La Comisión de Derechos Humanos de Chile (CDHCH) amplió este jueves la querella por crímenes de lesa humanidad en contra del presidente Sebastián Piñera, al considerar que el Estado tiene responsabilidad en la muerte de un artista callejero que la semana pasada fue asesinado por un carabinero.
"La omisión de parte de las autoridades del Gobierno en el cumplimiento de las recomendaciones que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas formuló en su informe del 13 de diciembre de 2019 permitió y facilitó la comisión del homicidio de Francisco Martínez Romero", advierte el comunicado emitido por el organismo.
El pasado viernes, Martínez Romero, un joven de 24 años que hacía malabares en las calles, fue acribillado de cinco balazos a plena luz del día en Panguipulli, una ciudad ubicada en el sur de Chile, por el sargento Juan González Iturriaga. El crimen desató una nueva oleada de protestas contra la añeja violencia institucional de las fuerzas de Seguridad de este país.
A raíz de este caso, el presidente de la CDHCH, Carlos Margota Trincado, solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ampliar la querella por delitos de lesa humanidad que inició en enero del año pasado, luego del estallido de 2019 que derivó en violentas represiones a la protesta social.
Además de Piñera, la acusación involucra al ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado; el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli y al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez Reveco.
"La acción judicial que solicita establecer esta responsabilidad en su eventual calidad de autores, cómplices y encubridores (...) se fundamenta en que el Estado tiene la obligación de proteger el derecho a la vida, consagrado en distintos instrumentos internacionales, no realizando ninguna acción tendiente a la privación arbitraria de este derecho, obligaciones que han sido incumplidas desde octubre de 2019, a la fecha", señala el comunicado.
Denuncias
En el documento se afirma que en Chile, Carabineros es la institución que tiene la mayor cantidad de denuncias por violaciones a los derechos humanos, incluidas la violación del derecho a la vida, con escasos avances en las investigaciones que permitan acreditar la responsabilidad tanto de los funcionarios involucrados directamente como de quienes conforman la cadena de mando, además de las autoridades políticas, como superiores jerárquicos.
También se destaca que cuatro organismos internacionales visitaron Chile en 2019, con el objeto de constatar las violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos que se estaban cometiendo durante las protestas por parte de agentes estatales en contra de la sociedad civil, entre ellas, la privación arbitraria de la vida.
De hecho, añaden que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas incluyó en ese momento 21 recomendaciones al Estado chileno para asegurar el cumplimiento de las normas institucionales en el uso de la fuerza pública, así como la aplicación de métodos no violentos antes de recurrir a armas menos letales, y que estas sean usadas acorde con las normas y estándares internacionales.
Por otra parte, la Oficina instó a reformar los sistemas de registro de detención para garantizar que la información sea recopilada de forma íntegra y oportuna, y hacerla accesible para las instituciones de derechos humanos del país.
El organismo recomendó, además, que se ofrecieran capacitaciones de vanguardia, incluyendo perspectiva de género, respecto a los derechos humanos, en particular sobre el uso de medios no violentos para la gestión de asambleas y tácticas de reducción de hostilidades, así como incluir medidas específicas de protección para personas y grupos discriminados.