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La suspensión de la presencialidad escolar reaviva la grieta política en Argentina en medio de la segunda ola de coronavirus

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El alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se opuso al cierre de las instituciones educativas por 15 días y judicializó el conflicto.
La suspensión de la presencialidad escolar reaviva la grieta política en Argentina en medio de la segunda ola de coronavirus

En un año de elecciones parlamentarias, que aún no fueron confirmadas debido a la segunda ola de coronavirus, Argentina es escenario de una nueva disputa política que divide al país. La suspensión por 15 días de la escolaridad presencial en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), efectuada el viernes mediante un decreto del presidente Alberto Fernández, fue rechazada por la oposición macrista, que gobierna la populosa ciudad capital. 

En medio de una preocupante propagación del virus, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, desafió a la Casa Rosada y recurrió a la Justicia para garantizar la presencialidad en la educación del distrito federal, en todos los niveles. 

Larreta sostiene su decisión argumentando que la incidencia de casos positivos que se registra en las escuelas es muy baja, algo que ha reconocido incluso la cartera sanitaria a nivel nacional, que la midió en un 0,12 %. Pero otra es la visión de las autoridades del país, ya que entienden que lo que provoca una suba de contagios no es la actividad escolar en sí, sino los traslados, la circulación y la aglomeración de gente que conlleva el día a día en la educación presencial. 

La primera respuesta llegó el domingo desde la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad de Buenos Aires, que aceptó un amparo presentado por dos ONG ligadas al macrismo, y ordenó la reapertura de las escuelas con los protocolos que estaban vigentes hasta la semana pasada. 

El fallo fue considerado por el mandatario Alberto Fernández como "un estrago jurídico", ya que la Justicia de la Capital no tiene potestad para definir cuestiones que son del ámbito nacional, como es el caso de una medida de cuidado sanitario, en el marco de una pandemia. 

Así, mientras el Ministerio de Salud de la Nación justifica la decisión y advierte a los ciudadanos de todo el país que la curva de contagios ascendió drásticamente desde que volvieron las clases, Larreta anunció el domingo que los alumnos de todas las edades volverían a las aulas a partir de este lunes, tal como ocurrió.

En la mañana, se realizaron "abrazos simbólicos" en instituciones escolares de la ciudad, mientras que en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, que gobierna el kirchnerista Axel Kicillof, quien sí acompaña la medida, hubo protestas de padres que quieren que sus hijos vuelvan al colegio.  

La politización de la pandemia

Más tarde, en un acto realizado desde la sede de Gobierno, el presidente se refirió al conflicto. Defendió las políticas adoptadas para mitigar la expansión del coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires, pidió no hacer "política con la pandemia" y sostuvo que, si bien las decisiones pueden ser "antipáticas", no es momento para ser "simpático" con el "electorado". 

Fernández sostuvo que cada una de las medidas son "decisiones de política sanitaria" avaladas por el Ministerio de Salud, y "no escuchando a los políticos ni leyendo encuestas". Y añadió que las medidas restrictivas "son una necesidad sanitaria y no política".

Este lunes, la Corte Suprema de Justicia, a la que recurrió Larreta originalmente para destrabar las clases presenciales, se declaró competente y resolverá sobre la disputa en un lapso máximo de cinco días. 

Mientras tanto, las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires seguirán abiertas, pero en el conurbano bonaerense, no.  

Cifras que preocupan

Argentina está atravesando el peor momento de la pandemia de covid-19. En las últimas dos semanas, registró 20.000 casos diarios en promedio, supera los 2,6 millones de contagios en total y se aproxima a las 60.000 muertes por la enfermedad en poco más de un año.  

La Casa Rosada busca acelerar el ritmo de inoculación de su población —actualmente en el 11 %—, ralentizado por la escasez global de antídotos, que afecta especialmente a los países en desarrollo. 

De acuerdo con el Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud de Argentina, hasta la mañana de este lunes se habían aplicado 6.334.554 dosis, de las cuales, 5.534.225 personas han recibido una, mientras que 800.329 ya han completado su proceso de inmunización.

 

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