Este viernes es el último día para que el rapero español Pablo Rivadulla Duró, conocido como Pablo Hasél, ingrese en prisión para cumplir la condena de nueve meses y un día de privación de libertad a la que ha sido sentenciado por la Audiencia Nacional por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y a las instituciones del Estado por las letras de una canción y algunos de sus tuits. Además, Hasél deberá abonar una multa de 30.000 euros, que ya ha anunciado que no piensa pagar, por lo que la pena podría aumentar hasta los dos años y cuatro meses.
El cantante ya fue condenado en 2014 por el Tribunal Supremo por el delito de enaltecimiento del terrorismo. Aunque la ejecución de esta sentencia se encuentra en suspenso, han sido estos antecedentes penales los que han provocado su ingreso en el centro penitenciario.
Sin embargo, Hasél, que también acumula otras condenas que aún no son firmes por diferentes delitos, ya ha anunciado que no entrará voluntariamente en prisión y que las autoridades deberán acudir a buscarle, por lo que se espera que la próxima semana la Audiencia Nacional emita una orden de detención en su contra.
Esta nueva condena ha vuelto a levantar la polémica entre quienes cuestionan que el derecho a la libertad de expresión se encuentra muy limitado en España.
Tres votos particulares
La sentencia que confirma la pena de prisión para Hasél cuenta con tres votos particulares que pedían su absolución, uno en la Audiencia Nacional y dos en el Tribunal Supremo. Salió adelante con tan solo un voto más a favor de la condena.
Ahora, se especula con que también se le pueda aplicar al rapero la dispersión, una medida que se empezó a utilizar en España con los presos de ETA, para impedir que constituyeran comandos terroristas dentro de las prisiones. La última potestad a este respecto la tendrá el Ministerio del Interior, que podría decidir que Hasél cumpliera la sentencia en una cárcel diferente a la de Lleida, que es la más cercana a su domicilio.
64 tuits y fragmentos de una canción
Entre los 1.915 tuits en los que la Fiscalía argumentaba que aparecían los términos grapo, monarquía, ETA, rey, terrorismo, Bilbo, bomba, Borbón, Policía y Guardia Civil, como base en la que sustentar su acusación, el Ministerio público destacaba 64.
Así, para el fiscal los calificativos de "parásitos", "mafiosos", "ladrón", "mafiosa y medieval Monarquía" y "banda criminal" que Hasél dirigió a Juan Carlos I y a la Familia Real española, "lesionan la dignidad del rey emérito, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación", por lo que son constitutivos del delito de injurias contra la Corona.
Para sustentar su acusación de injurias y calumnias contra las instituciones del Estado, el Fiscal señala frases como: "Guardia Civil torturando o disparando inmigrantes"; "pandilla de psicópatas que golpean a quienes exigimos nuestros derechos"; o "los antidisturbios han golpeado y torturado siempre a miles de personas".
Estos son algunos de los 64 tuits que recogía la Fiscalía en su escrito de acusación y que finalmente han merecido una condena por parte del tribunal:
- ¿50 policías heridos? Estos mercenarios de mierda se muerden la lengua pegando hostias y dicen que están heridos.
- La policía asesina a 15 inmigrantes y son santitos. El pueblo se defiende de su brutalidad y somos "violentos terroristas, chusma, etc".
- ¿Matas a un policía? Te buscan hasta debajo de las piedras ¿Asesina la policía? Ni se investiga bien.
- ¿Guardia Civil torturando o disparando a inmigrantes? Democracia. ¿Chistes sobre fascistas? Apología al terrorismo.
- El ladrón de Borbón no debe dar crédito a la impunidad que tiene para burlarse de nosotr@s.
- Lo más asqueroso de la monarquía es que millonarios por la miseria ajena, finjan preocuparse por el pueblo.
- Si tanta Monarquía quiere el pueblo como dicen los tertulianos mercenarios, que suelten a la Familia Real sin escoltas por nuestras calles.
- Los amigos del Reino español bombardeando hospitales mientras Juan Carlos se va de putas con ellos.
El Gobierno modificará la ley para evitar estos casos
El Gobierno español anunció este lunes una revisión del Código Penal para reformar los delitos más polémicos que tienen que ver con la libertad de expresión. Se pretende que únicamente se castiguen conductas que supongan claramente un riesgo para el orden público o inciten a la realización posible de algún tipo de acto violento y que recoja penas que no sean privativas de libertad.
De este modo, el Gabinete de coalición del Partido Socialista (PSOE) y Unidas Podemos (UP) pretende adaptar el Código Penal a los estándares europeos e internacionales. Sin embargo, los socios de Gobierno han elegido diferentes vías para llevarlo a cabo. El PSOE apuesta por estudiar el asunto y enviarlo al Congreso a través del Consejo de Ministros
Por su parte, UP ha registrado una proposición de ley en el Congreso bajo el trámite de urgencia. Pretende directamente la derogación de los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos, delito de injurias y calumnias a la Corona, enaltecimiento del terrorismo y ultraje a la bandera española, así como los delitos de odio.
La libertad de expresión en entredicho en España
Amnistía internacional ha calificado de injusto y desproporcionado el castigo y ha sido especialmente dura al pronunciarse sobre este fallo judicial. "Quizá estemos presenciando los últimos días de aquel golpe a nuestros derechos y libertades de 2015 que se llevó a cabo con las reformas del Código Penal y de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana", ha escrito su responsable de campañas en España, Carlos Escaño, sobre la posible reforma de la legislación punitiva española.
La organización recuerda que Estrasburgo ya ha condenado a España en tres ocasiones por aplicar el delito de injurias contra la Corona, porque la mayor protección a los jefes de Estado a través de leyes especiales en materia de injurias no es compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Bajo el tipo penal de enaltecimiento del terrorismo se ha condenado asimismo a otros artistas, como a los también raperos Valtònyc y La Insurgencia, por el contenido de sus canciones. El primero decidió huir a Bélgica tras ser condenado a tres años y medio de cárcel, país que ha rechazado la orden de extradición expedida por España. Los doce miembros de La Insurgencia fueron condenados a seis meses de cárcel.
Algunos expertos prevén que si el Tribunal Constitucional de España no rectifica este fallo, con toda seguridad lo hará el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En cuanto al máximo tribunal español, no se sabe cuál puede ser su resolución, aunque hay un antecedente próximo: en 2020 dictaminó que se había vulnerado el derecho a la libertad de expresión de César Strawberry, cantante de Def con Dos, en un caso muy similar al de Hasél.
Lo cierto es que las concentraciones de apoyo a Hasél, que se han producido tanto en Cataluña como en el resto de España, se han sucedido desde que se hiciera público el fallo de la Audiencia nacional el pasado 28 de enero.
La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) sostiene que actualmente el Código Penal contempla límites desproporcionados contra la libertad de expresión y que causas como la llevada ahora contra el rapero han tenido manifiestas consecuencias en forma de autocensura.
También más de 200 representantes del mundo del arte y la cultura, encabezados por personalidades tan conocidas como el cineasta Pedro Almodóvar o el cantante Joan Manuel Serrat, han mostrado su apoyo a Pablo Hasél firmando un manifiesto. En el texto se solicita la libertad del rapero y piden que se expulsen del Código Penal este tipo de delitos "que no hacen sino cercenar el derecho, no solo de libertad de expresión, sino de libertad ideológica y artística".