El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este lunes una serie de medidas ante la seguidilla de ataques incendiarios registrada en el sur del país durante las últimas horas, incluyendo mayores controles en la zona y la próxima presentación de una nueva Ley Antiterrorista "más eficaz" para ser aprobada por el Congreso.
Como primera determinación oficial, importantes funcionarios del área de seguridad fueron designados a viajar al lugar de los hechos para sostener una vigilancia más directa. Entre ellos, se destacan: el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y el de Defensa, Baldo Prokurica; sumado a los directores de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), el comandante en jefe del Ejército y el líder del Estado Mayor Conjunto.
Desde la Araucanía y en rueda de prensa, el funcionario Delgado afirmó que el Gobierno "reconoce la gravedad de lo que está ocurriendo", y por eso ha encomendado algunas tareas a sus funcionarios.
Al respecto, Piñera defendió un posible accionar de los uniformados en el lugar del conflicto: "Los policías tienen el mandato de la sociedad para hacer uso de la legítima fuerza, que es un instrumento legal y necesario en un estado de derecho y una sociedad democrática". Esto, a pesar de que las carteras de seguridad ya fueron duramente criticadas por graves violaciones a los derechos humanos desde el estallido social del 2019.
En cuanto a los posibles cambios legislativos, que deberían ser analizados y debatidos por los congresistas, el jefe de Estado comentó que las fuerzas requieren "elementos necesarios para poder combatir con mayor eficacia estos actos de violencia y de terrorismo".
La zona del conflicto
En las últimas horas se registraron al menos cuatro incendios a propiedades privadas y vehículos agrícolas en la región de La Araucanía, ubicada a unos 700 kilómetros de la ciudad de Santiago de Chile.
Aunque los hechos todavía deben ser investigados, tanto las víctimas de los daños materiales, como las fuerzas de seguridad y el Gobierno, les atribuyen los ataques a agrupaciones mapuches radicalizadas. Esta versión se sustenta por la aparición de pancartas con consignas indígenas junto a los predios dañados, presuntamente colocadas por los posibles atacantes. En una de ellas se lee: "Fuera los latifundistas del territorio mapuche".
Uno de los incendios más llamativos se produjo el lunes por la mañana en el fundo Miraflores, localizado en el kilómetro 2 de la ruta que une a las ciudades de Lautaro y Vilcún. Según Carabineros, al menos seis individuos habrían ingresado a la vivienda con armas, aunque la propietaria, Micaela Becker García, cree que pudieron haber sido hasta diez sujetos. En ese momento, su madre estaba sola en el inmueble.
"Se metieron a su dormitorio, la encañonaron, dieron vuelta toda la casa, rompieron todo adentro buscando armas y plata, hasta que mi mamá logró salir y ya entonces tenían todo rociado con unos productos", repasó. Después, habrían comenzado las llamas: "Quemaron las bodegas, el auto de mi mamá y la casa completa. No quedó nada y arrancaron", señaló Becker García.
Otro posible atentado ocurrió en el Fundo Santa Catalina, cerca de la jurisdicción de Padre Las Casas, donde según la denuncia habrían irrumpido 40 personas. Carabineros también acudió a la ruta Radal Huichahue por la quema de cosechadoras y tractores, sumado a un aparente ataque en el campo El Crucero, también ubicado en Lautaro. Estos casos todavía deben ser esclarecidos por la Justicia local.
Con ese marco, los vecinos afectados y algunas organizaciones, como la Asociación de Paz y Reconciliación en La Araucanía (APRA), pidieron al Gobierno que declare el estado de sitio para intervenir la zona.
"Hay comunidades con las que tenemos buena vecindad"
En un tono más moderado, otro de los damnificados recientes, el agricultor Carlos Gutiérrez, diferenció a los grupos mapuches más radicales del resto de los colectivos aborígenes: "Hablo de terrorismo porque aquí hay comunidades con las que tenemos buena vecindad", contó. De hecho, él y otros vecinos creen que muchas organizaciones ancestrales están siendo corrompidas por narcotraficantes, aunque tampoco hay pruebas claras sobre esta hipótesis.
Por otro lado, subrayó que la creciente tensión entre los propietarios de la zona y algunos grupos originarios se debe a una mala gestión del Estado en la entrega de territorios: "El Gobierno no ha cumplido los compromisos, a través de los fondos que tiene la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). Llevamos tres años que están detenidas las compras por parte de la Corporación e indudablemente esto genera una presión".
En esa línea, Gutiérrez subrayó que no quiere la militarización del lugar: "Lo que pido es que cumplan con las comunidades indígenas, compren los terrenos, generen compromisos con los agricultores que están en disposición, por temor, a vender y, a su vez, a los que son terroristas hay que aplicarles la ley y tomarlos detenidos". También enfatizó: "Ellos solo destruyen a las personas de bien, que somos mapuche y no mapuche".
El histórico conflicto por la disposición de tierras que antiguamente les pertenecían a los mapuches se retrotrae a mediados del siglo XIX, cuando el Estado chileno expandió su control en la zona mediante la llamada Pacificación de la Araucanía, a partir de 1861. Al otro lado de la Cordillera de Los Andes, en Argentina, se produjo un proceso similar bajo la Campaña del Desierto, desde 1878, algo que tiempo más tarde muchos revisionistas calificaron como una matanza indiscriminada de indígenas para usurpar su territorio.
Actualmente, si bien hay varias comunidades reconocidas por el Estado que administran sus tierras, otros grupos optan por ocupar —o recuperar— predios sin aguardar autorizaciones gubernamentales, e incluso suelen producirse situaciones de violencia, con víctimas fatales incluidas.
Frente a este delicado escenario, en agosto la ONU pidió resolver el trasfondo del problema, más allá de operativos militares. Jan Jarab, el representante para Sudamérica de la Oficina de Derechos Humanos, remarcó la necesidad de lograr un diálogo "participativo y de buena fe" para abordar "la discriminación estructural" contra las comunidades. Y enfatizó: "Una respuesta puramente centrada en la seguridad pública alimentaría lo que ya es un proceso crónico de tensión, desconfianza y conflictividad, no exento de violaciones a los derechos humanos".
Leandro Lutzky
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