Desde el pasado 28 de abril, miles de colombianos están en la calle en protesta contra el gobierno de Iván Duque. Las manifestaciones, que comenzaron contra una reforma tributaria —que ya fue retirada—, han derivado en otras peticiones, ante la precaria situación social de millones de ciudadanos en el país suramericano y la dura represión policial y militar.
La situación, que ha dejado 24 muertos, según la Fiscalía colombiana, y 34, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, ha causado conmoción internacional.
EE.UU., uno de los países que suele pronunciarse rápidamente ante diversos hechos ocurridos fuera de su frontera, apenas el pasado martes 4 de mayo fue que emitió una postura con respecto a Colombia.
La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Jalina Porter, fue la encargada de hacer ese primer pronunciamiento de la administración de Joe Biden. En una conferencia de prensa, antes de que comenzaran las preguntas de los periodistas, la funcionaria dijo que EE.UU. estaba "profundamente entristecido por la pérdida de vidas durante las protestas en toda Colombia" y que enviaba "sus condolencias a los familiares y amigos de todas las víctimas".
Aunque reconoció que "los ciudadanos de los países democráticos tienen el derecho incuestionable de protestar pacíficamente", posteriormente se unió al discurso ofrecido por el Gobierno colombiano durante estos días, en el que hace énfasis en el "vandalismo" dentro de las manifestaciones.
Al respecto, Porter dijo: "La violencia y el vandalismo es un abuso de ese derecho [a la protesta]".
La funcionaria también instó a las fuerzas públicas colombianas, que han sido señaladas de violentar los derechos humanos en las manifestaciones, a "la máxima moderación" para evitar "más pérdidas de vidas".
Por último, Porter le dio un espaldarazo al Gobierno de Duque al prometer que EE.UU. apoyará a la administración colombiana "para abordar la situación actual a través del diálogo político".
Congresistas se pronuncian
Entretanto, se oyen diversas voces en el Congreso. El congresista republicano por el estado de Florida Mario Díaz-Balart manifestó su preocupación "por la violencia que está ocurriendo en Colombia, incluyendo la trágica pérdida de vidas".
No obstante, en su declaración recurrió a la versión del Gobierno colombiano, que apunta a la presunta participación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en las protestas "para sembrar el caos, la división y la violencia".
Asimismo, pese a las denuncias contras las fuerzas policiales, reconoció a Duque por "sus esfuerzos para preservar el estado de derecho en Colombia".
Por su parte, el congresista demócrata por Massachusetts Jim McGovern dijo, a través de Twitter, que estaba "profundamente preocupado por la brutal respuesta de la Policía Nacional de Colombia (PNC) a las protestas pacíficas".
Indicó que se trata de "un patrón perturbador" de "uso excesivo de la fuerza, asesinatos y violaciones de derechos humanos contra manifestantes", que ya ocurrió en noviembre de 2019 y septiembre de 2020.
McGovern defendió que "la protesta pacífica y la libertad de expresión deben respetarse en todas partes" y llamó a poner "fuertes condiciones" a la ayuda que EE.UU. le da a la Policía colombiana.
"No hay ayuda estadounidense a las unidades antidisturbios colombianas del Esmad que cometan graves violaciones de derechos humanos", enfatizó.
También se pronunció Gregory Meeks, quien preside la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, quien dijo estar "particularmente alarmado por los acontecimientos en Cali" y pidió al presidente Duque "disminuir la violencia".
"Es imperativo que la Ley Leahy de EE.UU. se aplique plenamente", mencionó, al referirse a una normativa que prohíbe a su país apoyar a fuerzas de seguridad que participen "en graves violaciones de los derechos humanos".
También hubo un pronunciamiento de la senadora demócrata del Senado del estado de Florida Annette Taddeo, quien es colombo-estadounidense.
"Las autoridades de cualquier país tienen la responsabilidad de defender los derechos humanos y pido al presidente Duque que comunique claramente que el uso excesivo de la fuerza es imperdonable", dijo.
Informó, además, que se comunicó personalmente con la administración de Biden, para "llamar la atención sobre esta crisis humanitaria".
El día en que se pronunció Porter, después de la amplia reacción internacional de condena a la represión policial contra el Gobierno colombiano, el presidente Duque anunció su disposición de abrir un "espacio para escuchar a la ciudadanía", aunque insistió en acusar a los manifestantes de apelar al "vandalismo, al terrorismo y a la violencia irracional para arrebatar la tranquilidad".
Pedido frente a la Casa Blanca
Mientras, algunas personas se congregaron frente a la Casa Blanca para manifestar su indignación por lo que ocurre en Colombia y hacer algunas peticiones al Gobierno estadounidense.
"Hoy se están presentando asesinatos por parte de agentes del Estado, desapariciones, violaciones a mujeres y violaciones sistemáticas de derechos humanos", leyó uno de los asistentes.
Ante ello, pidieron que se retire el apoyo económico que EE.UU. le brinda a Colombia para librar la batalla contra la drogas. Señalan que ese dinero "no está siendo utilizado pata tal fin", sino para "masacrar" al pueblo en las calles.
El año pasado, el Congreso estadounidense aprobó más de 450 millones de dólares de asistencia para Colombia en 2021. Durante la discusión del proyecto, varios congresistas propusieron que un porcentaje de esa ayuda fuese condicionada a la certificación estadounidense en dos áreas: la defensa de derechos humanos y la lucha contra las drogas.