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La Policía Federal de Brasil planea reemplazar al superintendente del estado de Amazonas que pidió investigar al ministro de Medio Ambiente
El representante policial solicitó al Supremo Tribunal Federal investigar al funcionario por presuntamente entorpecer la actuación fiscalizadora del Gobierno en relación con delitos ambientales.
El director general de la Policía Federal de Brasil, Paulo Maiurino, nombrado la semana pasada por el gobierno de Jair Bolsonaro, planea reemplazar al superintendente policial del estado de Amazonas, Alexandre Saraiva.
En su lugar sería nombrado Leandro Almeida, reseñó el medio brasileño G1.
El reemplazo se produciría luego que el miércoles Saraiva presentara una "nota crimen" ante el Supremo Tribunal Federal (STF), en el que pide una investigación contra el ministro de Medio Ambiente del país, Ricardo Salles, por presuntamente entorpecer la actuación fiscalizadora del Gobierno en relación con delitos ambientales, como la tala ilegal.
En la nota también incluye al senador Telmário Mota, del Partido Republicano de Orden Social de Roraima (PROS-RR), y a Eduardo Bim, presidente del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama).
El caso
El problema se deriva de la 'Operación Handroanthus' que, liderada por la Superintendencia de la Policía Federal de Amazonas, incautó a fines del año pasado un récord de más de 200.000 metros cúbicos de madera (cerca de 65.000 árboles derrumbadas), por un valor de 130 millones de reales (unos 23.157.225 dólares).
En el documento enviado al presidente del STF, Luiz Fux, Saraiva critica la posición que tomó el ministro en torno al caso. Cita, como ejemplo, una demanda de Salles a los expertos de la Policía Federal sobre la documentación de la madera incautada y el cuestionamiento que ha hecho el funcionario a la supuesta legalidad del material decomisado, ya que considera que habría sido talado en regla, defendiendo así a los madereros investigados.
En marzo, incluso, Salles visitó la región y se reunió con los madereros para discutir el tema, e hizo publicaciones en las redes sociales abogando porque el caso se resuelva rápidamente.
Según Saraiva, además de obstrucción a la acción fiscalizadora del poder público, se estarían cometiendo otros dos delitos: "abogacía administrativa", que consiste en "patrocinar, directa o indirectamente, interés privado ante la administración pública"; e integrar una organización criminal, "orquestada por madereros objetivo de la Operación Handroanthus", con el supuesto propósito de obtener "una ventaja de cualquier tipo".
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