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Por qué una jueza brasileña suspendió parte de los decretos de flexibilización del uso de armas de Bolsonaro
La directora ejecutiva del Instituto Sou da Paz, Carolina Ricardo, consideró la decisión de la magistrada como "una conquista de la democracia brasileña.
La jueza Rosa Weber, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, suspendió varios puntos de los cuatros decretos firmados en febrero por el presidente Jair Bolsonaro para flexibilizar la posesión y el porte de armas, y que estaba previsto que entrasen en vigor este martes.
Weber suspendió fragmentos en los que se estipulaba el porte simultáneo de hasta dos armas de fuego por ciudadano, en lugar de una; la práctica de tiro deportivo por parte de adolescentes a partir de los 14 años o la compra de munición por entidades y escuelas de tiro sin límite de cantidad.
También eliminó un punto en el que se aumentaba de cuatro a seis el límite de armas que podían adquirir los civiles y de seis a ocho los agentes de seguridad.
"Me parece irracional y desproporcional dar a las personas, sin un entrenamiento adecuado, la facultad de portar armas en cantidades equiparables a las utilizadas por militares y policías en sus actividades funcionales", explicó la jueza.
Weber consideró que "la libre circulación de ciudadanos armados, portadores de múltiples armas de fuego, atenta contra los valores de la seguridad pública y la defensa de la paz, generando un riesgo social incompatible con los ideales consagrados constitucionalmente".
La jueza también mencionó las conclusiones de una comisión de investigación parlamentaria sobre las Organizaciones Criminales de Tráfico de Armas, de 2005 y 2006, en las que se destacó que la mayoría de las armas usadas por el crimen se obtuvieron a través de personas que las adquirieron legalmente.
"Promesa de campaña"
Se espera que la decisión de Weber sea analizada por el plenario del STF a partir del viernes. La flexibilización de la posesión y el porte de armas fue una de las promesas de campaña de Bolsonaro y una de sus principales banderas durante su mandato.
La directora ejecutiva del Instituto Sou da Paz, Carolina Ricardo, consideró la decisión de la magistrada como "una conquista de la democracia brasileña". "No permitir que entren en vigencia decretos redactados sin análisis técnicos y que buscan servir a los intereses privados de ciertos grupos en la cruzada armamentista de este gobierno, representa un compromiso con la seguridad pública en nuestro país", destacó.
En Brasil, hay más de un millón de brasileños con licencia legal de armas y tan solo la mitad son militares o policías, según datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública.
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