"El Estado mafioso": el informe bicameral del Congreso argentino que denuncia el espionaje masivo ilegal durante el macrismo

Durante los cuatro años de Gobierno del expresidente Mauricio Macri en Argentina (2015 a 2019) se puso en marcha un plan sistemático de espionaje político ilegal y masivo con el fin de amedrentar y extorsionar a opositores con el respaldo de jueces, fiscales y periodistas.

Esta es la principal conclusión del dictamen "Un Estado mafioso", que fue realizado por la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso después de un año de investigar los seguimientos a líderes políticos y sociales, empresarios, periodistas, familiares de víctimas de diferentes tragedias y presos que fueron realizados por espías que no tenían las órdenes judiciales correspondientes.

El año pasado comenzaron a abrirse múltiples causas judiciales por el espionaje ilegal llevado a cabo durante el macrismo, lo que ya derivó en el procesamiento del exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas —a quien Macri designó en el cargo por ser su amigo, como él mismo ha reconocido— y la exsubdirectora Silvia Majdalani.

"La Argentina estuvo y está en peligro", afirma el dictamen firmado por mayoría de la Comisión especial, integrada por 14 diputados y senadores, y que basó parte de sus denuncias en los testimonios de espías que participaron en los irregulares operativos armados desde la AFI y que declararon ante los parlamentarios.

"Nuestra democracia enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia: investigar y castigar el aniquilamiento de los derechos de los ciudadanos, la violación de nuestra Constitución Nacional, el ataque contra los fundamentos del Estado de Derecho, la libertad y la paz de los argentinos y la degradación de nuestro sistema político republicano y democrático, al punto de hacerlo retroceder a los períodos más oscuros de nuestra historia", agrega.

Según el documento, el pasado Gobierno utilizó el poder del Estado para implantar "un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión, al mejor estilo de la práctica mafiosa", que fue diseñado con premeditación y alevosía y que se llevó a cabo con el apoyo de medios de comunicación y parte del Poder Judicial.

"No quedó nada afuera: hubo aproximadamente 171 organizaciones políticas, sociales y gremiales espiadas ilegalmente y al menos 354 víctimas directas confirmadas", resume el informe.

Persecución

El dictamen destaca que se registraron 43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales, solo durante el primer año del macrismo.

"El objetivo de la extorsión política y económica era claro: quebrar emocional, económica y políticamente a las víctimas seleccionadas", señala el informe, que equipara estas prácticas con la última dictadura militar argentina (1976-1983). Además, el texto convoca a un "nunca más", que dé cuenta del daño institucional, político y social provocado en el país.

De acuerdo a la investigación, la lista de operaciones era de amplio espectro y tenía como objetivo a "opositores políticos, sindicales y empresarios no alineados con el gobierno de Macri", y el método de ataque era el 'lawfare', "a través de la manipulación del Poder Judicial —como máscara de legalidad— en perfecta sincronización con los medios de comunicación hegemónicos".

De esta forma se llevaron a cabo acciones concretas de seguimientos y espionaje ilegal a ciudadanos, grabación de comunicaciones telefónicas, recolección de movimientos migratorios y utilización de testigos "arrepentidos" falsamente y bajo presión.

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El objetivo, asegura el documento, era armar denuncias, difundirlas en los medios de comunicación "y repetirlas hasta el hartazgo, creando así un clima de odio, rencor y revancha" que justificara la intervención judicial, sin que importaran las pruebas, y mucho menos el debido proceso y las demás las garantías constitucionales.

"Se trataba de lograr una sentencia anticipada construida mediática y judicialmente, sin que existiera correlación alguna con la verdad de los hechos. La ficción mediática suplantaba así a la actividad jurisdiccional, a los códigos de forma y de fondo", acusa.

Células

Para concretar el espionaje masivo, el documento detalla que se crearon estructuras paralelas y clandestinas al estilo de "una verdadera organización mafiosa" que recolectaba, procesaba, analizaba, diseminaba y planificaba los operativos ilegales con recursos del Estado.

"No era posible armar este circuito ilegal sin financiamiento", apunta el informe, que considera que este pudo realizarse gracias a que Macri decidió que los gastos de la AFI volvieran a ser reservados, es decir, secretos, una categoría que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner había eliminado en 2014.

Así, tan solo durante 2016, la AFI contó con un presupuesto de alrededor de 100 millones de dólares que gastó sin mayores controles, lo que le habría permitido montar una estructura para extorsionar, perseguir y eliminar o neutralizar a opositores.

El dictamen de mayoría de la Comisión Bicameral está basado en un pormenorizado informe de 386 páginas que analiza el espionaje ilegal realizado en los cuatro años del gobierno macrista, y que denuncia que se llevó adelante "un plan sistemático ideado en lo más alto del Gobierno nacional que consistió en la violación de elementales derechos humanos y la persecución de ciudadanos por el solo hecho de su pertenencia política".

Para evitar que esto vuelva a ocurrir, el grupo parlamentario propone mayores controles legislativos, profesionalización de los agentes y la creación de una Comisión Investigadora que permita llegar a los verdaderos responsables de la producción de inteligencia ilegal.

"El objetivo debe ser responsabilizar a quienes generaron las hipótesis que dieron lugar a la operación en calle, y a los receptores de esa información, y no en cambio, a los agentes que llevaron a cabo esa tarea. Así debemos preguntarnos ¿quién es el receptor último de una información de Inteligencia? El presidente de la Nación", concluye al referirse directamente a Macri.

Rechazo

En respuesta a las acusaciones, los cuatro diputados macristas que forman parte de la Comisión Bicameral emitieron a su vez un dictamen de minoría en el que rechazan los señalamientos, y advierten que este grupo de trabajo parlamentario actúa de manera parcial y excediendo sus atribuciones legales.

Aseguraron que el único objetivo es "desencadenar una persecución política" contra el Gobierno anterior, a partir del manejo interesado de esta investigación.

Para este grupo, la Comisión "se ha servido de declaraciones inválidas, ha torcido su razón de ser que no es otra que la fiscalización, ha violado el secreto impuesto por ley, y ha desconocido elementales derechos y garantías constitucionales de toda persona sujeta a una investigación".

En lugar de actuar como un ente de fiscalización, consideran que la Comisión se convirtió en una unidad de investigación y producción de pruebas al servicio de un juzgado y una fiscalía que investigan las denuncias por espionaje, para lo cual no tiene facultades.

También afirman que las declaraciones recolectadas por la Comisión son inválidas porque en muchos casos no se aclara si fueron hechas por testigos o personas imputadas, que se violó el secreto de estas presentaciones porque de inmediato se filtraban a los medios de comunicación y que hay un manifiesto temor de que los diputados y senadores, que avalaron el dictamen de mayoría, no hayan actuado "con imparcialidad, idoneidad e independencia".

Cecilia González