La legalización de la marihuana en México queda en el limbo al vencerse el plazo para la aprobación en el Senado

La regulación de la marihuana con fines lúdicos o recreativos quedó nuevamente postergada este viernes en México al vencerse el plazo que la Suprema Corte de Justicia le había dado al Congreso para emitir una ley que respete los derechos humanos de las y los consumidores.

En un desaseado proceso, el Senado solamente dejó que se cumpliera la fecha, pero sin oficializar una petición a la Corte para que le otorgue una nueva prórroga. Las contradicciones y enfrentamientos entre ambas cámaras y los legisladores provocaron que el trámite parlamentario quedara inconcluso a pesar de años de debates públicos y de la inconformidad y los reclamos de las organizaciones cannábicas.

De nada sirvió la presión de las y los activistas que durante meses mantuvieron un campamento afuera del Senado para exigir sus derechos. Aunque reconocían que la ley aprobada en Diputados adolecía de múltiples fallos, entre ellos el mantenimiento de la criminalización a los usuarios, preferían que se aprobara ahora y se corrigiera después.

Las expectativas de que finalmente el proyecto avanzara crecieron cuando las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado aprobaron la iniciativa. Ya solo faltaba el dictamen de la Comisión de Salud para poder llevarlo a votación al pleno. Pero este grupo de trabajo jamás se reunió para debatir una regulación que ha provocado un largo e intenso debate social.

En las próximas semanas la Corte deberá pronunciarse sobre el incumplimiento del Poder Legislativo, pero la postergación es un hecho. Como las sesiones ya terminaron, la legalización de la marihuana se retomará a partir de septiembre, cuando asuma la nueva Legislatura y el Senado modifique el dictamen que recibió de la Cámara de Diputados y se lo devuelva.

El problema es que implica comenzar de nuevo, ya que en ese momento la Cámara de Diputados se habrá renovado con las y los legisladores que serán electos el próximo 6 de junio y que recién se pondrán a estudiar el proyecto de ley.

Así, la iniciativa seguirá yendo y viniendo entre ambos órganos legislativos sin cumplir con las exigencias de la Corte.

Historia

A fines de 2016, el Congreso aprobó la legalización de la marihuana exclusivamente con fines medicinales. Dos años más tarde, la Corte emitió un fallo a favor de consumidores que habían interpuesto un amparo para poder usar cannabis con fines personales, lúdicos o recreativos. Es decir, solamente por gusto.

"El derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad permite que las personas mayores de edad decidan –sin interferencia alguna– qué tipo de actividades lúdicas desean realizar (...) ese derecho no es absoluto y podría regularse el consumo de ciertas sustancias, pero las afectaciones que provoca la marihuana no justifican una prohibición absoluta", afirmó la Corte en una sentencia que sentó jurisprudencia y la volvió obligatoria.

De esta forma determinó que el Poder Legislativo tenía de plazo hasta el 31 de octubre de 2019 para reformar la Ley General de Salud que, en su capítulo sobre sustancias psicoactivas, todavía prohíbe el uso recreativo del cannabis.

La sentencia fue histórica porque implicaba un cambio radical de visión con respecto a las políticas prohibicionistas. Pero la fecha no se cumplió, por lo que la Corte estableció una segunda prórroga que vencía el 30 de abril del 2020 y que, debido a la pandemia, se pospuso de nuevo al 30 de abril de 2021.

Con miras a cumplir los plazos, el pasado 20 de noviembre el Senado aprobó la nueva ley sobre cannabis, que cambió la Ley General de Salud y el Código Penal, y la envió para su debate a la Cámara de Diputados. Casi cuatro meses después, el 10 de marzo, este órgano la aprobó en el pleno, pero con múltiples modificaciones, por lo que tuvo que devolverla a un Senado que enfrentó la disyuntiva de pasarla así para evitar que se siguiera postergando, o de volver a redactarla y pedir un nuevo plazo a la Corte.

En las últimas semanas, quedó clara la inconformidad de los senadores porque los diputados le habían "corregido" una ley tan trascendental.

Cambios

Una de las enmiendas centrales que sufrió el proyecto fue la eliminación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, que iba a ser el nuevo órgano encargado de diseñar políticas públicas, supervisar las asociaciones de consumidores de marihuana y otorgar las licencias para su producción industrial y venta.

La Cámara de Diputados estableció que esa función le correspondería a la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), lo que fue rechazado por los usuarios que advirtieron que nuevamente se les pretende tratar como enfermos sin respetar sus derechos humanos.

¿Después de la marihuana sigue la amapola? El debate por el futuro de la legalización de las drogas en México

Otro de los aspectos más polémicos fue el aumento de penas que contradicen el espíritu de la sentencia de la Corte que convoca a respetar los derechos de las y los usuarios. Los diputados incrementaron de tres a cuatro años de prisión y de 80 a 100 días de multa las sanciones a quienes posean cannabis psicoactivo sin la autorización correspondiente, a pesar de que, por la cantidad encontrada, no pueda considerarse que está destinada a comercializarla o a suministrarla, así sea gratuitamente.

Además, eliminaron la prohibición de consumir marihuana en lugares públicos, escuelas, restaurantes y oficinas gubernamentales, y se limitaron a imponer multas. También se borró la prohibición de fumar cannabis frente a otras personas sin su consentimiento y se facilitó el otorgamiento de licencias a empresas, en detrimento a campesinos y comunidades.

En términos generales, el dictamen establece que en México se producirán cannabis y sus derivados con fines de autoconsumo (ya sea a través del autocultivo en casas particulares o en asociaciones); de comercialización y venta, y de producción con fines de investigación e industriales. También otorga permisos de cultivo personal y de creación de asociaciones cannábicas con tope de posesión de plantas.

La nueva norma cambia por completo el enfoque de las políticas de drogas que predominó durante un siglo. Pero, al mismo tiempo, las postergaciones de su aprobación demuestran la complejidad de terminar con los prejuicios impuestos por el prohibicionismo y de establecer las pautas de un nuevo mercado legal que, se prevé, será multimillonario.

Cecilia González