La Corte Suprema del Reino Unido dictaminó unánimemente este viernes en un veredicto que a un grupo de 25 conductores de Uber les corresponden derechos laborales como vacaciones pagadas o el salario mínimo, ya que los taxistas deben clasificarse como trabajadores y no como empleados por cuenta propia, informa Reuters.
El tribunal británico rechazó la apelación de la compañía contra la sentencia de un juzgado laboral que también definía como trabajadores a los taxistas.
"Esta sentencia reordenará profundamente la economía 'gig' [la economía colaborativa o de pequeños encargos, que usan plataformas en línea, como es el caso de Uber] y pondrá fin a la explotación generalizada de los trabajadores por medio de algoritmos y contratos engañosos", cita Associated Press las palabras de James Farrar, uno de los conductores afectados por la sentencia.
La compañía sostenía que los conductores solo laboraban en el momento en que hacían un trayecto con un cliente. Sin embargo, la corte especificó que se considera que están en el trabajo cada vez que entran en la aplicación de Uber y están dispuestos a efectuar viajes, lo que se emplearía para calcular el sueldo mínimo y las remuneraciones de las vacaciones.
El caso regresará al tribunal laboral, que se pronunciará sobre las compensaciones a los trabajadores implicados por los salarios perdidos. La indemnización podría alcanzar de media unas 12.000 libras (16.800 dólares), según estima Leigh Day, el bufete de abogados que representa a los demandantes.
Un caso de referencia que aumentaría los costos de Uber
La decisión de la Corte Suprema británica significa que Uber deberá asegurar el cumplimiento de los nuevos compromisos con sus empleados. Esto, a su vez, podría conllevar un aumento de gastos para la compañía, lo que redundaría en que los pasajeros se encontrarían con tarifas más altas. La entidad ya recortó 6.000 puestos de trabajo frente a la caída de la demanda por la pandemia.
Mientras, los expertos indican que esta sentencia podría servir de precedente para otros tribunales y reguladores fuera del Reino Unido que se encuentran con semejantes problemas.
"No va a hacer que todos los trabajadores de la economía colaborativa tengan automáticamente esos derechos, obviamente va a hacer que la gente sea consciente de la posibilidad de presentar esas reclamaciones", enfatizó Joe Aiston, un asociado sénior del bufete de abogados Taylor Wessing.