La propiedad del Tren Maya será del Ejército y las ganancias de esta obra se destinarán a las Fuerzas Armadas, una decisión que ha desatado una oleada de críticas por la manera en que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha otorgado una serie de beneficios para el gremio castrense.
Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), consideró "perfecto" que una de las obras de mayor envergadura de la actual Administración "sea un premio a las Fuerzas Armadas", y defendió la idoneidad de que "el Ejército se encargue de este negocio".
"Nosotros vamos a tratar de hacer que esto sea un negocio en beneficio del mayor número de mexicanos, qué mejor que el Ejército se encargue de este negocio, nos garantiza muchas cosas y particularmente que no se privatice", dijo Jiménez Pons en entrevista con El Financiero.
El funcionario, que dirige el ente encargado de erigir la obra, detalló que todos los recursos que genere, incluidas las ganancias relacionadas con la operación del ferrocarril, serán destinadas de manera directa a los militares, sin pasar por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Militarismo y ecología
Las declaraciones del titular de Fonatur desataron una oleada de críticas y comentarios en redes, debido a que López Obrador ha otorgado una serie de privilegios y delegado una serie de tareas del ámbito civil a los militares, como ocurre también con la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
De ahí que varios especialistas consideren que existe un riesgo en la creciente "militarización" de la vida pública en México, tal como advirtió el pasado lunes la académica Catalina Pérez Correa, una de las voces más críticas del militarismo en el país e integrante del colectivo 'Seguridad sin guerra'.
No es la primera polémica que rodea al Tren Maya. Desde su anuncio y atropellado comienzo de construcción, sin que hubiese estudios previos, la obra ha generado una oleada de críticas por los posibles efectos que podría tener en la región de la Selva Lacandona, la segunda extensión de bosque forestal más grande de América, solo después de la Amazonía.
Una de las críticas más recurrentes en este sentido tiene que ver con el proceso de especulación y acaparamiento de tierras que promoverá el tren, que busca conectar a Palenque con el destino turístico de Cancún, con el objetivo de captar divisas y promover el desarrollo en el sur del México.
En algunas regiones como en Bacalar, Quintana Roo, el precio de los terrenos se ha disparado 350 % en los últimos dos años, según estima el Colegio de Ingenieros Civiles de Quintana Roo Zona Sur.
De acuerdo con datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), los efectos del Tren Maya pueden ocasionar un proceso de deforestación en una extensión de 2.500 hectáreas de selvas húmedas y secas, además de conflictos sociales por tenencia de la tierra, ya que el 53 % del trazo del tranvía se encuentra sobre terrenos ejidales.
Ante los cuestionamientos, el Gobierno mexicano ha señalado que el modelo de ordenamiento territorial implementado en la construcción del Tren Maya permitirá, "que los beneficios del proyecto se repartan de una manera más equitativa entre los habitantes de las comunidades".
Sin embargo, las autoridades que gestionan el proyecto del Tren Maya reconocen que a la fecha existen 23 recursos legales, promovidos por 13 colectivos ubicados en Campeche, Yucatán y Chiapas, para detener las obras de construcción ante el temor de algunas comunidades a padecer "desalojo forzoso" durante las obras.
Manuel Hernández Borbolla