La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Chile aprobó el lunes de esta semana un proyecto que busca legalizar la eutanasia en el país, por lo que la iniciativa volverá a ser analizada por la cámara baja.
Impulsada por el diputado Vlado Mirosevic (Partido Libertario) en 2014, la propuesta de 'muerte digna y cuidados paliativos' ya había sido aprobada en general en Diputados en el pasado mes de diciembre, pero volvió a Comisión luego de que los legisladores hicieran algunas observaciones en el texto.
Una de ellas tenía que ver con la relación médico paciente, en el ámbito de la voluntad expresa de este último, y otra trataba sobre el establecimiento de barreras para evitar un "conflicto de intereses" de parte de alguno de los integrantes del equipo médico que asuma la responsabilidad de efectuar la eutanasia.
De ser aprobada con sus modificaciones, la iniciativa deberá ser analizada en el Senado.
"A pesar del boicot conservador, avanzan la tolerancia, las libertades y el Estado laico", celebró el legislador Mirosevic desde la red social Twitter.
La ley de eutanasia y cuidados paliativos "regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, con el objeto de permitir la muerte digna o eutanasia". Es decir, habilita a que una persona decida y solicite asistencia médica para morir, siempre que el paciente sea mayor de edad, sin excepciones.
Tal como ocurre en algunas leyes de aborto, el médico requerido para practicar la asistencia médica para morir, como el equipo que deba realizar el procedimiento, podrán abstenerse de realizarlo cuando hubiesen manifestado su 'objeción de conciencia' al director del establecimiento de salud, en forma escrita y previa. En tal caso, el establecimiento tendrá la obligación de reasignar de inmediato otro profesional no objetante al paciente.
El proyecto despenaliza la eutanasia en dos situaciones: en caso de aquellos que padezcan una enfermedad terminal o una que produzca un dolor constante e insoportable.
En sus fundamentos, la normativa, que ahora quedó en condiciones de ser analizada por la Sala, contempla disponer de todos los medios para mantener la salud del paciente, evitando la prolongación artificial de la vida más allá de la muerte natural en personas que padecen enfermedades irreversibles, implicando esfuerzos desproporcionados sin esperanza de curación.
Cuál es la situación en el resto de América Latina
El "derecho a una muerte digna" ha ganado poco espacio en la agenda de América Latina. Se trata todavía de un tema tabú, aunque los incipientes avances logrados en una región predominantemente conservadora y atravesada por el catolicismo, permiten que se cuele el debate en otros países como un efecto de contagio.
Si bien las creencias particulares no deberían ser determinantes para la legislación de los estados laicos, lo cierto es que la eutanasia y el suicidio asistido han sido rechazados por el cristianismo, el judaísmo y el islam, y eso indudablemente genera trabas. Representantes de las tres religiones monoteístas han emitido una declaración conjunta en 2019, en la que pidieron la prohibición de ambas acciones por considerarlas "contrarias al valor inalienable de la vida humana".
Colombia es hasta el momento el único país de Latinoamérica que despenalizó la eutanasia. Lo hizo al reglamentar la ley en 2015, y es una de las siete naciones en el mundo que actualmente permiten esta práctica, grupo al que recientemente se sumó España.
Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Nueva Zelanda completan la lista.
El mes pasado, en un histórico fallo de la Justicia de Perú, se ordenó al Ministerio de Salud del país respetar la voluntad de la paciente Ana Estrada Ugarte de poner fin a su vida a través de la eutanasia, a pesar de no estar legislada en el país.
Los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lima consideraron que en el caso de Estrada Ugarte, una mujer que padece una enfermedad degenerativa y reclama el derecho a la 'muerte digna' desde hace más de un año, se encuentran "afectados los derechos a la dignidad, autonomía, libre desarrollo de su personalidad y de la amenaza de no sufrir tratos crueles e inhumanos".
En razón de ello, los jueces ordenaron que se inaplique el Código Penal para que no puedan ser procesados los profesionales que intervengan en su fallecimiento asistido.
Paralelamente a ese proceso judicial, la bancada del oficialista Partido Morado presentó un proyecto de ley para convertir en ley la eutanasia, que hasta ahora está castigada con hasta tres años de cárcel, bajo la figura del delito de 'homicidio piadoso'.
Avances incipientes en el resto de la región
Al igual que en Perú, otros países como Argentina Uruguay y Chile, así como algunas ciudades de México, permiten lo que se denomina "eutanasia pasiva". Esto implica la suspensión o rechazo de tratamientos que prolongan artificialmente la vida de pacientes con síntomas terminales o irreversibles.
En el caso de Argentina, donde el llamado "suicidio asistido" se castiga como homicidio, está vigente desde 2012 la ley de "muerte digna" que garantiza a los enfermos terminales el derecho a rechazar cirugías, tratamientos médicos o de reanimación para prolongar su vida.
En Brasil, la eutanasia tampoco está permitida. Sin embargo el Consejo Federal de Medicina avala la suspensión del tratamiento o retirada de los equipos que mantengan los órganos en funcionamiento de un paciente desahuciado. También en Uruguay y Chile un paciente puede decidir no recibir un determinado tratamiento de salud en el caso de padecer alguna patología terminal, incurable e irreversible.
El resto de los países incluyen el llamado 'homicidio piadoso' en el Código Penal con una pena mitigada (Paraguay, Colombia, Brasil, Perú, Costa Rica, Honduras, El Salvador). O bien contienen disposiciones en sus Códigos de Ética Médica o equivalentes, como es el caso de Bolivia, Ecuador y Venezuela, donde se ha presentado una agenda legislativa que contemplaría la discusión de la eutanasia, lo que ya provocó el rechazo de la Iglesia católica.
Emmanuel Gentile
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