La campaña para las elecciones regionales a la Comunidad de Madrid, que se celebrarán el próximo 4 de mayo, está centrando el debate público en España en medio de un clima de violencia. En los últimos días se han sucedido hasta seis envíos de cartas con amenazas a diferentes líderes políticos, casi todos ellos del ámbito de la izquierda ideológica. El último ha sido un sobre con balas dirigido al expresidente del Gobierno de España, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
Desde hace una semana el debate político se ha polarizado entre dos lemas: el lanzado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, de 'Comunismo o libertad' y el esgrimido por Unidas Podemos (UP), pero utilizado también por los líderes de otras formaciones progresistas, de 'Fascismo o Democracia'.
La extrema derecha a punto de entrar en el Gobierno
En el centro de todas las miradas se encuentra la formación de extrema derecha Vox, que en estos comicios acaricia la oportunidad de entrar por primera vez en el Gobierno de una región española. Hasta ahora apuntala Gobiernos conservadores en Madrid, Murcia y Andalucía, pero aunque su apoyo es fundamental, lo hace desde fuera de Ejecutivos compuestos por coaliciones de Partido Popular (PP) y Ciudadanos.
Ahora la presidenta madrileña, del PP, busca reemplazar en su Gabinete a Ciudadanos por Vox. Aprovechando las expectativas optimistas que le daban las encuestas, Díaz Ayuso convocó elecciones anticipadas, antes de llegar al ecuador de la legislatura, con la intención de fortalecer su posición. En cualquier caso, los augurios más prometedores no le dan la mayoría absoluta y ya ha adelantado que contará con los ultraderechistas para formar un futuro Gobierno.
En estos momentos las proyecciones de voto están muy igualadas y dan prácticamente un empate técnico entre dos bloques. Por un lado, el conformado por PP y Vox, y por otro, el que sumaría a las tres fuerzas progresistas: Partido Socialista (PSOE), Más Madrid y UP.
Polarización
La polarización del debate público ha girado en torno a los mensajes, calificados como "de odio" en muchas ocasiones, lanzados por la formación liderada por Santiago Abascal, que se ha centrado en atacar especialmente a los menores migrantes, como eje principal de su campaña.
De hecho, un punto de inflexión fueron los carteles colocados en la principal estación de Madrid en los que, con datos falsos, se comparaba el dinero recibido por los menores extranjeros sin la tutela de un adulto con la pensión de una abuela.
Asimismo, no han dudado en enarbolar algunos de los grandes 'hits' de la antipolítica, como apuntar que todos los políticos son iguales, señalar como 'chiringuitos' a las instituciones representativas de la voluntad popular o denostar los servicios públicos.
En el ámbito económico, se decantan por una bajada de impuestos que beneficia a las clases más pudientes y utilizar fondos públicos para financiar servicios privados, bien de manera directa o a través de bonificaciones fiscales.
En su punto de mira está la Consejería de Educación, desde donde pretenden llevar a cabo algunas de sus más polémicas propuestas, dirigidas especialmente a atacar a las minorías LGTBI y a apuntalar la religión católica dentro de los centros escolares.
Tras la irrupción de esta formación en el escenario nacional hace dos años, este tipo de discursos habían quedado normalizados con su presencia constante en los medios, pero los acontecimientos que han tenido lugar en el seno de esta campaña han hecho reaccionar a sectores de la izquierda.
La primera gran reacción fue la de Pablo Iglesias, que hace apenas un mes anunció que abandonaba su puesto como vicepresidente segundo del Gobierno de Pedro Sánchez para concurrir a las elecciones madrileñas con la intención de sumar votos para la izquierda y evitar que Vox entrara en las instituciones.
Las amenazas recibidas en los últimos días por Iglesias y la tibieza de las condenas de la derecha, incluida la de Vox, cuyos líderes enfatizaron que no creían que fuesen reales, provocaron el apoyo unánime de las otras dos formaciones progresistas.
Partido Socialista, Más Madrid y UP ya han anunciado que no participarán en ningún debate electoral en el que estén presentes representantes de la ultraderecha y que mantendrán un cordón sanitario con la finalidad de que Vox no forme parte de un Gobierno por primera vez en España.
Cascada de amenazas
La oficina de Correos de Vallecas, en Madrid, ha interceptado este miércoles un sobre con dos cartuchos de 38 milímetros dirigido a José Luis Rodríguez Zapatero. Iban acompañados de una carta escrita a mano que decía: "Zapa, alimaña dañina, insulsa, ignorante que hizo y sigue haciendo tanto daño a España. Ojalá le revienten las meninges por las cejas".
Con esta carta ya son cinco los políticos españoles que han recibido amenazas del mismo tipo desde la semana pasada. La cadena comenzó el jueves cuando el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el líder de UP, Pablo Iglesias; y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, recibieron sendas misivas acompañadas de balas del calibre 7,62, utilizado por armamento del Ejército español.
Esas tres misivas tenían características comunes, por lo que es posible que su autor o autores fuesen los mismos. Diferente fue la amenaza detectada este martes por la noche dirigida a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también un sobre con balas en su interior, pero interceptado en una oficina de Correos de la provincia de Barcelona y escrita con una plantilla diferente.
Además, el lunes se conoció que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, recibió en la sede del departamento que dirige otro sobre que contenía una navaja ensangrentada. A diferencia de los anteriores, el autor de la amenaza había consignado en el remite su nombre, apellidos y dirección real, por lo que ya ha sido identificado y ha reconocido los hechos, aunque permanece en libertad. Se trata de un vecino de la madrileña localidad de El Escorial simpatizante del partido de ultraderecha Vox y diagnosticado con esquizofrenia.
Todas estas intimidaciones han sido condenados por un sinfín de representantes políticos, entre los que destaca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.