El expresidente de Perú, Alberto Fujimori (1990-2000), aplicó una política de planificación familiar violatoria de los derechos humanos que lo único que buscaba era esterilizar a mujeres de escasos recursos para que su gobierno pudiera demostrar una reducción de la pobreza.
Así de tajante ha sido la acusación del fiscal Pablo César Espinoza Vázquez en la primera audiencia del proceso en el que se buscará enjuiciar al expresidente y a varios de sus exfuncionarios, implicados en la esterilización masiva y forzosa en contra de más de 1.300 mujeres.
Al exponer en el primer día del juicio, y en presencia de algunas víctimas, el fiscal explicó que las políticas de población aplicadas en los años previos al gobierno fujimorista no buscaban metas cuantitativas con respecto al control de la natalidad.
Por el contrario, dijo, bastó que Fujimori llegara al poder para que esta visión cambiara, ya que desde el principio advirtió que quería que los años 90 fueran "la década de la planificación familiar", premisa que incluso quedó escrita de manera oficial en resoluciones ministeriales.
Recordó que en 1995, al comenzar su segundo periodo de gobierno, el expresidente ofreció un mensaje a la nación en el que priorizó su estrategia de control de la natalidad, al afirmar: "Qué penoso ver a niños hambrientos y desamparados viviendo en la calle, algunos germinando como delincuentes. Está en nuestras manos obrar con realismo para que las familias de escasos recursos y de menor nivel educativo tengan acceso a los mismos método de planificación familiar que las clases de altos ingresos".
Esta idea preconcebida desde el poder, advirtió el fiscal, "tenía la intención de reducir la tasa de natalidad y así disminuir los niveles de pobreza para mostrar evidencias del crecimiento económico del país". "La implementación y aplicación se tornó política de Estado, la intención era esterilizar a todos los pobres porque no hay agraviadas de otros sectores sociales", agregó.
Espinoza Vázquez explicó que, a partir de esta política, miles de mujeres pobres, muchas de las cuales ni siquiera hablaban español, fueron seleccionadas y captadas para ser sometidas a métodos forzosos de esterilización quirúrgica que jamás pidieron ni se les consultaron.
Cargos
Por todo ello, el fiscal formalizó la denuncia penal en contra de Fujimori por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud; lesiones graves seguida de muerte contra cinco mujeres y por lesiones graves contra 1.300 agraviadas.
Las mismas imputaciones enfrentan los exministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga; y Segundo Aliaga y Magda González, exfuncionarios de menor rango del mismo ministerio.
La Defensoría del Pueblo calcula que entre 1995 y 2000 hubo más de 270.000 operaciones de ligadura de trompas y más de 22.000 vasectomías que fueron aplicadas forzadamente a personas pobres a través del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar.
Hasta el momento, unas 8.000 se han inscrito en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos abrió desde el año 2016, y recibirán una indemnización.
En su sustentación, el fiscal precisó que en este proceso se analizarán los delitos en contra de 1.300 víctimas, pero será el juez Rafael Martínez quien decidirá si lo lleva o no a juicio.
Fujimori no estuvo presente en la primera audiencia, que se realizó vía remota, ya que su abogado César Nakazaki explicó que no considera que deba ser procesado por las esterilizaciones masivas.
El expresidente ya ha sido condenado a penas de entre seis y 25 años de prisión en cinco juicios en los que fue encontrado culpable de delitos de corrupción y violaciones de derechos humanos.