Sindicatos chilenos se han declarado en huelga general, a partir de este miércoles, tras la decisión del presidente Sebastián Piñera de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para frenar un proyecto que permitiría a los ciudadanos realizar un tercer retiro del 10 % de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Desde la tarde del martes 20 de abril, la Unión Portuaria de Chile (UPCH) anunció la "paralización" progresiva hasta que el Gobierno de Piñera retire el recurso interpuesto ante el TC, ya que a juicio del sindicato, la acción del Ejecutivo es un acto de "prepotencia" para millones de chilenos que han tenido que "utilizar sus propios ahorros" para enfrentar la pandemia.
La mañana de este miércoles se registraron diversas protestas de trabajadores en los puertos de San Antonio (Valparaíso), Caldera (Atacama) e Iquique (provincia homónima).
A la convocatoria de UPCH, se sumó la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios de Chile (Fenatraporchi), quienes se solidarizaron con el paro nacional ante la negativa de Piñera de permitir a los ciudadanos "utilizar los ahorros de su vida para poder alimentar, educar y vestir a su familia".
Por su parte, la Alianza Marítima de Chile, que se compone de organizaciones sindicales del sector, también respaldó por unanimidad el llamado de huelga de la UPCH.
Proyecto polémico
Este miércoles, la comisión constitucional del Senado aprobó el proyecto de retiro de fondos de las AFP, por lo que será debatido este jueves en la Sala.
La iniciativa contaría con el aval de una mayoría y podría ser enviado al Ejecutivo para su promulgación, a fines de esta semana. No obstante, Piñera busca que el Tribunal Constitucional anule la posibilidad de que los afiliados al sistema de pensiones realicen un tercer retiro de sus ahorros, como hicieron en julio y diciembre de 2020.
Mientras que la Administración de Piñera argumenta que las ayudas y bonos entregados son útiles para ayudar a la población en el marco de la pandemia, los afiliados de las AFP han recurrido a estos fondos para solventar la crisis económica derivada del covid-19.