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Chile sanciona a dos laboratorios que distribuyeron anticonceptivos defectuosos y generaron más de 110 embarazos no deseados
Las pastillas se reparten a más de 380.800 mujeres en todos los centros de salud pública del país suramericano.
El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile sancionó a los laboratorios Silesia S.A. y Andrómaco S.A. con una multa conjunta de aproximadamente 92.000 dólares, por la distribución y fabricación del anticonceptivo Anulette CD comprimidos recubiertos con "problemas de calidad", lo que provocó más de 110 embarazos no deseados.
"Una vez que un producto farmacéutico es registrado, corresponde al titular del registro y a sus responsables técnicos dar fe de que este se elabore, produzca, importe, libere, distribuya y expenda cumpliendo las especificaciones del producto y con las buenas prácticas de manufactura, de almacenamiento y de distribución", indicó el ISP en un comunicado emitido a principios de esta semana.
De acuerdo con el ente, estos anticonceptivos, en sus series B20034A y B20035A, evidenciaron la presencia de alvéolos vacíos, alvéolos con comprimidos triturados y dos comprimidos en un alvéolo, lo que vulnera las normas contenidas en el Código Sanitario.
¿Qué ocurrió?
Este caso se hizo conocido en agosto de 2020, cuando 111 mujeres denunciaron haber quedado embarazadas pese a estar tomando Anulette, una pastilla que se reparte a más de 380.800 personas a lo largo de todos los centros de salud pública de Chile.
Tras esto, el ISP emitió una resolución que suspendía el registro sanitario del producto y ordenaba el retiro de los lotes afectados, además de una cuarentena total para la producción del fármaco, hasta que los laboratorios demostraran que los equipos de fabricación habían sido calibrados nuevamente.
No obstante, esta medida duró apenas 4 días, pues el Instituto consideró que los defectos en los fármacos eran "verificables con una revisión visual", por lo que autorizó distribuirlo nuevamente, con una previa inspección del medicamento por parte del personal de salud.
"Actualmente el medicamento se sigue vendiendo y repartiendo en los centros de salud", alertó en una entrevista radial Laura Dragnic, de la Organización Miles Chile, quien lamentó que "el Estado no hizo ningún tipo de investigación para clarificar si habían otros lotes defectuosos y se traspasó esa responsabilidad a las usuarias".
La organización considera que "la multa es irrisoria" ante el daño causado, al tiempo que denuncia que los recursos obtenidos de esa sanción no serán destinados a atender a las afectadas.
Miles Chile ingresó dos llamados urgentes tanto a Naciones Unidas como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que evalúen el caso y les permitan a las afectadas obtener una indemnización real. De igual forma, preparan una demanda contra el Estado por su falta de fiscalización.
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