Las autoridades mexicanas solicitaron a la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra información sobre 23 personas del país latinoamericano, que presuntamente habrían depositado millones en cuentas del principado europeo.
"Se ha solicitado información a la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra por las 23 personas que fueron mencionadas en medios de comunicación en días pasados, para obtener la información correspondiente", dijo Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, durante una conferencia de prensa por la presentación de una guía para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita durante el proceso electoral.
El caso al que hizo alusión el funcionario involucra al político mexicano Manlio Fabio Beltrones, quien fuera legislador y presidente del PRI, así como a su hija, la actual senadora Sylvana Beltrones, quien habría ocultado 10,4 millones de dólares en 2009 en la Banca Privada d’Andorra (BPA), según una investigación publicada por El País.
En 2009, Sylvana tenía 26 años y no ocupaba ningún cargo político, mientras que su padre era líder del PRI en el Senado y uno de los políticos más poderosos del país en ese entonces.
La legisladora rechazó los señalamientos y aseguró que su único posible vínculo con Andorra era una cuenta bancaria, que abrió en ese país para cobrar una liquidación de una tienda de artículos de hogar en Ciudad de México.
Las cuentas incautadas
El 21 de enero de este año, Salvador Padilla Estrada, representante legal de un grupo de personas que guardaban dinero en BPA, aseguró que las autoridades de Andorra expropiaron 2.000 millones de euros a 23 mexicanos de manera indebida, de acuerdo con una entrevista publicada en Forbes.
El dinero incautado no ha podido ser liberado "por una decisión política", de acuerdo con el litigante.
"Todo ese dinero viene del trabajo bien habido, de herencias, de años consecutivos de inversiones y de buenas decisiones. Un día, el Gobierno de Andorra, confundiendo la posible comisión de un delito fiscal como lavado de dinero, decidió que todos los empresarios habían blanqueado capitales, una cosa que es un absurdo", relató Padilla.
El abogado dijo que algunos de sus 23 representados "tienen la condena social por participar en algunos cargos públicos", pero destacó que muchos otros son empresarios, de los que se reservaba el nombre "y los montos de su dinero ahorrado".
La confiscación de estos recursos se remonta a una investigación más amplia, iniciada en 2015, cuando EE.UU. acusó a directivos de BPA de participar en presuntas operaciones de lavado de dinero, lo que ocasionó que las autoridades de ese país tomaran el control de la entidad e indagaran una serie de operaciones irregulares.
En este contexto, las cuentas de varios ciudadanos mexicanos llamaron la atención de la Policía de Andorra, por ser sospechas de tener alguna procedencia ilícita. De momento, no se ha revelado oficialmente la lista de esas 23 personas, aunque algunos periodistas especulan que podrían encontrarse otras figuras clave de la política mexicana.
Manuel Hernández Borbolla