El anuncio de que Pekín podría estar considerando restringir la exportación de tierras raras para la industria militar de EE.UU. –tal como se indicaba la semana pasada en un reporte de The Financial Times– ha puesto sobre el tablero internacional una nueva preocupación, que resalta además la importancia de estos elementos químicos en la fabricación de diversos bienes, como los 'smartphones', los coches eléctricos, los parques solares, los aviones de combate, los misiles de crucero o los drones, y en especial, las baterías y otros dispositivos de almacenamiento energético.
El anuncio de China no sólo es preocupante para su cliente norteamericano. El gigante asiático produce las tres cuartas partes de tierras raras que se consumen en todo el mundo, y su control de las fluctuaciones en este mercado ha hecho que varias regiones del planeta se replanteen hasta qué punto les conviene esta brutal dependencia y qué alternativas existen al respecto.
Es en este contexto en el que el nombre de España vuelve a sonar como el de un posible productor de estas materias primas, ya que el país alberga, en diversos puntos de su geografía, depósitos minerales en los que abundan algunos de estos 17 elementos, como el cerio, el lantano o el praseodimio, agrupados con frecuencia en minerales como la monacita, codiciados por alguna de sus aplicaciones industriales.
Tantos depósitos como problemas
El yacimiento más prometedor en este sentido es submarino, pero aún es una quimera. Se encuentra en el archipiélago canario, al sur de la isla de El Hierro y a unos 1.000 metros de profundidad. Los expertos estiman que, debido a la geología volcánica de la zona, podría haber allí unos dos millones de toneladas de metales raros, una cantidad suficiente para abastecer toda la demanda mundial durante 10 años.
Su explotación, sin embargo, plantea de entrada dificultades difíciles de salvar: los medios para trabajar en su extracción del fondo marino aún están en fase de desarrollo y están lejos de constituir una opción viable.
Otro yacimiento se encuentra en Galicia, concretamente en el monte Galiñeiro. Hasta ahora no se ha presentado ningún proyecto de explotación, aunque el grupo de inversión sudafricano Umbono Capital logró obtener a finales de 2012 un permiso de tres años para examinar el potencial minero de tierras raras en la zona y determinar la posibilidad de extraer estos elementos. La firma acabó desistiendo en 2013, tras toparse con la oposición de diversos colectivos y autoridades locales.
El monte Galiñeiro es una zona de protección especial y en todo caso resultaría difícil realizar una Declaración de Impacto Ambiental favorable para un proyecto minero.
Algo más de optimismo empresarial mostró la empresa 'Quantum Minería' en el otro gran yacimiento de tierras raras de la península ibérica: el de Matamulas, en el Campo de Montiel (Ciudad Real, Castilla-la Mancha). Hasta ahora es el único proyecto definido para la extracción de tierras raras en España: incluye un estudio de las reservas y del campo de extracción, e incluso un informe de impacto ambiental de casi un millar de páginas.
Sin embargo, este último documento no convenció a los técnicos ambientales del Gobierno regional, que denegaron el proyecto en 2017 con un informe mucho más breve (apenas 25 páginas) pero suficientemente contundente.
Tanto es así que cuando Quantum recurrió a los tribunales para impugnar la decisión del Ejecutivo, el Tribunal Superior de Justicia de la región, en una sentencia emitida el pasado mes de enero, dio la razón a la Junta de Castilla-la Mancha, al considerar que las razones para la denegación del proyecto habían quedado "exhaustivamente" demostradas en la respuesta del Gobierno.
En concreto, la negativa del Ejecutivo se basaba en el impacto que el proyecto iba a producir en los ecosistemas de la zona, afectando negativamente a la vida de tres especies animales autóctonas (dos tipos de águila y el lince ibérico) y fragmentando una superficie ecológica mucho más amplia. La empresa, no obstante, ya ha expresado su decisión de recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo, con la convicción de que obtendrá de este una respuesta favorable.
Voluntad política sobre el papel
Aunque hasta ahora los distintos intentos de aprovechar estos recursos naturales se han visto frenados por su inviabilidad técnica o por la oposición del tejido social o las propias autoridades locales, España no abandona su intención, al menos teórica, de acometer una explotación sostenible de los yacimientos de tierras raras que hay en su territorio.
Así lo hace explícito el Gobierno español en su borrador de la Estrategia de Almacenamiento Energético, publicado el pasado mes de octubre, y según el cual es "fundamental" para el país "disponer de fabricantes y proveedores nacionales que generen alto valor añadido e impulsen la innovación y la competitividad en el sector", partiendo para ello de la "provisión de materias primas y componentes básicos".
Más en concreto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico propone "la explotación sostenible de yacimientos de los más de 70 minerales y rocas que se pueden encontrar en el país, y en particular del litio o las tierras raras", con vistas a objetivos tan específicos como "la fabricación de baterías para el vehículo eléctrico" o a proyectos más genéricos como "la digitalización de la economía".
El texto plantea también la necesidad de reducir la dependencia de proveedores extranjeros de materias primas y compuestos en la industria nacional de fabricación de sistemas de almacenamiento energético. "El despliegue de los sistemas de almacenamiento tiene que afrontar el reto de reducir la dependencia de la importación de materias primas que sufre la Unión Europea", indica el documento en ese sentido.
Por ello, España asegura apostar por "potenciar el auto-abastecimiento sostenible" y por "poner en valor los recursos de rocas y minerales del país". Sin embargo, esta voluntad política aún no se ha traducido en proyectos viables y aprobados de explotación minera.
Un panorama difícil fuera de China
En líneas generales, puede verse cómo hasta ahora han sido principalmente motivos de índole ecológica los que han frenado que España explote y rentabilice sus reservas de tierras raras, porque hasta la fecha, el proceso de extracción y procesamiento de estos minerales sigue siendo altamente contaminante y mucho menos "sostenible" de lo que exigen sobre el papel las autoridades las país.
De hecho, la mina china de Bayan Obo, totalmente equipada, comunicada y desarrollada hasta convertirse en el centro mundial de la extracción de tierras raras, ha producido en su entorno una de las zonas más contaminadas del planeta.
A esta circunstancia ambiental se suma el hecho de que el mercado global, ensombrecido por el mencionado cuasi-monopolio chino, no ha abierto ninguna ventana de oportunidad realmente atractiva que garantice beneficios a la empresa que emprenda su explotación en España.
China no sólo acapara actualmente más del 70 % de la producción de tierras raras en el mundo y posee las mayores reservas, sino que buena parte de lo que se extrae en otros países proveedores, como EE.UU. o Australia, también se procesa en el gigante asiático, que dispone de una avanzada tecnología para ello.
Además, su dominio en el ámbito de tierras raras y la abundancia de este material en su territorio no sólo le permite ejercer este monopolio mundial, sino jugar a su antojo con la dinámica comercial. De la misma manera que puede reducir sus exportaciones, como parece que se está planteando hacer, podría hacer lo contrario: inundar el mercado, reducir así los precios y hacer inviable cualquier competencia.