Venezuela rechazó este miércoles que el Gobierno de EE.UU., presidido por Joe Biden, renovará el decreto de "emergencia nacional" que considera al país suramericano como "una amenaza inusual y extraordinaria" para Washington. Esa orden ejecutiva fue la que, en 2015, abrió las puertas a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra Caracas.
"Es lamentable que el nuevo Gobierno de los EE.UU. con esta medida, continúe alejándose de la diplomacia y reiterando el modelo de agresión de la Administración pasada que ha causado grandes daños al pueblo de Venezuela", afirmó la Cancillería en un comunicado.
El texto enfatiza que esta medida ha puesto en riesgo áreas vitales como la alimentación y salud. "El decreto, contrario al derecho internacional, constituye una afrenta al sistema multilateral y debe ser derogado", agregó la cartera.
Venezuela lamentó que Biden ignore "el claro llamado" realizado por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el Impacto Negativo de las Medidas Coercitivas Unilaterales en el Disfrute de los Derechos Humanos, Alena Douhan, quien instó a "levantar de manera inequívoca" estas sanciones arbitrarias.
Este miércoles, la Casa Blanca informó que Biden extendió por un año más la declaratoria de "emergencia nacional" respecto a Venezuela, que fue decretada por el Gobierno de Barack Obama el 8 de marzo de 2015.
Mediante la Orden Ejecutiva 13692, Washington sentó las bases jurídicas para la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela.
A partir de la declaratoria de "emergencia nacional", los mandatarios estadounidenses han emitido distintas Órdenes Ejecutivas para sancionar a funcionarios, empresas y ciudadanos venezolanos.
Consecuencias
Pese a que Washington argumentó que sancionaría únicamente a funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, las medidas unilaterales han impactado en la importación de alimentos, medicamentos y repuestos estratégicos para empresas y servicios públicos.
Por lo tanto, las sanciones no solo han tenido un efecto devastador en la economía, sino que los venezolanos han padecido de manera drástica las consecuencias de estas medidas coercitivas, que le han generado pérdidas al país por el orden de los 100.000 millones de dólares.
En este contexto, en febrero de 2020, el Gobierno de Venezuela interpuso ante la Corte Penal Internacional de La Haya una denuncia contra las autoridades de EE.UU. por "crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano".