La mayoría del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) decidió mantener el fallo de un magistrado que anuló la condenas del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en el estado de Paraná.
Los jueces votaron 8 a 3 en favor de sostener la anulación de las penas, aunque la sesión continuaba. Con esta medida judicial, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) queda habilitado para participar de las elecciones presidenciales de octubre de 2022.
Desde este miércoles, el STF analizaba en el plenario tres recursos —entre ellos uno de la Procuraduría General de la República— sobre una decisión del magistrado Edson Fachin, que en marzo pasado consideró incompetente el tribunal de Paraná, que condenó a Lula en dos casos y lo procesó en otros dos en el marco de la Operación 'Lava Jato'.
En concreto, Fachin declaró incompetente al 13 ° Tribunal Federal de Curitiba en los casos del apartamento triplex en Guarujá, una hacienda en Atibaia y el relacionado con la sede y las donaciones del Instituto Lula, al considerar que no tenían relación con los desvíos de dinero en la estatal Petrobras, que fueron los que justificaron los procesos, y por eso no debían ser juzgados en Paraná, desde donde se llevó la operación Lava Jato.
Con el fallo de Fachin, el exmandatario recuperó sus derechos políticos y podría participar en los comicios de 2022; sin embargo, estaba pendiente esta decisión del STF.
Finalmente, votaron a favor de la anulación Fachin, Carmen Lúcia Antunes, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowksi, Alexandre de Moraes, Antonio Dias Toffoli, Luis Roberto Barroso y Rosa Weber; mientras que Luis Fux, Marco Aurelio Mello, y Kassio Nunes Marques emitieron su rechazo.
En tanto, las causas deben volver a tratarse desde cero en otra jurisdicción, que podría ser San Pablo o Brasilia, por lo que Lula Da Silva podría ser eventualmente condenado en el futuro, ya que se anularon las condenas, pero no los procesos.
Moro parcial
El encargado de juzgar y condenar a Lula fue el juez Sergio Moro, quien luego de tomar protagonismo como el hombre que envió a la cárcel al líder progresista por presunta corrupción, se convirtió en ministro de Justicia y Seguridad Pública en el gobierno de Jair Bolsonaro.
Moro sentenció al exmandatario a 12 años y un mes de prisión por supuestas dádivas y lavado de dinero. Tras ello, Lula estuvo un año y siete meses privado de libertad, hasta que en noviembre de 2019 el Supremo declaró inconstitucional su encarcelamiento.
La defensa del histórico fundador del Partido de los Trabajadores (PT) siempre sostuvo que Moro recibió y aceptó la invitación por parte de Bolsonaro para incorporarse al Gobierno, lo que indicaría que tuvo motivaciones políticas durante todo el proceso contra el líder petista.
El expresidente pasó un año y medio preso por una condena a ocho años de cárcel que lo inhabilitó en 2018 a participar de las elecciones para las cuales lideró todas las encuestas de opinión y era el gran favorito para ganar, pero fue vetado de su candidatura en el proceso judicial y Jair Bolsonaro salió victorioso en esos comicios.
A finales de marzo, la Segunda Sala del STF determinó que Moro fue parcial en los procesos que condenaron a prisión a Lula. Pese a ello, el ahora exjuez federal dijo tener "absoluta tranquilidad" con sus decisiones en la operación anticorrupción 'Lava Jato'.
En abril del año pasado, el exmagistrado fue destituido por Jair Bolsonaro de su cargo en Justicia, en el marco de una disputa política interna que selló el fin de la relación entre ambos.
En una rueda de prensa, Moro cuestionó duramente al mandatario y lo acusó de interferir políticamente en la Policía Federal, que había iniciado una investigación sobre los hijos del presidente, Flavio y Carlos Bolsonaro.
Fue luego de que el jefe de Estado ultraderechista desvinculó a Maurício Valeixo, director general de la PF y mano derecha del exministro de Justicia.
Lula, tranquilo
Previo al fallo que le devolvió sus derechos políticos, el expresidente brasileño Lula da Silva expresó su confianza en que el pleno de la Corte Suprema ratificaría la decisión que anuló las penas dictadas en su contra por presunta corrupción.
"Estoy muy tranquilo", aseguró el exsindicalista en una entrevista con la radio O Povo CBN.
Más tarde, Da Silva vinculó a la Casa Blanca con las causas judiciales en su contra, como parte del 'lawfare' (guerra jurídica) que los líderes progresistas denuncian en Brasil y el resto de América Latina, a lo que se sumaron —según Lula— poderes económicos interesados en los recursos del país: "Lo más grave es que detrás de esa persecución había intereses del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de las petroleras norteamericanas y de las compañías de ingeniería de ese país, que querían destruir nuestra industria de petróleo y del gas", dijo en declaraciones al canal de noticias argentino C5N.
El exmandatario señaló que en todo el proceso que lo tuvo como acusado hubo irregularidades: "El juez (por Sergio Moro) mintió, los procuradores mintieron, la Policía Federal mintió", subrayó.
La expresidenta del país, Dilma Rousseff, celebró la decisión, que calificó de "importante victoria de la justicia". En cuanto al alcance de la medida, el analista político Carlos Alberto Almeida, considera que el tribunal recupera su legalidad y credibilidad tras la anulación de las condenas.