La minería ilegal destrozó en 2020 un total de 2.400 hectáreas, una área equivalente a 500 campos de fútbol, de tierras protegidas de los indígenas yanomamis, localizadas en el norte del país, entre los estados de Amazonas y Roraima. Ni siquiera la pandemia impidió que esta actividad ilegal se expandiese un 30 % el año pasado en estas zonas.
Estas cifras se calcularon a partir del análisis de imágenes satelitales, denuncias e informes de las comunidades y fotografías aéreas. Todo ello está recogido en un informe de la asociaciones Hutukara Yanomami (HAY) y Wanasseduume Ye’kwana (Seduume), que denuncian que las actividades criminales se han ido ampliando con nuevas vías de acceso, subidas por los ríos y acercándose así cada vez más a las comunidades indígenas.
Según el estudio, la utilización de maquinarias caras y pesadas y el funcionamiento de una extensa y compleja red logística multimodal, viabiliza la extracción ilegal de oro en tierra indígena en escala intensa.
"Como animales hambrientos"
"Ves el agua sucia, el río amarillo, todo lleno de agujeros. Los mineros ilegales son como cerdos (...) hacen muchos agujeros buscando piedras preciosas como oro y diamantes (...) Vienen como animales hambrientos, buscando las riquezas de nuestra tierra. Avanzan muy rápido", advirtió Davi Kopenawa, chamán yanomami y presidente de HAY.
Kopnawa dijo estar "muy preocupado" porque los mineros ilegales "no están solos". "Son grupos grandes, están armados, apoyados por empresarios, por el gobernador de Roraima y el presidente [Jair] Bolsonaro, además de otros empresarios de Brasil", destacó.
El informe, titulado "Cicatrices en la selva: Evolución del minero ilegal en la Tierra Indígena Yanomami en 2020", alerta que la presencia de los invasores es un riesgo para la vida de los pueblos indígenas debido a las tensiones y conflictos constantes. En junio del año pasado, dos jóvenes yanomami fueron asesinados a tiros.
Además, el pasado mes de febrero, indígenas de la comunidad de Helepe sufrieron un ataque de mineros ilegales que, según el informe, terminó con un integrante de la etnia gravemente herido y un minero muerto.
Por último, el estudio señala que la actividad ilegal pone en peligro la vida de los indígenas de la región y los pueblos aislados, ya que los invasores de tierras llevan enfermedades como la malaria y el covid-19.
"Los datos indican un aumento de la presión sobre los grupos indígenas en aislamiento voluntario (...) un eventual contacto forzado, en esta etapa, corre el riesgo de desencadenar un trágico episodio de genocidio", advierte.