¿Asalto a la democracia? La propuesta de extensión del mandato de Iván Duque revoluciona el Congreso de Colombia

En medio de la convulsión que generó en Colombia la propuesta de un grupo de diputados para extender el mandato presidencial y el rechazo de varias bancadas del Congreso, el presidente Iván Duque ha mantenido silencio y han sido dos miembros de su Gobierno quienes han salido a ofrecer explicaciones.

El pasado jueves, un grupo de treinta senadores, principalmente conservadores, radicó ante el Congreso un proyecto de ley que había sido asomado desde hace un mes por las federaciones de Municipios y de Departamentos, entes privados que agrupan a autoridades locales y regionales.

En el documento, que ha sido difundido por los medios, se pide unificar las elecciones y ampliar los lapsos de varias autoridades públicas. De ser aprobado, se extenderían de cuatro a cinco años los periodos de:

• Senadores.
• Representantes a la Cámara.
• Diputados.
• Gobernadores.
• Concejales.
• Alcaldes.
• Representantes de las juntas administradoras locales.
• Alcalde mayor.
• Concejales de Bogotá.

Sin embargo, la polémica y el acalorado debate, que salió de la sede del Congreso a las redes, se centró en la modificación del mandato del presidente colombiano. Legisladores, políticos, analistas, periodistas y expertos en derecho han catalogado la propuesta como una "dictadura", un "golpe de Estado" y un "asalto a la democracia" y las instituciones.

Actualmente, la primera vuelta presidencial en el país suramericano está prevista para mayo de 2022. Sin embargo, esta proposición plantea que se realicen unas megaelecciones regionales y parlamentarias en 2024.

Los actuales alcaldes y gobernadores fueron electos en octubre de 2019, por lo que corresponde elegir a las nuevas autoridades en 2023 para que se posesionen en enero de 2024. En cuanto a las legislativas, están previstas para marzo de 2022.

¿Qué dice el proyecto?

En el texto hay un preámbulo sobre la "grave afectación económica", producto de la pandemia, y la necesidad de un "fortalecimiento institucional" para paliar "la actual coyuntura".

Los firmantes sostienen que su propuesta de alargar los mandatos y periodos de las autoridades busca una "colaboración armónica entre los órganos del Estado, preservando el equilibrio de poderes" para "fortalecer la capacidades de las autoridades públicas para implementar y establecer políticas".

La modificación constitucional propuesta es integral y plantea cambiar los periodos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Electoral y de los organismos de control.

El tema económico también prevalece en la iniciativa de reforma de la Carta Magna. Se argumenta que las elecciones de 2019 costaron 820.000 millones de pesos (unos 238 millones de dólares) y los procesos comiciales de 2018, cerca de un billón (280 millones de dólares).

Según quienes apoyan este proyecto, pasando de cuatro a cinco años se reduce un proceso electoral cada 20 años, lo que significa un ahorro de 1,8 billones de pesos (unos 500 millones de dólares) por cada elección no realizada.

La aclaratoria del Gobierno

En medio de la avalancha de reacciones adversas, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y el ministro del Interior, Daniel Palacios, sentaron la posición del Gobierno, sin que el mandatario lo hiciera por su cuenta aún.

En un par de trinos que fueron retuiteados por la cuenta institucional de la Presidencia de Colombia, Ramírez escribió que los periodos del mandatario y el suyo, que en Colombia es de elección popular dentro de la fórmula presidencial, finalizan el 7 de agosto de 2022. "Ni un día antes ni uno después. Respeto profundo por nuestra democracia".

Palacios, cuyo cargo es nombrado por el presidente, publicó un tuit muy parecido donde afirmó que el Gobierno estaba enfocado en "la vacunación masiva, la reactivación segura y la transformación social sostenible".

¿Qué dijeron los diputados?

En las redes las reacciones no han parado desde que la propuesta fue radicada ante el Congreso la víspera. Los comentarios en contra agrupan a miembros de distintos sectores de la oposición, que van desde la izquierda hasta el centro, pero también a aliados del Gobierno.

La representante a la Cámara por Bogotá por el centrista Partido Verde, Juanita Goebertus, aseveró que no dejarán desde el Parlamento que miembros de los partidos Conservador, Liberal, de la U, Cambio Radical y Centro Democrático amplíen a cinco años "todos los cargos de elección popular y órganos de control. ¡No permitiremos quiebre de la democracia!".

Su compañero de bancada, Mauricio Toro, publicó que este proyecto es "un golpe de Estado perfumado" que atenta contra la institucionalidad.

Opinión similar tuvo el representante a la Cámara por Bogotá, de la misma agrupación política, Freddy León, quien calificó como una "vergüenza" alargar el periodo de Duque, cuando "Colombia está sufriendo con este Gobierno, el pueblo está sumido en la miseria, la corrupción y el abandono estatal".

La izquierda, desde la presidencia del movimiento Comunes, surgido tras la firma del Acuerdo de Paz e integrado por exmiembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), advirtió que "el futuro del país está en riesgo".

Sin embargo, no todas las críticas se hicieron desde los sectores normalmente adversos a Duque. También hubo pronunciamientos de miembros del Partido Liberal y del gobernante Centro Democrático, organización liderada por el expresidente Álvaro Uribe.

El senador liberal Andrés Cristo dijo que la "democracia está en peligro, si esta iniciativa sigue adelante".

Al respecto, el Representante a la Cámara por el derechista Centro Democrático Gabriel Santos tildó la proposición de "asalto a la democracia sin precedentes" y pidió no abusar del Congreso "para dar este golpe de Estado".

Nathali Gómez

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