Los combates entre el Ejército venezolano y grupos irregulares colombianos persisten en el fronterizo estado Apure, donde en las últimas 72 horas se han recrudecido los enfrentamientos, dejando un saldo de bajas que incluye a soldados y miembros de esas organizaciones delictivas.
El lunes, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) emitió un comunicado para informar que los "cruentos combates" se han desarrollado "en sectores despoblados al oeste de La Victoria", del municipio Páez del estado Apure, y que las víctimas mortales "están siendo identificadas mediante la necropsia correspondiente".
La aclaratoria del Ejército venezolano sobre la zona de los combates ocurre después que Human Right Watch asegurara en un informe que las actividades de las FANB han sido contra poblaciones civiles, lo que habría provocado el presunto desplazamiento de migrantes hacia territorio colombiano y supuestas "atrocidades" contra los residentes.
El documento de HRW fue rebatido por el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, quien lo tildó de ser una "estafa" para "promover la intervención" y desestabilizar a la nación suramericana con la "politización" de los derechos humanos: "La FANB está precisamente enfrentando a los criminales, violentos, narcotraficantes y violadores de DDHH que ustedes defienden", apuntó el diplomático.
Aunque ha pasado más de un mes, las actividades en la frontera binacional continúan, por lo que cabe preguntarse: ¿qué factores dificultan a Ejército venezolano retomar el control de la zona?
"Exportación del modelo narco paramilitar"
Las FANB iniciaron un operativo hace un mes en la zona fronteriza contra los grupos irregulares. Aunque las autoridades venezolanas no han detallado cuáles son esas organizaciones, se ha hecho alusión a "paramilitares" a los que las autoridades acusan de querer convertir el área en un corredor de narcotráfico.
Estas acciones provocaron la reacción de Colombia, que acusó a la administración del presidente Nicolás Maduro de emprender las operaciones para favorecer a disidentes guerrilleros. Miraflores negó los señalamientos y afirmó que Bogotá aupaba la acción de los irregulares contra su Ejército para "tercerizar" la confrontación con Venezuela.
En medio de ese cruce diplomático, en el estado fronterizo de Apure ocurrieron hechos como la colocación de minas antipersona contra el Ejército por parte de los grupos irregulares, el desplazamiento de los habitantes (aunque no hay coincidencia en el número de afectados), el ataque con explosivos a instituciones del Estado venezolano, la emboscada a componentes militares y la muerte de ocho soldados.
El lunes, el comunicado de las FANB informaba que había más muertes dentro del Ejército venezolano, aunque no se detalló la cantidad de bajas. Los soldados heridos también engrosan la lista de afectados, mientras continúan las capturas de presuntos irregulares que, de acuerdo al Ministerio de Defensa de Venezuela, "están aportando valiosa información de cara a próximas acciones".
Entretanto, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, envió un mensaje para ratificar la soberanía del país sobre el territorio apureño y hacer un llamado a la unión cívico militar para "bloquear la pretendida exportación del modelo narco paramilitar colombiano y su oligarquía".
La postura de Venezuela se ha centrado en reiterar que es víctima del narcotráfico de Colombia —principal exportador de cocaína en el mundo— y también de los coletazos de la violencia armada, que persiste a pesar de haberse firmado la paz entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las FARC.
Diálogo cerrado
Las autoridades venezolanas sostienen que el objetivo del presunto apoyo de Colombia a los grupos irregulares sería "crear un territorio difuso que les sirva como base para generar desestabilización".
Desde hace un mes, el Gobierno venezolano dictó medidas especiales para varios municipios del estado Apure, que incluyeron toques de queda, obligación de reportar movimientos migratorios y ubicación de puestos de control para evitar la penetración de irregulares. Hace dos semanas, el presidente Maduro también autorizó el envío de milicianos voluntarios a esa zona con un solo llamado: "Cero tolerancia".
El lunes, las FANB reiteraron que la orden desde Miraflores es intensificar "las operaciones militares que permitan neutralizar cualquier reducto" de los grupos irregulares, con la promesa de combatirlos "hasta su total expulsión y derrota definitiva".
No es la primera vez que Colombia y Venezuela protagonizan un incidente de esta naturaleza. Sin embargo, a diferencia de otras oportunidades, la actual posición de Bogotá de desconocer completamente a la administración de Maduro ha impedido que se abran los canales de diálogo.
A principios de abril, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, planteó la posibilidad de establecer un canal de negociación con México como intermediario, pero no hubo respuesta positiva por parte de la Casa de Nariño. De momento, el único intercambio es a través de la diplomacia de los micrófonos y las redes sociales.
¿Cómo está el estado Apure?
Antes de que se reanudaran los enfrentamientos del fin de semana, la situación parecía estar bajo control del Ejército venezolano. De hecho, la alcaldía del municipio Páez había publicado un informe para detallar el estado de las tres áreas más afectadas por los enfrentamientos.
De acuerdo al documento, divulgado a mediados de abril y al que tuvo acceso este medio, 95% de desplazados que cruzaron de Apure hasta Arauquita, en Colombia, emigraron procedentes de la comuna urbana La Gran Victoria (1.900 familias), y las poblaciones rurales Riberas del Río Arauca Vibrador (550 familias) y la comuna El Nazareno (400 familias).
Hasta esa fecha, el mayor porcentaje de retorno se evidenciaba en La Gran Victoria, con 68% de los habitantes de vuelta en sus casas; seguido de El Nazareno, con 47,5%; y Riberas del Río Arauca Vibrador, con 40%.
Pero hay dinámicas que todavía impiden hablar de normalidad en el área. En las zonas rurales, donde también hace vida una comunidad indígena Guahibo, buena parte de sus habitantes cruzan el río hasta sus tierras por el día para atender sus conucos y alimentar a sus animales, y al caer la tarde retornan a dormir al territorio colombiano.
La presencia de distintos grupos armados colombianos, entre los que confluyen paramilitares, narcotraficantes, así como frentes guerrilleros del ELN y de disidencias de las extintas FARC-EP, complican el panorama porque han protagonizado una disputa de territorio, mientras el Ejército venezolano intenta evitar su avance en medio de una porosa frontera binacional.
Colombia ha tratado de responsabilizar a Venezuela de esta situación, mientras Caracas lo atribuye al descuido premeditado de la frontera por parte de Bogotá y al fracaso de la implementación de los acuerdos de paz por parte del Gobierno de Iván Duque, un pacto que en 2016 fue alentado y acompañado desde el inicio por el Ejecutivo venezolano.
A ese contexto se suma el hecho de que el territorio entre Apure y Arauca, vasto y de difícil acceso, es un espacio que durante años ha sido testigo del éxodo transfronterizo de colombianos a territorio venezolano y, más recientemente, de venezolanos que buscan en Colombia los bienes y servicios que escasean en su propio país, debido a la crisis económica agravada por las sanciones de EE.UU.
La demanda de la población en Apure, especialmente de la más afectada por las confrontaciones entre el Ejército y los irregulares, tiene que ver con exigir mayor presencia del Estado en la frontera. En las últimas semanas, las autoridades locales han hecho operativos de distribución de alimentos, asambleas vecinales, atención médica y jurídica, pero para algunos analistas de la zona, si esa labor no es acompañada por una presencia real, concreta y no coyuntural, será un esfuerzo perdido.
Nazareth Balbás
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