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El legado de Áñez: cómo operó la 'cacería' judicial contra Evo Morales y un centenar de exfuncionarios después del golpe de Estado en Bolivia

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La organización Human Rights Watch documentó cómo el Gobierno de facto usó las instituciones de seguridad y justicia para perseguir a personas vinculadas con el mandatario depuesto.
El legado de Áñez: cómo operó la 'cacería' judicial contra Evo Morales y un centenar de exfuncionarios después del golpe de Estado en Bolivia

Las imágenes de la detención de la expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez, quien ahora cumple una pena de cuatro meses en prisión preventiva por el caso del golpe de Estado contra el mandatario depuesto Evo Morales, han causado reacciones de diversa índole.

Mientras el ministro de Justicia, Iván Lima Magne, ha adelantado que su cartera pedirá "una condena de 30 años" contra Áñez por las matanzas ocurridas en Senkata, Sacaba, Montero y la Zona Sur de La Paz durante su Administración (noviembre 2019-noviembre 2020), la expresidenta ha denunciado ser víctima de "abuso y persecución política".

Sin embargo, poco se habla de cómo Áñez, después de haber instaurado su gobierno de facto tras el golpe de Estado a Morales, usó el poder judicial para perseguir a un centenar de personas del círculo cercano del mandatario depuesto.

"Que empiecen a correr"

El 14 de noviembre de 2019, dos días después de la autojuramentación de Áñez como presidenta interina de Bolivia, su ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció una "cacería" contra exfuncionarios y personas cercanas a Evo Morales. 

Sin una investigación judicial independiente y completa que acreditase sedición (como se le conoce al alzamiento contra la autoridad), Murillo aseguró que Juan Ramón Quintana, exministro de Presidencia durante la Administración de Evo Morales, y Raúl García Linera, hermano del vicepresidente Álvaro García, habían cometido ese delito tras participar en los disturbios que siguieron a la renuncia de Morales. 

"Que empiecen a correr, los vamos a agarrar. No vamos a permitir una persona más que siga haciendo sedición en el país", declaró Murillo a la prensa. 

Denuncia contra Evo

Unos días después, el 22 de noviembre de ese año, Murillo presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Departamental de La Paz contra el depuesto presidente por "sedición" y "terrorismo". 

El ministro dijo que la denuncia se realizó luego que se diera a conocer un video en el que se aprecia a un supuesto dirigente del trópico de Cochabamba, identificado como Faustino Yucra, conversando presuntamente con Morales, donde el depuesto mandatario le indica cómo organizar los bloqueos en el país para protestar contra la Administración de facto.

Asilados políticos

Asimismo, la exministra de Relaciones Exteriores del Gobierno de facto de Bolivia, Karen Longaric, informó que se habían emitido órdenes de arresto contra los políticos asilados en la Embajada mexicana, entre los que se encontraban: Wilma Alanoca, exministra de Culturas y Turismo; Víctor Hugo Vásquez, exgobernador de Oruro; y Nicolás Laguna, exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic).

En esa misma tónica, la entonces ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, amenazó a los periodistas nacionales y extranjeros que cubrían las protestas sociales, que enfrentarían la ley por supuestamente causar sedición.

"Se va a actuar conforme a ley, porque lo que hacen algunos periodistas, en algunos casos bolivianos o extranjeros, que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana", dijo Lizárraga. 

En medio de la "cacería" anunciada por la Administración de facto de Bolivia contra exfuncionarios, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ofreció asilo a Morales en México y acogió a 20 políticos en la Embajada mexicana en La Paz. 

"La Cancillería mexicana (...) ha decidido concederle asilo político por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta en Bolivia, en donde su vida e integridad corren riesgo", informó entonces el canciller Marcelo Ebrard sobre el salvoconducto. 

Agresión contra alcaldesa

En medio de la persecución judicial de las autoridades de facto, la alcaldesa por el MAS en la provincia de Vinto, Patricia Arce, fue secuestrada por opositores de Morales, quienes la sacaron de la sede del ayuntamiento y la obligaron a caminar descalza, entre piedras y vidrios, por más de siete kilómetros.

