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La asociación cristiana que denunció al actor español Willy Toledo por 'cagarse en dios' lo demanda ahora por calificarla de "ultraderechista"
La Asociación de Abogados Cristianos pide una indemnización de 6.000 euros, mientras que la Fiscalía es partidaria de archivar la causa.
El actor español Willy Toledo se ha enfrentado a un nuevo juicio este viernes en Valladolid, en el interior de España, que ha durado más de dos horas, debido a una querella interpuesta por la Asociación de Abogados Cristianos. Le acusa del delito contra el honor de la entidad y de su presidenta, Polonia Castellanos, por haber calificado a la primera de "ultraderechista" y a la segunda de "troglodita".
La querella también recoge que el actor subió una fotografía de Castellanos en su perfil en las redes sociales en lo que la acusación considera una campaña contra Abogados Cristianos. En total, le reclama una indemnización de 6.000 euros por vulnerar su derecho al honor.
Por su parte, el letrado de Toledo, Endika Zulueta, ha considerado que al final se impondrá el derecho a la libertad de expresión a la vez que ha acusado a la organización ultracatólica de llevar a cabo una "campaña de persecución constante" contra su defendido y de "buscar minutos de gloria a costa de la imagen pública" de Toledo.
La Fiscalía pide desestimar las acusaciones
Asimismo, la Fiscalía está a favor de desestimar las acusaciones. Para Castellanos esta actitud es "recurrente". "Casualidades de la vida, siempre nos toca la misma fiscal y pide la desestimación de nuestras demandas", ha dicho a la salida del juzgado.
No es la primera vez que las dos partes se ven las caras en un tribunal. La Asociación de Abogados Cristianos fue la entidad que estuvo detrás de la denuncia que acusaba al actor de ofensa a los sentimientos religiosos por cagarse en dios y en la virgen en una publicación en su perfil de Facebook en apoyo a unas mujeres que estaban siendo procesadas por organizar una procesión en la que portaban una vulva gigante. Toledo fue finalmente absuelto en ese proceso.
Precisamente, el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, junto a otros, está en el punto de mira del Gobierno, que estudia su reforma e, incluso, su derogación.
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