Grupos irregulares colombianos atacan un puesto de la aduana fronteriza en Venezuela

Un ataque con explosivos fue ejecutado durante la noche de este martes contra una aduana fronteriza de Venezuela en el municipio José Antonio Páez del estado Apure, localidad que se encuentra en la zona limítrofe sur con Colombia, a orillas del río Arauca.

De acuerdo a información reseñada por medios venezolanos, el atentado fue ejecutado durante la noche de este martes contra la sede del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), en la que funcionaba la aduana principal "El Amparo de Apure", y la subalterna, "La Victoria".

Además, del otro lado de la sede aduanera también funcionaba un punto de control de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que fue parcialmente destruido.

Hasta el momento se desconocen las razones del atentado que dejó sin suministro eléctrico a la zona, pero extraoficialmente se atribuye la acción a grupos irregulares colombianos que intentan entrar a territorio venezolano.

"No se está golpeando a un movimiento de izquierda"

Tras el ataque, el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, declaró que "ningún grupo armado", sin importar "su ideología política, naturaleza u origen", podrá posarse dentro del territorio venezolano para delinquir.

La afirmación de Padrino López está acompañada con un video en el que declara el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Apure, Héctor Orlando Zambrano, una intervención calificada por el titular de Defensa como la "verdad", "diáfana y precisa" sobre la situación en la entidad ubicada en los llanos venezolanos.

En su declaración, el parlamentario destaca que la FANB realiza operativos en Apure para repeler a un grupo irregular, "que pretende instalarse" en el territorio venezolano para "construir una estructura del narcotráfico y suplantar el papel del Estado".

"Nuestra FANB, en el cumplimiento de las tareas, está golpeando a una estructura del narcotráfico que le es funcional al Estado colombiano y al imperio norteamericano, para seguir agrediendo a Venezuela", añade Zambrano.

El diputado hizo énfasis en que el despliegue de las Fuerzas Armadas venezolanas no está "golpeando a un movimiento de izquierda, ni a una organización revolucionaria", sino a una  "estructura del narcotráfico que ha colocado minas en el territorio para afectar a la población".

Antecedentes

Estos ataques ocurrieron tres días después que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ejecutara acciones de defensa del territorio venezolano en el mismo municipio Páez de Apure, como parte de la operación Escudo Bolivariano, contra grupos irregulares provenientes de Colombia.

En ese operativo militar, realizado en el sector La Coromoto, la FANB logró capturar a 32 irregulares y neutralizar a uno de los cabecillas del grupo, identificado como alías "Nando". Además, se inhabilitaron seis campamentos y se decomisó "armamento, municiones, explosivos, pertrechos de guerra, vehículos y drogas".

Dos militares venezolanos muertos y varios heridos en un enfrentamiento armado en la frontera con Colombia

El resultado del operativo lo detalló la FANB en un comunicado, que informó también sobre la caída en combate del Mayor Edward Ramón Corobo Segovia, de la plaza del 911 Batallón de Fuerzas Especiales "Teniente Coronel Eliezer Otaiza", y del Primer Teniente Yonathan Miguel Duarte, quien se desempeñaba como comandante de la Segunda Compañía del 923 Batallón Caribe Sucre.

Colombia expresa "preocupación"

Entretanto, la cancillería colombiana emitió un pronunciamiento "en nombre del Gobierno" de Iván Duque para expresar, "su preocupación por los graves efectos humanitarios sobre la sociedad civil en el estado Apure", en territorio venezolano.

Según la Casa de Nariño, estos "graves efectos humanitarios" son "causados por enfrentamientos armados que están ocurriendo en esa región limítrofe con el departamento colombiano de Arauca".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia aprovechó la situación para llamar "a la comunidad internacional para unirse en la asistencia ante esta crisis humanitaria", en la que -aseguran- "más de 3.100 personas han tenido que desplazarse de manera forzada para encontrar protección en Colombia".

El Gobierno de Colombia lanza esta petición a pesar que dentro de su territorio, cada media hora, una persona se ve forzada a abandonar su vivienda para salvar la vida. La cifra de desplazamientos en ese país se triplicó desde enero hasta marzo, si se compara con el mismo periodo de 2020, según el cuarto informe del Sistema de Monitoreo de Riesgo de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Durante el primer trimestre de 2021 se han registrado 30 desplazamientos masivos, que involucran a entre 10 y 50 personas, mientras que en el de 2021 hubo nueve. Hasta el 7 de marzo, un total de 3.119 personas (1.331 familias) tuvieron que escapar de sus casas y territorios ante el recrudecimiento de la violencia generada entre grupos armados ilegales y organizaciones criminales por el control de zonas.