entes involucrados" y "sanciones disciplinarias o judiciales para los funcionarios que obstaculizan las investigaciones o se comporten de manera negligente en relación con su deber de investigar a los posibles responsables".

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