La orden del presidente filipino Rodrigo Duterte para que las fuerzas de seguridad "se olviden de los derechos humanos" y "maten de inmediato" a insurgentes comunistas ha sido legal, según ha comentado el portavoz presidencial Harry Roque.
El pasado fin de semana la Policía de Filipinas, respaldada por las fuerzas militares, mató a nueve personas en una serie de redadas luego que el presidente Rodrigo Duterte ordenara la represalia.
"La orden para matar del presidente es legal porque estaba dirigida contra rebeldes armados", afirmó Roque, precisando que una investigación del operativo sería abierta.
De acuerdo con los agentes filipinos, todas las personas abatidas estaban asociadas con "grupos terroristas comunistas" y fueron ellas quienes abrieron fuego contra los oficiales de Policía mientras estos cumplían órdenes de registro.
En total, la Policía ejecutó al menos 24 órdenes de registro, en su mayoría por posesión de armas de fuego ilegales y explosivos, en cuatro provincias del país: Cavite, Laguna, Batangas y Rizal. Aparte de las nueve personas abatidas, que según los agentes murieron mientras estaban siendo trasladadas a hospitales, otros seis sospechosos fueron arrestados y nueve escaparon.
Por su parte, los grupos de izquierda y de derechos humanos condenaron la actuación de las fuerzas del orden y exigieron una investigación independiente sobre lo que algunos describieron como ejecuciones de activistas desarmados.
Cristina Palabay, del grupo de derechos humanos Karapatan, señaló que muchas de las personas asesinadas pertenecían a grupos políticos y de trabajadores. Según Palabay, a una pareja que lideraba un grupo de pescadores fue tiroteada por la Policía delante de su hijo de 10 años, que estaba escondido debajo de una cama.
Los rebeldes comunistas de Filipinas han estado luchando contra el Gobierno desde 1968. Recientemente el Ejército ha intensificado su campaña contra ellos con el objetivo de poner fin a la insurgencia, una de las más largas del mundo, antes de que finalice el mandato de Duterte en junio de 2022.
Organizaciones de derechos humanos han acusado reiteradamente a Duterte de matanzas extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad como parte de la campaña lanzada por el presidente contra el tráfico de drógas, que ha costado la vida a miles de personas en el país.