La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que está juzgando al Estado colombiano por el caso de secuestro, tortura y violación de la periodista Jineth Bedoya, rechazó este miércoles el planteo gubernamental de recusación de jueces del tribunal internacional y declaró como "improcedente" el pedido para remitir el pedido a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Con ese tono, la resolución dice que corresponde a la CIDH y sus actuales magistrados continuar con el caso "hasta su conclusión", desestimando la postura del Gobierno de Iván Duque. Entre otras cosas, su administración había planteado la "nulidad de todo lo actuado", algo que la Corte también denegó.
"El Gobierno debería avergonzarse"
El polémico rol adoptado por Colombia despertó una lluvia de críticas luego de que su defensa se retirara este lunes de las audiencias, en las cuales era interrogada por los jueces. De hecho, el Estado también pidió borrar del expediente esos cuestionamientos, sin éxito.
En los últimos días, la Corte organizó tres jornadas donde la víctima tuvo la oportunidad de relatar su denuncia ante las máximas autoridades de la región en materia de derechos humanos. Allí, Colombia también tenía la chance de exponer su postura y versión de los hechos, pero abandonó el procedimiento en una acción sin precedentes, por considerarla sesgada y parcial.
"El Gobierno de Iván Duque debería avergonzarse de lo que hizo ante la CIDH en el caso de Jineth Bedoya", expresó el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco. "Llevo 25 años litigando ante la CIDH y esto es insólito", dijo la abogada de Bedoya, Viviana Krsticevic, en una entrevista con El Tiempo.
En la Historia de la @CorteIDH Nunca un Estado se había levantado de una audiencia; Hoy en el caso de @jbedoyalima lo hizo Colombia, además Colombia recusa a magistrados, pero pese a esto, la Presidenta de la @CorteIDH afirmó que la audiencia continúa. pic.twitter.com/A1h738ikgY
— Human Rights International 🕊 (@HRI_ONG) March 15, 2021
Además, el miércoles la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) sacó un comunicado público instando a la víctima "a buscar una solución amistosa".
El Estado colombiano invita a @jbedoyalima a buscar una solución amistosa: 👇 pic.twitter.com/u75KcqZzqW
— ANDJE (@AgenciaDefensaJ) March 17, 2021
La periodista respondió con contundencia: "Los canales escogidos por el director de la ANDJE no son los apropiados en el marco de un litigio en curso y denotan las malas prácticas de la defensa del Estado".
Los hechos
La reportera fue atacada el 25 de mayo del 2000 junto a un centro penitenciario de Bogotá conocido como 'La Modelo', mientras aguardaba para hacer una entrevista. Bedoya estaba investigando la masacre de 32 presos, y por esos días también escribía sobre el tráfico de armas en centros de reclusión y la situación crítica de muchos penales. Antes, había recibido amenazas, y la Policía le habría recomendado encontrarse con un referente paramilitar detenido para que finalizaran los hostigamientos.
Una vez en el lugar, la reportera fue abordada por una mujer y un hombre armados, quienes la trasladaron a una bodega cercana y la golpearon. Luego, se la llevaron con un automóvil fuera de la capital, y fue víctima de violaciones reiteradas. En su declaración ante la Corte, Bedoya contó: "Me decían que los periodistas se metían donde no debían". Hoy, está convencida de que un funcionario policial ordenó su privación ilegítima de la libertad.
Para la Comisión Interamericana, el Estado "es responsable"
El caso llegó de forma reciente a la CIDH tras la falta de respuestas del Poder Judicial nacional. En más de 20 años, se produjeron tres condenas contras autores materiales, pero no se indagó sobre quiénes planificaron el secuestro y qué motivaciones tenían.
Por eso, la víctima demandó al país, tras ver negado su derecho a la verdad, la justicia y reparación de los daños padecidos. Se trata de un reclamo procedente, ya que esa nación forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es decir, reconoce la autoridad de la Corte como tribunal superior.
Previamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —que analiza las denuncias antes de trasladarlas a la Corte— consideró que Colombia "es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, vida privada, libertad de expresión, igualdad ante la ley, garantías judiciales y a la protección judicial". Por ello, es muy probable que el Estado reciba una sentencia condenatoria, que sería inapelable.
Por su parte, en las últimas dos décadas Bedoya se convirtió en una de las voces más influyentes de la región contra la violencia hacia las mujeres. De hecho, lidera la campaña 'No es hora de callar', donde se reciben denuncias de abusos sexuales y violencia de género en el marco del conflicto armado colombiano.
Si te ha parecido interesante, compártelo con tus amigos.
