Una comisión del Senado colombiano tumba el proyecto de prohibición de las aspersiones aéreas con glifosato

La polémica sobre el glifosato continúa en Colombia luego de que la Comisión Quinta del Senado archivara un proyecto de ley, presentado por la oposición, para prohibir el uso del químico para la aspersión aérea de cultivos ilícitos.

El miércoles, en una sesión semipresencial que se extendió por cuatro horas, la mayoría de los integrantes de la comisión encargada de temas agrícolas, medioambientales, ecológicos y de los recursos naturales se opuso a la propuesta legislativa que prohibía "el uso del glifosato y sus derivados en la política nacional de drogas". Ocho senadores votaron a favor de tumbarla y cinco en contra.

Este debate ocurrió una semana después de que el presidente Iván Duque emitiera el decreto 380, que sentó las bases para llevar a cabo el 'Programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea' con el mencionado herbicida, que aún espera el visto bueno del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), ente regulador de la materia, para ser puesto en marcha.

El polémico decreto que abre las puertas en Colombia a la fumigación de cultivos de coca con un herbicida cancerígeno

Las aspersiones aéreas fueron interrumpidas en 2015 durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificara al herbicida como "probablemente cancerígeno para los seres humanos".

A partir de esa decisión, la Corte Constitucional emitió dos fallos, en 2017 y en 2019, donde se establecían los requerimientos que debían cumplirse para retomar la práctica, defendida enérgicamente por Duque como medida para eliminar los sembradíos de coca.

Senadores a favor de las aspersiones

Entre los senadores que votaron por archivar el proyecto de ley se encuentra el miembro del oficialista Centro Democrático José Obdulio Gaviria, quien considera que la propuesta de prohibir las fumigaciones aéreas buscan "impedir la lucha contra la peor plaga que existe en Colombia".

En el país suramericano hay 212.000 hectáreas de cultivos ilegales de coca. El mandatario colombiano se ha comprometido con EE.UU. a disminuir esta cifra a la mitad, antes de 2023, como parte de la política de "lucha contra las drogas", que ha sido criticada por los opositores colombianos por su ineficacia y tildada de "fracaso" por la una comisión de la Cámara de Representantes estadounidense.

Gaviria afirmó que "95 % del glifosato ya es usado por agricultores" y que incluso "es considerado como un producto protector para las cosechas de algodón, maíz, caña, café y banano". "Hay quienes lo quieren demonizar si se usa para erradicar coca", agregó.

Por su parte, el también parlamentario del derechista Centro Democrático Alejandro Corrales escribió en su cuenta de Twitter que "el glifosato es una herramienta vital contra la coca".

Previamente, Corrales había publicado una serie de trinos donde aseguraba que no había "un estudio científico" sobre el "daño ambiental" que generaría el herbicida: "Olvidan la deforestación y los químicos que vierten en las fuentes hídricas producto de la coca. Ese sí es un daño real y visible".

Según el legislador, la aspersión aérea puede realizarse a baja altura "con sistemas de georeferenciación que permitan llegarle solo a los cultivos de coca, sin afectación a otros cultivos, fuentes hídricas o poblaciones". 

Ya en el decreto de Duque, que aún no ha sido debatido en el Congreso, se establece la "aspersión por precisión", que sería realizada por miembros de la Policía Nacional de una forma "totalmente automatizada" y monitoreada por el CNE.

Costos ambientales y económicos

El senador del partido Alianza Verde Jorge Eduardo Londoño expresó durante la sesión que el periodo entre 2006 y 2007 fue el de "mayor fumigación con glifosato" y, sin embargo, aumentaron los cultivos ilícitos de un año a otro en 27 %.

En 2006 los aviones rociaron un récord de 172.000 hectáreas con el herbicida y un año después EE.UU. midió casi la misma cantidad de cultivos de coca que en 2001, es decir, 99.000 hectáreas.

Del mismo modo, se refirió a los altos costos para el país que implica esa práctica. "Para fumigar una hectárea se necesita que el avión pase 33 veces, multiplicando los gastos", enfatizó.

Según Londoño, la permanencia del herbicida en el suelo es de 95,27 %, lo que causa afectaciones en la salud y en la seguridad alimentaria.

En la misma línea se expresó el senador Guillermo García Realpe, quien destacó la alta inversión de recursos que ha hecho el país suramericano, a través del Plan Colombia, para la erradicación de hectáreas de cultivos ilícitos "sin los frutos esperados". Desde hace un par de décadas EE.UU. le ha asignado al Estado colombiano un total de 11.600 millones de dólares para combatir el narcotráfico.

Para García Realpe el glifosato es un "veneno" que ha sido utilizado antes sin la consulta previa a las comunidades étnicas y de campesinos en las zonas con cultivos ilícitos. Además, según los datos que maneja, la aspersión aérea y las fumigaciones le han costado a Colombia medio billón de pesos (unos 137.000 dólares).

A pesar de este revés, el partido Alianza Verde indicó que volverá a radicar este proyecto de ley en el Congreso.

Hasta el momento, uno de los responsables de hacer viable el levantamiento de la prohibición del uso del glifosato dio luz verde para su uso. Se trata de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA, que modificó en días recientes el Plan de Manejo Ambiental, donde se incluyeron más medidas y un programa de seguimiento sobre los efectos de la sustancia química en los componentes hídricos, bióticos y socioeconómicos.