Argentina aprueba una ley que obliga a pasar por el Congreso cualquier acuerdo de financiamiento con organismos extranjeros
La Cámara de Diputados de Argentina convirtió en ley este jueves el proyecto de 'sostenibilidad de la deuda pública', que determina que los acuerdos con cualquier organismo financiero internacional deberán ser aprobados por el Congreso Nacional.
La iniciativa oficialista fue respaldada en general por 233 votos a favor y solo 2 en contra, informó el cuerpo legislativo.
La iniciativa determina que "la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones autorizadas para ese ejercicio". Es decir, en cada presupuesto anual se dispondrá un tope máximo determinado para tomar deuda.
Con 233 votos afirmativos, 2 negativos y 2 abstenciones se aprobó el proyecto de ley sobre Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública.#UniendoVoces🇦🇷 pic.twitter.com/TBs6uweFKG
— Diputados Argentina (@DiputadosAR) February 11, 2021
En ese sentido, el texto establece que toda emisión de ese tipo que supere dicho "porcentaje requerirá de una ley especial del Congreso que la autorice expresamente".
En el artículo segundo, el proyecto dispone que "todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Congreso "que lo apruebe expresamente".
La nueva normativa establece que las negociaciones en materia de deuda pública con cualquier tipo de financiación internacional deben contar con aval parlamentario.
En 2018, el entonces presidente Mauricio Macri y parte de su Gabinete fueron imputados por la Justicia por haber firmado el millonario acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por un préstamo 'stand by' de 54.000 millones de dólares —el más alto en la historia del país— sin haber sido aprobado por el Parlamento.