La próxima ley de vivienda se ha constituido en un escollo entre los dos socios de Gobierno en España, el Partido Socialista y Unidas Podemos (UP). Ambos establecieron en su acuerdo de investidura abordar la difícil situación en que se encuentra el mercado del alquiler en el país, pero ahora han surgido choques en el planteamiento de las dos formaciones para abordar el problema.
La propuesta socialista ha sentado mal en el seno de la formación liderada por Pablo Iglesias, que acusa al presidente Pedro Sánchez de no estar cumpliendo el compromiso adquirido, mientras que desde la parte socialista se intenta rebajar las tensiones y se argumenta que ambos están de acuerdo en el fin, pero que simplemente difieren en los medios para alcanzarlo.
Propuesta socialista
La medida estrella que propone el Partido Socialista se centra en bonificar fiscalmente a los propietarios de vivienda en alquiler residencial.
La propuesta ha sido coordinada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y su objetivo es estimular el alquiler de vivienda habitual a precios asequibles. Para ello, propone que la deducción actual del 60 % de la que disfrutan actualmente estas ganancias se sitúe en el 50 % de manera general, mientras que pueda aumentar hasta el 90 % para aquellas viviendas de zonas tensionadas, que sitúen su precio hasta un 10 % por debajo del precio de mercado.
Asimismo, la iniciativa se completa con un recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) -un tributo que se paga anualmente a los municipios por la propiedad- para aquellos propietarios que mantengan una vivienda vacía. Este recargo podría ser aplicado a potestad de los Ayuntamientos, pero es necesario primero una regulación estatal que indique qué es una vivienda vacía y a qué tipo de propietarios podría imponérsele.
Acuerdo con Unidas Podemos
La proposición de ley que barajan los socialistas choca frontalmente con las medidas exigidas desde Unidas Podemos. La formación de Iglesias aboga por poner tope directamente a los precios de las viviendas en alquiler en aquellas zonas tensionadas.
Argumentan que esta medida estaba expresamente recogida en el acuerdo que firmaron antes de apoyar la investidura como presidente de Pedro Sánchez y que los socialistas estarían traicionando su palabra. "El acuerdo está para cumplirse porque no hacerlo es faltar el respeto a los ciudadanos", ha esgrimido rotundamente Iglesias.
Desde UP se argumenta que las bonificaciones fiscales hacen que todos los contribuyentes paguen las bajadas de ingresos de los grandes tenedores de vivienda del país y que, además, no aseguran que éstos vayan a bajar los precios.
Situación del alquiler en España
La situación del alquiler en España es dramática para una buena parte de la población, sobre todo para quienes viven en los grandes núcleos urbanos, como Madrid y Barcelona. Con un salario mínimo de 950 euros al mes y unas retribuciones que apenas han crecido en los últimos cinco años, se encuentran unos precios de la vivienda que han subido más del 50 % en ese mismo periodo.
Si tras la crisis económica de 2008 se asistió a miles de desahucios de familias que no podían hacer frente al pago de la hipoteca de unas viviendas compradas en pleno 'boom' inmobiliario, a partir de entonces la burbuja se trasladó al alquiler y, durante los últimos años, los desahucios se han dado por no poder hacer frente estas mensualidades.
El pasado día 10 de marzo se conoció que la ONU condenaba por quinta vez a España por vulnerar el derecho a la vivienda de una familia con cuatro hijos, a la que se desahució sin proveerles de una alternativa habitacional.
Diversas organizaciones, como el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, se han mostrado en total desacuerdo con la propuesta que parte de la cartera de la que es titular José Luis Ábalos. Achacan la tibieza de la iniciativa a la presión que están ejerciendo los fondos buitres y los bancos, que actualmente son las grandes inmobiliarias del país, que no quieren que sus beneficios se vean reducidos.
Por ese motivo, este sábado hay convocadas manifestaciones en diversas ciudades del país a favor de la regulación del precio de los alquileres, y por una ley de vivienda que sea garantista para los inquilinos.
¿Crisis de Gobierno?
La propuesta para hacer frente al crecimiento de los precios de los alquileres ha llegado tan solo unos días después de que Pablo Iglesias anunciara su intención de salir del Gobierno de coalición y dejar la vicepresidencia que ocupa, para presentarse como candidato a las elecciones anticipadas convocadas en la Comunidad de Madrid para el próximo 4 de mayo.
A pesar de haber pasado una de las pruebas de fuego anuales, con la aprobación de los Presupuestos Generales, las tensiones en el seno del Gobierno bicolor parecen multiplicarse en los últimos días y el de ahora es uno de los mayores enfrentamientos.
El acceso a la vivienda a precios asequibles es una de las históricas reivindicaciones del partido liderado por Iglesias. De hecho, cuando anunció su abandono de la vicepresidencia afirmó que se quedaría en el cargo hasta el inicio de la campaña electoral, precisamente para cerrar la negociación de este asunto.
Sin embargo, no solo hay desencuentro sobre si limitar o no los precios, también hay batalla sobre la definición de vivienda vacía o las obligaciones de los grandes propietarios con el alquiler social. Asimismo, se negocia sobre la prohibición de los desahucios de personas vulnerables cuando no existe alternativa habitacional.
En cualquier caso, los socialistas necesitan del apoyo de UP, además del de otras formaciones minoritarias como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) o Partido Nacionalista Vasco (PNV) para sacar adelante su propuesta en el Congreso de los Diputados, por lo que se prevén nuevos asaltos en esta negociación.