El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por no llevar "a cabo una investigación efectiva" en el caso de una mujer que fue agredida por agentes de Policía en el marco de las protestas que tuvieron lugar en 2012. Ese año, se sucedieron las manifestaciones contra los recortes en los servicios públicos anunciados por el Gobierno de Mariano Rajoy, en una época en que se desarrolló la política de austeridad de la Unión Europea (UE) tras el estallido de la crisis económica de 2008.
Los hechos se remontan al 29 de septiembre de 2012, cuando tuvo lugar una de las manifestaciones con el lema 'Rodea el Congreso'. La demandante participó, junto con un par de amigas, en la protesta contra la aprobación de las cuentas públicas por parte del Ejecutivo. Tras la manifestación, y debido a la escalada de violencia entre manifestantes y fuerzas del orden, las tres mujeres se refugiaron en un bar.
Después de que unos manifestantes no identificados volcaran contenedores de basura en la calle donde se encontraba el establecimiento hostelero, lo que provocó varias intervenciones policiales, agentes de Policía entraron en el bar y evacuaron por la fuerza a varias de las personas que se encontraban allí, incluida la denunciante, G.J. López Martínez, tras lo que abandonaron el lugar sin realizar ningún arresto ni identificación de los evacuados. Según la demandante, los agentes de Policía la obligaron a salir del bar, la golpearon, la empujaron y la humillaron.
El 18 de octubre, López Martínez presentó una denuncia ante un juez de instrucción de Madrid, a la que se unió otra denuncia de una amiga suya, y fue acompañada de un informe de los servicios de urgencia de un hospital que detallaba que la denunciante había sufrido un traumatismo craneoencefálico y múltiples hematomas. La denuncia incluía el nombre de tres testigos, mencionaba la grabación de los hechos por un canal de televisión e indicaba el número de matrícula de un vehículo policial que se encontraba frente al bar.
A partir de ahí comenzó un complicado y largo proceso judicial, que ha llegado hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El procedimiento penal contra tres policías por un delito de violencia contra las personas, que comenzó el 16 de abril de 2013, acabó sobreseído en febrero de 2014 porque el juez consideró que no existían pruebas de la comisión del presunto delito ni de la participación de los imputados.
Las apelaciones de la demandante fueron denegadas, tanto en la Audiencia Provincial, como ante el Tribunal Constitucional, al declarar improcedente el recurso por la ausencia manifiesta de vulneración de un derecho fundamental. En ningún caso se tomó declaración a los tres testigos propuestos, ni al superior de los agentes, ni a sus compañeros, ni se solicitaron imágenes complementarias al canal de televisión, como solicitaba la demandante.
El único resarcimiento logrado fue ganar una demanda de responsabilidad pecuniaria interpuesta ante el Ministerio del Interior que ordenó que se le pagasen 750 euros en concepto de daños e intereses, por los días que había necesitado para recuperarse de las lesiones. Ahora el TEDH ha ordenado que se le abonen otros 1.000 euros para resarcirle de los daños morales.
Hasta siete años de cárcel para 21 detenidos
Esta condena a España se conoce menos de dos semanas después de que la Fiscalía haya pedido entre tres años y ocho meses y siete años y cuatro meses de cárcel para 21 de los detenidos el 25 de septiembre de 2012, en la primera manifestación con el lema 'Rodea el Congreso', que tuvo lugar tan solo cuatro días antes de los hechos que denunció López Martínez.
El Ministerio Público acusa a los imputados de los delitos de desórdenes públicos, atentado contra agente de la autoridad, resistencia y falta de lesiones más de ocho años después de que sucedieran los hechos. En ese mismo tiempo no se han investigado las denuncias de tortura y malos tratos que denunciaron haber sufrido 27 de los 35 detenidos que se produjeron en esa jornada.
La petición de condena de la Fiscalía no tiene en cuenta el tiempo transcurrido, es decir, las dilaciones indebidas en el proceso judicial por motivos no atribuibles a los acusados, un tiempo excesivo que suele ser compensado con rebajas en las peticiones de condena.
Según recoge la Fiscalía en su escrito, "sobre las 19 horas de ese 25 de septiembre unos 500 individuos arremetieron violentamente contra el dispositivo policial desplegado tirándoles vallas y arrojándoles objetos contundentes".
A uno de los imputados se le acusa de lanzar gritos, como "vamos a tomar el Congreso" y, junto a otros, lanzar objetos a la Policía, uno de sus acompañantes habría propinado una patada a un agente. A otro de los acusados le encontraron tres pilas, tras detenerle por dar una patada a un policía cuando este estaba arrestando a otro manifestante. A otro le encontraron un tirachinas después de su detención por propinar también una patada a otro agente, siempre según el texto de Fiscalía.
Otra de las personas fue detenida por saltarse el cordón policial y tirarse al suelo. Otro detenido, según afirma el escrito, golpeó con un palo a un agente, aunque este no ha sido identificado, según recoge El Salto. Otro manifestante está acusado de golpear con una maceta de albañil (una especie de martillo muy contundente) de un kilo a un agente, quien no sufrió ninguna lesión por ello. Y otra más fue arrestada por agarrar a un policía mientras practicaba una detención.
25S: continuación del 15M
El 25 de septiembre de 2012 miles de personas se concentraron en los alrededores del Congreso de los Diputados. Habían sido convocados por la Coordinadora 25S, una de las múltiples organizaciones nacidas al calor del 15M, un movimiento sin cabeza visible que reunió a los descontentos en todas las plazas del país. En esta ocasión se denunciaban los recortes aprobados por el Gobierno conservador de Mariano Rajoy.
Antes de celebrarse, la convocatoria ya se prestó a polémica. Ocho de sus organizadores fueron llamados a declarar por delitos contra altos organismos de la Nación, incluso antes de que la manifestación se llevara a cabo.
Durante la jornada 35 personas fueron detenidas y, en un principio, se anunció que serían procesadas por delitos contra la Nación. Por el camino la causa contra las ocho personas convocantes fue archivada, y la calificación de los delitos se rebajó.
Durante los días siguientes se produjeron nuevas movilizaciones en el mismo escenario y bajo el mismo lema, y un año después la Coordinadora 25S celebraba el aniversario cambiando el lema de 'Rodea el Congreso', por el de 'Jaque al Rey'.
Policías sin identificar
27 de los 35 detenidos denunciaron torturas y malos tratos. Su denuncia no ha sido investigada, pero de hacerlo se encontrará con el mismo obstáculo que la presentada por López Martínez. En esa fecha, 2012, los agentes no iban identificados de ninguna manera, de tal forma que cualquier abuso policial quedaba impune al no poderse identificar a los autores.
En 2013 cambió la normativa en España y se hizo obligatorio que los agentes porten en un lugar visible de su uniforme, como casco o chaleco antibalas en el caso de los antidisturbios, un número de identificación. Aún así la polémica ha seguido rodeando esta cuestión, debido a que durante los primeros años de su puesta en práctica se apostó por números de muy reducido tamaño e, incluso, por tipografías que dificultaban la lectura y comprensión, de tal manera, que a efectos prácticos el número de serie era ininteligible.
Aún así, a pesar de que la normativa ya lo establece, todavía continúan dándose actuaciones policiales en la que los agentes no portan ningún tipo de identificación, como han denunciado reiteradamente desde la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI).