Este miércoles se desarrolla una protesta de 'riders' en toda España. El llamamiento ha partido de Repartidores Unidos y de la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA), que han convocado manifestaciones en 10 ciudades del país. Piden que la conocida como 'ley Rider' incluya la opción de ser autónomo, si el repartidor así lo prefiere por razones económicas, de flexibilidad o de conciliación.
Los 'riders' son los repartidores, normalmente de comida y en transportes como la bicicleta, que trabajan en plataformas como Uber Eats, Glovo o Deliveroo. Se calcula que en España hay más de 30.000, concentrados sobre todo en las ciudades más grandes, como Madrid o Barcelona.
Las marchas de este miércoles han estado programadas en Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Gijón y Ponferrada.
El Ministerio de Trabajo cree que el acuerdo sobre esta nueva legislación es inminente, aunque el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha advertido este martes de que "es una materia muy difícil y donde hay que ultimar hasta el más mínimo último detalle".
Además, Pérez ha sostenido en rueda de prensa que el grado de consenso en esta materia es "amplísimo": "Lo hemos detectado y básicamente en la mesa de diálogo social se ha hecho un diagnóstico compartido y se ha buscado una solución técnica adecuada", ha dicho. Asimismo, ha querido valorar que España ha sido uno de los primero países que pone en marcha una regulación de las plataformas digitales en el ámbito del reparto.
¿Qué es la 'ley riders'?
Estos trabajadores son en su gran mayoría autónomos, pero la Justicia ya ha fallado en decenas de sentencias a favor de los 'riders', considerando que existe una relación directa entre empresa y empleados por lo que tienen que convertirse en trabajadores asalariados de las plataformas.
Hasta el momento la Inspección de Trabajo ya ha dado de alta a miles de estos trabajadores, obligando a las empresas a ponerlos en nómina. Según las últimas cifras ofrecidas por el Ministerio de Trabajo, ya son más de 18.000 los 'riders' que deben ser dados de alta en la Seguridad Social como trabajadores por cuenta ajena.
La nueva ley pretende acabar con esta práctica empresarial, considerada un fraude. Aunque todavía está en fase de negociación, parece que no recoge las reivindicaciones de los distintos colectivos de repartidores.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este martes sostenía en una entrevista en la televisión pública que "hay un acuerdo inminente para regular la situación de los riders" y aclaraba que "no son emprendedores". "Esto no se elige, uno es autónomo o asalariado en función de unos requisitos. No es discutible y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Supremo, por lo que van a ser trabajadores por cuenta ajena", agregó.
¿Qué se pide en esta protesta?
El presidente de APRA, Jordi Mateo, sostiene que es "inadmisible el último borrador presentado por el Ministerio de Trabajo donde quieren laboralizar a todos los repartidores". Algunas de las reivindicaciones que plantea Mateo, que deberían incluirse en la futura ley, son las siguientes:
- Dotar a los repartidores de instrumentos de negociación colectiva.
- Contemplar pluses para los trabajadores, como los de nocturnidad o climatología adversa.
- Mejorar su acceso a seguros y a subsidios por desempleo.
El presidente de la asociación opina que las medidas que se pretenden impulsar desde Trabajo solo "consiguen precarizar el sector", con contratos de pocas horas generalmente gestionados a través de Empresas de Trabajo Temporal, con bajos sueldos e inestables.
Además, a Mateo le preocupa que la legislación se implemente a través de un Real Decreto y, en cambio, es partidario de que se tramite de manera ordinaria para que se puedan ver representados en las aportaciones del resto de partidos políticos presentes en el Congreso, ya que sostiene que han solicitado diversas reuniones con el Ministerio y no les "han querido escuchar".
Muchos de los derechos que reivindican para ser incluidos en la nueva normativa son derechos de los que gozarían si fueran asalariados, pero desde APRA afirman que no quieren perder la libertad y flexibilidad de la que gozan siendo autónomos. Así, aluden a la elección del horario y del número de horas trabajadas o a la posibilidad de trabajar para diferentes compañías.
APRA representa a cerca de 1.000 repartidores. Según asegura Mateo, junto con otras asociaciones, como Asoriders, alcanzan a los 4.000 o 5.000 trabajadores, aunque sostienen que sus reivindicaciones son respaldadas por el 70 % del colectivo, a pesar de que muchos de ellos no estén asociados.
Dos bandos enfrentados
Entre los trabajadores existe una división irreconciliable. A un lado se encuentran los que son partidarios de continuar siendo autónomos, mientras que otros luchan por ser asalariados y así aumentar sus derechos laborales.
En un bando se encuentran los trabajadores miembros de las asociaciones que han convocado la protesta de hoy, así como otras, como Asoriders. Entienden que facturan más siendo autónomos y creen que los partidarios de la otra opción no son los 'riders' que más facturan, por lo que están a favor de no imponer un régimen concreto y que cada uno elija el que más le convenga.
En la otra parte se encuentran aquellos 'riders' que consideran que su relación con estas plataformas es laboral y, por lo tanto, quieren que se respeten todos los derechos que este tipo de relación ofrece, como seguros, horarios, salario, vacaciones y otros.
Desde Ridersxderechos, un movimiento nacido hace cinco años y que desde entonces ha estado promoviendo movilizaciones para que se reconociera el carácter laboral de su relación con las plataformas, argumentan que las manifestaciones de hoy "están promovidas directamente por las empresas": "Las consideramos un paro patronal", afirma Dani Gutiérrez, portavoz de esta organización, porque "estas asociaciones son promovidas por las empresas y son utilizadas para defender un modelo que es fraudulento", dice.
En España hay alrededor de 30.000 'riders', que según la legislación vigente no pueden escoger su régimen, al igual que el resto de trabajadores del país, sino que éste viene determinado por el tipo de relación laboral existente con la compañía para la que trabajan.
Como sostiene Gutiérrez, "no hay ninguna ley que prohíba ser autónomo" a ningún trabajador, sino que lo que es ilegal es que existan falsos autónomos. "Si las empresas quieren contratar a autónomos de verdad, pueden hacerlo", recalca.
Además, el portavoz de Ridersxderechos relata que aunque no se apruebe ninguna nueva normativa ya son trabajadores asalariados "porque lo dice la ley": "44 sentencias favorables de los tribunales y la Inspección de Trabajo", explica.
De hecho, Gutiérrez cree que las reivindicaciones de las asociaciones convocantes de las marchas de esta jornada son las mismas que ya se recogen en el convenio colectivo de transporte de mercancías y que la flexibilidad que dicen querer mantener "es ficticia": "¿Qué hay de flexible en trabajar 80 horas semanales? Claro que tienen que trabajar para varias plataformas, con una no pueden ganar un sueldo digno", apostilla.
Sin embargo, también son críticos con la nueva ley anunciada, porque lo único que hace, según el borrador conocido hasta la fecha, es aplicar la sentencia del Tribunal Supremo, que declaró la relación laboral existente entre un 'rider' y la empresa Glovo y creó jurisprudencia, al articulado del Estatuto de los Trabajadores, argumentan. Así, se denuncia que se haga una ley para algo que ya existe, mientras que se deja fuera de la normativa otras reivindicaciones del sector.
Entre estas otras demandas se encuentra el establecimiento de un registro de plataformas digitales y, sobre todo, que los trabajadores tengan acceso al algoritmo utilizado por aquellas, es decir, tener conocimiento del sistema utilizado para puntuar servicios o para imponer sanciones, como la adjudicación de menos horas de trabajo.
El sistema que emplean mayoritariamente estas plataformas en la actualidad, "está hecho por las empresas para vulnerar los derechos laborales y no pagar las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores. Así, los ingresos del Estado caen en picado. Aquí pierde todo el mundo", resume Gutiérrez.