La administración estadounidense de Joe Biden envió un mensaje contradictorio a todos los migrantes que aspiran llegar a EE.UU. en busca de mejores condiciones de vida.
El miércoles, mientras por un lado se informó sobre la reactivación del Programa para Menores de Centroamérica (CAM, por sus siglas en inglés), que fue cancelado durante el gobierno de Donald Trump (2017-2021), mediante el cual niños y adolescentes de El Salvador, Guatemala y Honduras se podrán reunir con sus padres residentes en territorio estadounidense; por otro, reiteran que la frontera sur está cerrada e instan a no cruzarla.
Roberta Jacobson, quien es asistente especial de Biden y coordinadora para la Frontera Sur en el Gobierno estadounidense, fue la encargada de hacer ambos anuncios.
"Realmente, no deben llegar ahora, porque la frontera está cerrada y, lamentablemente, va a tomar tiempo para abrir los otros caminos que son legales; pero tenemos que, también, subrayar que hay cosas que podemos hacer ahora mismo y uno es ese programa de jóvenes menores de Centroamérica que estamos reabriendo", manifestó la funcionaria estadounidense.
Asilo, pero no para todos
Por otro lado, en febrero pasado, la Administración Biden puso fin al plan del gobierno anterior, que expulsaba a México a los inmigrantes solicitantes de asilo.
Desde entonces el gobierno estadounidense intenta procesar 300 solicitudes al día y se calcula que entre 20.000 y 25.000 personas podrán beneficiarse de esta decisión.
Sin embargo, la medida solo beneficiará a quienes tengan casos abiertos de solicitud.
RT conversó con Carmen Ochoa, inmigrante hondureña, que llevaba dos años en el campamento de Matamoros, al norte de México, y no se pudo beneficiar de la política de Biden porque su caso fue cerrado.
"Pues mi caso ya está cerrado. No me dieron tiempo de poderme defender, yo no tuve la oportunidad de buscar un abogado, yo solo fui a las dos cortes y a la segunda corte me dieron orden de deportación, mi caso ya está cerrado", lamentó. Su hija, de quien se separó hace un año, se quedó en EE.UU., en una situación muy difícil.
Las autoridades estadounidenses no tienen, de momento, la intención de reabrir casos como el de Ochoa, quien afirma que no quiere regresar a Honduras.
"Me matarían si yo regresara a mi país. Si yo pudiera regresar a mi país, hace tiempo lo hubiera hecho. No estaría aquí aguantando frío, angustiada", enfatizó.
La abogada Liliana Montecinos señala que, como Ochoa, hubo más de 50.000 personas cuyos casos se perdieron y les fue negada la oportunidad de aplicar para el asilo.
"Aunque Biden ha hecho muchos cambios que favorecen a los inmigrantes, todavía tenemos problemas abismales, todavía siguen ocurriendo las expulsiones por el título 42, que Trump implementó como pretexto de la pandemia para expulsar a todo inmigrante que estuviera ingresando a EE.UU.; seguimos teniendo la carga pública, seguimos teniendo muchas demandas pendientes", comentó.
La Administración Biden también afronta el complicado reto de reunir a los niños que fueron separados de sus padres al cruzar la frontera, por la política de tolerancia cero que heredó del gobierno de Trump; así como la gestión de los menores inmigrantes no acompañados.
El principal problema es que el Ejecutivo está abriendo instalaciones temporales para alojar a estos menores, que habían sido cerradas en la anterior legislatura, tras fuertes críticas y denuncias de presuntos abusos sexuales, hacinamiento, entre otras cuestiones.
Lo que dice México
Desde México ven con preocupación las decisiones de la Administración Biden sobre la migración.
El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo a principios de marzo, en una de sus conferencias de prensa matutinas que, en la conversación que tuvo con su homólogo estadounidense le comunicó que muchos lo ven como el "presidente migrante" y que ha generado "muchas expectativas".
Señaló que con las medidas estadounidenses, "muchos sienten que van a llegar a EE.UU.", lo que, a su juicio, incide en el aumento del número de indocumentados al norte de México, con la esperanza de cruzar al país vecino.
El Gobierno mexicano teme que estas políticas de EE.UU. alimenten las incursiones ilegales y el crimen organizado.
"Tenemos que trabajar juntos para ordenar el flujo, porque no se puede, de la noche a la mañana, enfrentar este asunto, lleva tiempo y se tiene que elaborar un plan general", indicó López Obrador.