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El presidente de México y sus antecesores podrán ser juzgados a partir de la entrada en vigor de una nueva ley
La iniciativa permitirá que el titular del Ejecutivo sea juzgado por traición a la patria, corrupción y delitos electorales.
El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó un decreto para eliminar el fuero presidencial, lo que permitirá que tanto él como sus antecesores en el cargo puedan ser juzgados mientras lo ejercen.
"Durante el tiempo de su encargo, el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana", señala el artículo 108 de la nueva ley, que entra en vigor a partir de su publicación este viernes en el Diario Oficial de la Federación.
Asimismo, el artículo 111 establece que para proceder penalmente contra el presidente, "solo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores", que deberá resolver conforme a la legislación penal aplicable.
La ley se publicó después que el Congreso aprobara los cambios legales en la segunda mitad del año pasado.
El trasfondo
El nuevo marco legal forma parte de una serie de cambios impulsados por López Obrador, bajo la promesa de acotar la corrupción y la impunidad en el país.
Si bien la ley permitirá juzgar a expresidentes, el tema de si se debe enjuiciar a exmandatarios será sometido a votación, después de que la propuesta de consulta pública recibiera el apoyo de dos millones de firmas ciudadanas.
De esta forma, el 15 de septiembre del año pasado, López Obrador envió al Senado la solicitud de consulta popular, que incluía la pregunta: "¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?".
No obstante, el pasado 1 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la solicitud que planteó el mandatario para someter la cuestión a consulta popular.
Algunos opositores han señalado que la iniciativa de consulta persigue en realidad fines electorales, ya que, en junio de este año, México realizará las elecciones intermedias donde se renovarán la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y distintos cargos de voto popular.
Aunque todavía no existe una fecha definitiva para la realización de la consulta, se prevé que esta pueda llevarse a cabo después de los comicios de junio.
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