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Ley trans, mercado del alquiler y monarquía: las principales desavenencias en el Gobierno de coalición de España

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Tras la aprobación de las cuentas públicas de 2021, los desencuentros entre ambas formaciones se han hecho más evidentes.
Ley trans, mercado del alquiler y monarquía: las principales desavenencias en el Gobierno de coalición de España

Tras la prueba de fuego de la aprobación de la ley de Presupuestos Generales para 2021, las desavenencias entre los dos socios de Gobierno en España empiezan a salir a la luz de una manera más cruda. Hay dos escollos que se atisban como cruciales: la ley sobre los derechos de las personas trans y la legislación que debería poner freno a las subidas de los precios de los alquileres.

Pero otros temas también causan tensión entre el Partido Socialista y Unidas Podemos (UP), como es el tratamiento a la monarquía o la modificación de la legislación que limita la libertad de expresión en un país que ha vivido nueve jornadas consecutivas de protestas por el encarcelamiento de un rapero condenado por el delito de enaltecimiento del terrorismo por el contenido de unos tuits y una canción.

Ley trans

El desarrollo y la tramitación de la ley que garantice los derechos de las personas trans lleva meses causando roces entre las dos formaciones. De fondo se encuentra la división del movimiento feminista en dos bloques enfrentados que se están posicionando de manera casi unívoca en defensa de las posiciones de cada una de las dos fuerzas.

Además, no solo se trata de una cuestión ideológica, sino que también hay un trasfondo de lucha de poder. Igualdad era una competencia en manos de la actual vicepresidenta primera y ministra de Presidencia, Carmen Calvo, en la anterior legislatura. Tras llegar a un acuerdo para el Gobierno bicolor y la investidura de Sánchez tras los últimos comicios, esta cartera se ha independizado y ha pasado a manos de Irene Montero, la número dos de Podemos.

De momento la tramitación de la normativa está parada, aunque espera poder presentarse en el Congreso en marzo o abril.

  • Autodeterminación

Uno de los caballos de batalla es la libre autodeterminación de género, es decir, sin necesidad de informes médicos ni tratamientos hormonales. Además, el borrador que se baraja la permitiría a partir de los 16 años sin necesidad de permiso paterno.

Esa libre autodeterminación, que solo necesita la voluntad expresa de la persona interesada, ya se encontraba en la propuesta redactada por el PSOE en 2017, cuando logró el consenso de todos los grupos políticos del Hemiciclo –la ultraderecha de Vox todavía no estaba representada en el Parlamento–.

Sin embargo, ahora los socialistas no ven con buenos ojos el borrador que parte del Ministerio de Igualdad, en manos de UP y la autodeterminación se encuentra en el centro del debate. Entre otras cuestiones, alegan que puede provocar inseguridad jurídica, sin concretar las motivaciones.

  • ¿Riesgo para los derechos de las mujeres?

Algunos colectivos observan esta ley como un peligro para las leyes que garantizan específicamente la no discriminación contra las mujeres y una amenaza a las políticas activas de igualdad.

Así, se centran en que hará desaparecer al sujeto de las políticas feministas. Además, argumentan que desprovee a las mujeres de espacios seguros, así como que desprotege a la infancia.

Ley de igualdad de trato

Esta ley ha sido impulsada por el Partido Socialista, que la registró en el Congreso de los Diputados el pasado 21 de enero y busca convertirse en la referencia del derecho antidiscriminatorio español. Pretende evitar, y sanciona, discriminaciones por motivo de origen racial o étnico, sexo, religión, orientación sexual, edad, discapacidad o nivel socioeconómico.

Desde UP tachan a la ley de descafeinada y de haber sido presentada antes de llegar a un acuerdo en el seno del Gobierno. Esta formación pedía incluir más motivos de discriminación y, sobre todo, modificar la Ley de Extranjería, para que las personas en situación de irregularidad administrativa pudieran estar protegidas también por esta normativa.

Mercado del alquiler

El último encontronazo entre los socios de Gobierno ha sido a cuenta de las medidas para frenar el aumento de los precios del mercado del alquiler. En el punto 2.9.3 del acuerdo de Gobierno de las dos formaciones constaba que "se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado".

Sin embargo, los socialistas se han descolgado ahora con una propuesta que consiste en bonificar fiscalmente a los propietarios que reduzcan la cuantía de las mensualidades que cobran por el arrendamiento. En este caso no solo UP, sino otros partidos que apoyaron la investidura de Sánchez y que después han sido necesarios para aprobar las cuentas públicas, como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu o Más País, se han pronunciado en contra de la iniciativa anunciada por el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

Ante las acusaciones de Unidas Podemos, este martes la ministra portavoz, María Jesús Montero, trató de rebajar la intensidad del debate abierto sosteniendo que no se ha alterado la hoja de ruta del Gobierno, si no que se está valorando qué instrumento es más adecuado para conseguir el fin perseguido.

"Pedro Sánchez y yo firmamos para que se regularan los alquileres. Es un error tensionar al Gobierno planteando que se puede incumplir el acuerdo o traicionar la palabra dada", fue la contundente respuesta que dio este mismo martes el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. 

Otras polémicas

Desde el Partido Socialista se resta importancia a estas disputas. Este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pesar de reconocer las diferencias políticas con su socio, ha afirmado que sigue confiando en el Gobierno de coalición con Unidas Podemos, porque "les unen más cosas que las que les separan".

Por su parte, la portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha asegurado que a pesar de las diferencias con UP, el Gobierno aprobará la ley trans, de igualdad y de vivienda.

Sin embargo, en la última semana se han producido otras polémicas que han evidenciado las tensiones en el seno del Gobierno.

  • Inviolabilidad del rey y aforamiento de Juan Carlos I

Una de ellas tiene que ver con la monarquía. Este martes se ha celebrado un acto en conmemoración del fracaso del golpe de Estado sucedido el 23 de febrero de 1981, cuando se cumplen 40 años. La actitud de Iglesias ha llamado la atención, al no aplaudir las palabras de Felipe VI, figura central de la ceremonia, que dedicó unas palabras de agradecimiento a su padre, el rey emérito Juan Carlos I.

Además, tan solo unas horas después de esa ceremonia, el Congreso debatió una proposición no de ley instando a retirar la inviolabilidad de Felipe VI y a eliminar el aforamiento de su padre, el rey emérito, que reside fuera de España desde el pasado 3 de agosto tras destaparse investigaciones judiciales sobre el origen de su patrimonio.

La propuesta fue rechazada gracias a que los socialistas se posicionaron del lado de las fuerzas conservadoras del Hemiciclo, Partido Popular (PP), Ciudadanos y Vox, frente al resto de grupos políticos que propiciaron la investidura de Sánchez.

  • Pablo Hasél y la libertad de expresión

También durante la última semana ambos integrantes del Ejecutivo han mostrado posturas divergentes sobre el encarcelamiento de Pablo Hásel, un rapero que ha ingresado en prisión en cumplimiento de una sentencia por el delito de enaltecimiento del terrorismo.

A pesar de que tanto socialistas como UP tenían el compromiso de reformar ese tipo penal, así como otros que limitan la libertad de expresión, no hay consenso en las formas. UP ha presentado en el Congreso una proposición de ley por el trámite de urgencia para derogar directamente este y otros delitos del Código Penal, mientras que el PSOE es partidario de un estudio más sereno de la situación.

Nuria López

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