Un juez suspendió la nueva Ley de la Industria Eléctrica un día después de su entrada en vigor, por lo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este viernes investigar al magistrado.
"Vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces porque sería el colmo de que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares", dijo López Obrador en su conferencia matutina.
El presidente consideró que la decisión del juez, quien alegó que la nueva ley afecta la competencia y el desarrollo del sector en el país, obedece a los intereses de empresas privadas extranjeras.
"Están muy molestos los dueños de las empresas extranjeras y también algunos mexicanos, pero la verdad es que estaban abusando vendiendo cara la energía eléctrica, recibiendo subsidio. Ellos fueron beneficiados con contratos leoninos", añadió López Obrador.
Según el mandatario mexicano, estos jueces especializados en el ámbito de la competencia surgieron tras la aprobación de la reforma energética de 2014, que permitía una mayor participación de las empresas privadas en el sector energético, como una medida para proteger los intereses de los particulares beneficiados con dicha reforma.
"Estos jueces se crearon, surgen, cuando se lleva a cabo la reforma energética para proteger a las empresas particulares, extranjeras, no para proteger y defender el interés nacional. Entonces apenas se está publicando la reforma y ahí va el amparo", reprochó el presidente.
Asimismo, el mandatario indicó que su propuesta de ley, aprobada en el Congreso, no busca revertir la reforma que abrió el sector energético a la iniciativa privada, sino simplemente, acotarla para impedir un daño al Estado.
¿Qué dice el fallo judicial?
Juan Pablo Gómez Fierro, juez de distrito segundo en materia administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, admitió la demanda de amparo por considerar que afecta la competencia y el desarrollo del sector, "que es precisamente uno de los efectos adversos que esta medida cautelar busca evitar".
La suspensión se ordenó un día después de que el pasado 9 de marzo fuese publicada la ley, que da prioridad a la Comisión Federal de Electricidad por encima de empresas privadas en lo referente a la generación de electricidad. La normativa desató una nueva polémica en México y fue calificada como una "contrarreforma energética".
Las suspensiones fueron otorgadas a las empresas privadas Eoliatec del Pacífico y Parque Solar Orejana, pero el juez señaló que los recursos aplican para el resto de las empresas que participan en la industria eléctrica nacional.
Sin embargo, el fallo puede ser impugnado ante un tribunal colegiado. Tras las suspensiones provisionales, el Congreso y el Ejecutivo pueden impugnar la medida, lo que se tendría que atender en un plazo no mayor a 48 horas.
La reforma aprobada recientemente da prioridad a la generación de las plantas viejas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las centrales privadas de energías renovables. También da mayores facultades al Gobierno federal para revisar los contratos entregados a empresas privadas, que han causado un daño financiero mayor a los 20.000 millones de dólares a la compañía eléctrica estatal.