En el camino, Arce fue golpeada, rapada y hasta le arrojaron pintura roja en todo su cuerpo.

Recientemente, Arce recordó las humillaciones de las que fue víctima durante la Administración de Áñez. "Mis derechos humanos fueron vulnerados (...) y el Gobierno de facto se encargó de seguir ejerciendo una persecución política, hasta vulnerar los derechos de toda mi familia, sin respetar la edad de mis hijos e hija", tuiteó. 

El 25 de noviembre de 2019, fueron detenidos Gerardo García, vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), y el secretario de Transparencia del partido, Ramón Caro. Según anunció el jefe de la División de Lucha Contra la Corrupción de la Fuerza Anticrimen (FELCC), Luis Fernando Guarachi, fueron aprehendidos por el presunto delito de uso indebido de bienes del Estado.

Ese mismo día, la exdiputada electa del MAS por la circunscripción 52 (ciudad de Montero), Deisy Judith Choque, se encontraba dando un mensaje a periodistas en la puerta de su casa, cuando fue detenida por miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Las autoridades acusaron a Choque y a su hermano Bismarck de ser autores intelectuales y materiales de las muertes de Mario Salvatierra, de 55 años y Marcelo Terrazas, de 48, quienes fallecieron por arma de fuego el 31 de octubre durante los enfrentamientos entre partidarios y opositores de Morales, en la ciudad de Montero, departamento Santa Cruz. 

Causas contra funcionarios electorales

Además, cerca de treinta funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) fueron detenidos por supuestamente participar en un "fraude electoral" -que nunca fue comprobado-, incluyendo la expresidenta del órgano, María Eugenia Choque, así como los vocales Antonio Costas, Édgar González y Lucy Cruz.

El 13 de diciembre de 2019, la Sala Penal Segunda del Tribunal de Justicia de La Paz ratificó la prisión preventiva contra Choque, González y Cruz por delitos electorales en el caso del supuesto fraude en los comicios del 20 de octubre, cuyo caso tomó como evidencia el informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA), que apuntó a presuntas irregularidades en las elecciones, pese a que un estudio independiente documentó posteriormente que el citado dictamen del organismo fue "deficiente", estuvo basado en "datos incorrectos" y "técnicas estadísticas inapropiadas".

Uso de las instituciones

La organización Human Rights Watch señaló en un informe que el Gobierno de Áñez usó a las instituciones de seguridad y justicia de Bolivia para perseguir a personas vinculadas con Morales. 

"Ha presionado de forma pública a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus objetivos, dando lugar a investigaciones penales contra más de 100 personas vinculadas al gobierno de Morales o simpatizantes por supuestos delitos de sedición o terrorismo", acusó esta organización en el informe 'La justicia como arma: Persecución política en Bolivia', publicado el 11 de septiembre de 2020.

En el caso del mandatario depuesto, quien en ese entonces enfrentaba cargos por terrorismo, Human Rights Watch alertó que, "a la luz de las pruebas", estas imputaciones parecían "responder a motivaciones políticas". 

Reacción de la ONU

Tras el anuncio de las causas judiciales contra Áñez y los exministros de su Gobierno de facto, hubo diversas reacciones.

El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, hizo referencia a las órdenes de aprehensión de la Fiscalía boliviana, en el marco del caso del golpe de Estado. 

"Ni perdón, ni olvido. Atentar contra la democracia requiere las respuestas más fuertes y contundentes por parte del Sistema de Justicia como efectiva garantía para la no repetición", escribió Abrão en su cuenta de Twitter. 

Por su parte, el Secretario General de Naciones Unidas, António Gutérres, instó a las autoridades bolivianas a "respetar las garantías del debido proceso y la total transparencia en todos los procedimientos judiciales". 

Por su parte, el director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, apuntó que en la orden de detención de Áñez no se hacía referencia a las "graves violaciones" a los derechos humanos, ni a las "aberrantes masacres" que ocurrieron durante su Gobierno, mismas que deben ser "investigadas seriamente con pleno respeto al debido proceso".

"La orden de detención contra Áñez no se refiere a esas masacres, sino que la acusa de "terrorismo", sin aportar pruebas", agregó Vivanco. 

José Beltrán

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