Declaran culpable al expresidente de la Corte Suprema de Colombia Francisco Ricaurte por el caso del 'cártel de la toga'

El Juzgado 10 de Conocimiento de Bogotá, capital de Colombia, declaró culpable al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Francisco Ricaurte, dentro del caso conocido como el 'Cartel de la Toga', y ordenó su detención inmediata.

La sentencia definitiva se conocerá el próximo 25 de marzo. La Fiscalía General de la Nación (FGN) ha pedido que se le condene a más de 23 años de prisión, que se cumplan en un centro de reclusión, además de una sanción de 562 salarios mínimos, equivalentes a más de 510 millones de pesos (poco más de 140.000 dólares).

La Procuraduría, por su parte, solicita una sentencia de 16 años de cárcel y una multa de 336 salarios mínimos, que equivaldrían a más de 305 millones de pesos (más de 84.000 dólares).

Luego de más de dos años de juicio, Ricaurte fue encontrado culpable de los delitos de "concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, en concurso homogéneo; utilización indebida de información privilegiada y tráfico de influencias", informó la FGN en una nota de prensa.

De acuerdo con la institución, Ricaurte, junto a algunos funcionarios judiciales y un grupo de abogados, "promovió y dirigió una organización criminal que, en al menos tres oportunidades, recibió dádivas para interceder en el curso de procesos penales contra aforados constitucionales", es decir, que pidieron altas sumas de dinero por favorecer a personas que estaban bajo investigación.

Ricaurte, junto con el exmagistrado y también expresidente de la CSJ Leonidas Bustos, habría promovido una organización criminal al interior del sistema judicial para manipular procesos a cambio de los millonarios sobornos, según información de la FGN. En esta red, que aparentemente operó entre 2013 y 2016, presuntamente se incluyó al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y a otras personas.

Moreno declaró contra Ricaurte, acogiéndose a un principio de oportunidad. La FGN señala que el exfiscal era el encargado de contactar a los procesados y recibir los pagos de parte de estos y, por cada caso, la suma de dinero se distribuía entre el extitular de la CSJ y las demás personas que conformaban la estructura criminal.

Los casos de corrupción

Entre los casos en los que se habría corroborado la corrupción se encuentra el millonario pago que hizo el excongresista Álvaro Ashton para dilatar, archivar o prescribir una investigación en su contra, por presuntos vínculos con grupos paramilitares.

También hubo un pago por parte del exsenador Musa Besaile Fayad, con el objetivo de frenar una orden de captura en su contra por parapolítica.

Y un tercer caso es el del exgobernador de Valle de Cauca Juan Carlos Abadía, quien pagó para supuestamente dilatar un proceso por corrupción.