Los manifestantes que se congregaron en la Plaza de Bolívar de Bogotá derribaron este miércoles las vallas del Congreso de Colombia, en medio de las tensiones por el octavo día de protestas contra el Gobierno de Iván Duque, que ya contabiliza más de una veintena de muertos por la represión policial.
Ante el derribo de las vallas, los efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) arremetieron contra la multitud, lanzando gases lacrimógenos. En los videos de redes sociales se escuchan algunas detonaciones y se observan las columnas de humo en el lugar.
En medio de las tensiones, la alcaldesa de la capital colombiana, Claudia López, calificó la acción de los manifestantes y la intervención del Esmad –organismo severamente cuestionado por sus excesos y violaciones a los derechos humanos– como un "círculo vicioso", al tiempo que instó a los congresistas a "dialogar con los jóvenes" para poner el "fin de la confrontación".
Entretanto, el legislador Carlos Ardila –del mismo partido de la alcaldesa– informó que había sido evacuado el Salón Elíptico del Congreso porque "algunos manifestantes estaban intentando ingresar". Ante esa supuesta amenaza, la asamblea legislativa fue suspendida momentáneamente.
Sin embargo, los jóvenes que se encontraban protestando en contra de las políticas del Gobierno colombiano, y que han protagonizado una semana de manifestaciones de calle para visibilizar su descontento, nunca entraron al Congreso.
De hecho, la sesión legislativa se retomó porque la acción del Esmad logró dispersar a los manifestantes.
En el inicio de la séptima jornada de manifestaciones contra el Gobierno, que coincidió con un paro nacional en toda Colombia, el presidente Iván Duque insistió en criminalizar las protestas y asegurar que la "mafia del narcotráfico" estaba detrás del "vandalismo extremo y el terrorismo urbano". Por ese motivo, anunció una "recompensa" de 10 millones de pesos (unos 2.609 dólares) para quien colabore con la identificación de los "dinamizadores de la violencia".
"La amenaza vandálica que enfrentamos consiste en una organización criminal que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales para desestabilizar a la sociedad, generar terror en la ciudadanía y distraer las acciones de la fuerza pública", señaló Duque en un video difundido por las redes sociales.
Hasta el momento, la represión a las manifestaciones ha dejado 24 muertos, más de 800 heridos y 89 personas desaparecidas, según reveló la Defensoría del Pueblo.
A pesar de que el mandatario colombiano decidió retirar la propuesta de reforma tributaria que alentó las protestas, el descontento en la calle continúa y la represión también. La población ha hecho un llamado al Gobierno para que detenga la brutalidad policial y exigen ahora el retiro de un proyecto de reforma de salud, un mejor manejo de la pandemia de coronavirus y una renta básica acorde a la canasta de alimentos.
En el ámbito internacional, las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Amnistía Internacional, entre otros organismos, condenaron este martes el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía para controlar las protestas.
También se han pronunciado referentes de la política, los derechos humanos y la cultura en contra del accionar represivo del Gobierno de Duque.
Carlos Andrés Satizábal Jiménez, activista y productor audiovisual, opina que la crisis que vive el país vienen del 2019, solo que las protestas fueron impedidas y postergadas por la pandemia. Señaló, además, que las autoridades están provocando la violencia para poder justificar sus acciones.